28 de mayo – Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer

28 de mayo – Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer

 Los avances de Argentina en la legislación sobre aborto legal: un ejemplo que debe seguir la región
En el marco del Día de Acción por la Salud de la Mujer, Amnistía Internacional resalta la situación de disparidad e injusticia que viven las latinoamericanas quienes, según el país o la ciudad en la que hayan nacido, tienen más o menos derechos en materia de salud sexual y reproductiva.

Este panorama es aún más alarmante pues nuestra región es la única en la que los partos en niñas aumentan debido, principalmente, a elevados índices de violencia sexual y falta de acceso a servicios de salud.
Avances en la región
Argentina ha sido el último país de Latinoamérica en aprobar el aborto legal. Así, se sumó a la lista de quienes previamente lo habían legalizado: Uruguay, Cuba Guyana, Guyana Francesa y Puerto Rico.

“La conquista de derechos en Argentina es eco de las luchas que ha dado el movimiento de mujeres en Uruguay, en Ciudad de México y en Oaxaca. La consagración del derecho al aborto en nuestro país ya muestra su fuerza expansiva en la región”, destacó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Hace poco en México el debate avanzó en los parlamentos de Puebla y Quintana Roo. Con el proceso de reforma constitucional en curso en Chile se abre una nueva oportunidad de despenalizar y legalizar el aborto. Recientemente, Ecuador dio un paso histórico y lo despenalizó en casos de violación. Así, dejó sin efecto una norma que era contraria a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos.

Algunos retrocesos
Sin embargo, la región presenta una serie de retrocesos que impactan directamente en los cuerpos y en los proyectos de vida de las mujeres y personas gestantes. En El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití el aborto está prohibido sin excepciones.

Recientemente, la Cámara de Diputados de la República Dominicana rechazó la despenalización del aborto por tres causales: cuando el embarazo represente un riesgo de vida para la madre, como consecuencia de violación o incesto, o cuando exista malformación del feto incompatible con la vida. Amnistía Internacional insiste en que el Senado no debe avalar esta posición pues la prohibición total provoca muertes evitables de mujeres y niñas.

Otro de los pocos países del mundo que prohíbe totalmente el aborto es El Salvador. En el marco del caso de Manuela, quien había sido condenada a 30 años de cárcel tras perder involuntariamente su embarazo y murió privada de la libertad, Amnistía Internacional se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) junto al ex Relator contra la Tortura Juan Méndez. La Corte IDH tiene por primera vez la oportunidad de reconocer que la negación y penalización absoluta de servicios de salud reproductiva deriva en discriminación y violencia contra las mujeres que puede ser caracterizada como tortura.

En Honduras, se impuso mayorías agravadas para poder modificar la prohibición del aborto en cualquier circunstancia.

“La salud sexual y reproductiva es un derecho clave en el desarrollo de toda niña y mujer. Está demostrado que penalizar y restringir el aborto no lo impide, solo lo hace menos seguro y genera riesgos y consecuencias fatales. En todo el mundo, se estima que cinco millones de mujeres son hospitalizadas cada año para el tratamiento de complicaciones relacionadas con el aborto y unas 47.000 mueren. Por todo esto, no descansaremos hasta que todas las personas en nuestra región puedan tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuerpos”, indicó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

En el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, Amnistía Internacional destaca la lucha de las mujeres y de personas con otras identidades de género por la autonomía sobre sus cuerpos. Finalmente, y en contexto de restricciones debido al COVID19, recuerda que el acceso a la salud sexual y reproductiva constituye un servicio esencial que debe sostener su disponibilidad y funcionamiento en el marco de las medidas de excepción tomadas durante la pandemia.

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