Trabajadores de Parques Nacionales dicen que sin educación ambiental el uso público se transforma en “turismo destructivo”

 La gestión actual de la Administración de Parques Nacionales (APN) fue centro de un fuerte cuestionamiento por parte de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

En el gremio hablaron de una “política de desguace” y “entrega de patrimonio”.

“Las autoridades han sido claras en sus declaraciones, buscan imponer por sobre la conservación y el disfrute sostenible el criterio de ‘autosostenibilidad financiera’. El mismo se basa en igualar o superar los gastos que tiene APN en su operatividad, con los ingresos por recaudación, concesiones, permisos (permisionarios, prestadores de servicios turísticos) de pesca, caza y otras fuentes de recaudación”, expusieron, para luego considerar ese “es un criterio tan reduccionista como falaz”, ya que, según manifestaron, “esconde en una cuenta infantil las fuentes de trabajo creadas y la enorme cantidad de ingresos que APN genera de manera directa e indirecta en cada provincia en la que está presente y en cada localidad cercana a las áreas protegidas”.

“A esos beneficios puntuales se le suma el ingreso de divisas por la visita al país de turistas extranjeros, los ahorros que generan los servicios ecosistémicos productos del cuidado de nuestro ambiente y mucho más”, indicaron, para detallar: “Las actividades que se dan dentro y fuera de los Parques son gravadas impositivamente generando empleo y recaudación, por ejemplo, en servicios de transporte, hotelería, gastronomía, servicios al visitante, productos regionales, etcétera. Lo cual en muchos casos no existiría si no hubiera Parques Nacionales. El cuidado de las altas cuencas, por citar un ejemplo, permite el abastecimiento de agua potable con bajo gasto en inversión de infraestructura de potabilización en muchas regiones del país, o la generación de hidroelectricidad para todo el territorio nacional y la posibilidad de miles de hectáreas de riego para agricultura”.

De tal forma, desde el gremio apreciaron: “En el gobierno de Milei no hay lugar para análisis pormenorizados, lo que vende es el impacto en redes sociales, la acusación de casta a todo lo que se le contraponga y el falso relato de un Estado que teóricamente restringe la libertad y el bienestar económico de quienes ‘de forma benefactora’ quieren invertir en el país. En APN esta línea nacional se profundiza con discursos discriminatorios y publicaciones de sus autoridades con acusaciones infundadas y tendenciosas estigmatizando a los pueblos originarios, algo muy conveniente para sectores poderosos que buscan negocios dentro del organismo e inmediaciones y que las autoridades pretenden contentar con los cambios de reglamentos y estructuras. Expresiones xenófobas, fascistas y de odio, y la ocupación de cargos por parte de personas con dichos discursos no pueden tener lugar en Parques Nacionales”.

Al panorama descripto, al ser consultado, el delegado de ATE en la Dirección Regional Patagonia Norte de Parques Nacionales, Marcelo Rojas, sumó la “incertidumbre” que viven quienes se desempeñan en los diversos sectores del organismo acerca de su futuro laboral: “El 31 de marzo tenemos una nueva finalización de contratos precarios. Eso implica a la mitad del personal, es decir, mil trabajadores, de los cuales alrededor de seiscientos son profesionales, técnicos y administrativos, y casi cuatrocientos, brigadistas de incendios forestales”, remarcó.

En tal sentido, recordó que antes la precarización implicaba “contratos que eran anuales”, y manifestó que la situación empeoró con el gobierno actual, ya que “pasaron a ser trimestrales”.

“Más allá de que, en reuniones con el sindicato o bien en expresiones públicas, las autoridades sostienen que no tienen pensado realizar más achiques, la realidad marca que cada tres meses hay una lista con despidos repartidos en distintas partes del país, lo que ha afectado también a las diversas áreas que hay en Bariloche”, sostuvo Rojas, que, además del papel regional en el sindicato, es parte de la Coordinación Nacional de ATE Parques.

“Sentimos que tenemos una espada de Damocles encima”, recalcó el delegado gremial, quien también resaltó que “desde el cambio de gestión, en todo el país, hubo más de ciento treinta despidos”.

“Si a eso se le suman las renuncias, las jubilaciones y demás, estamos frente a un organismo que se va quedando más diezmado de lo que ya se encontraba antes de que asumieran las autoridades actuales”, apuntó, recordando que el reclamo, en realidad, siempre estuvo dirigido a “la necesidad de más personal en los distintos sectores”.

“Lamentablemente, vamos a contramano, y las tareas se resienten, lo que queda demostrado con las búsquedas internas de personal, dentro del propio organismo, para que gente se postule a algunos cargos o bien realizar ciertas funciones que cumplía personal que fue despedido”, señaló, para luego agregar que “esas búsquedas internas, en muchos casos, quedan desiertas, porque no hay personas de sobra en ningún lado”.

“Entonces, se termina por adjudicar tareas a un trabajador más allá de las que ya tiene. O bien se desarman equipos de trabajo para fortalecer otros, en líneas que la gestión estima prioritarias pero que no se condicen con una planificación multianual, sino con una situación del momento, rompiendo labores históricas”, subrayó, y detalló: “Eso lo vemos sobre todo en los sectores relacionados con educación ambiental, que no están siendo prioridad, mientras nosotros creemos que son fundamentales para poder garantizar no sólo la preservación, sino también la conciencia por parte de la población con respecto a la protección y el cuidado de las áreas protegidas, y, por otra parte, para garantizar la sostenibilidad de las actividades”.

“El uso público, si no tiene educación ambiental y no se basa en los criterios de conservación, pasa a ser turismo destructivo, y que eso ocurra dentro de un área protegida es una contradicción”, concluyó.