El Gobierno reclama ante la justicia por el derecho al transporte gratuito para personas con discapacidad

 La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) presentó hoy ante la justicia una medida cautelar para que las empresas de transporte de media y larga distancia respeten el derecho de las personas con discapacidad a viajar sin costo. La acción fue impulsada bajo la instrucción de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, en el marco de un plan más amplio que ya incluyó sanciones e intimaciones a las empresas que incumplen esta normativa.

La presentación judicial busca que la Cámara Empresaria de Transporte Interurbano en Jurisdicción Nacional de Pasajeros (CELADI) acate la normativa vigente y revierta los incumplimientos detectados. Este recurso judicial responde a una serie de denuncias por parte de usuarios con discapacidad, quienes aseguraron que se les negó el acceso a pasajes gratuitos.

Desde el Gobierno Nacional enfatizaron que, pese a los cambios introducidos por la desregulación del transporte automotor, el derecho de las personas con discapacidad a viajar sin costo "se mantiene intacto y debe ser garantizado sin excepciones." En ese sentido, la CNRT ya aplicó más de 350 sanciones a empresas del sector y emitió 1.000 intimaciones, exigiendo la regularización inmediata de sus políticas de accesibilidad.

La medida cautelar presentada este viernes solicita al Poder Judicial que ordene a CELADI y a las empresas asociadas el cumplimiento efectivo de la Ley de Protección Integral de las Personas con Discapacidad. La normativa establece que las empresas de transporte deben ofrecer un número determinado de pasajes gratuitos para personas con discapacidad en cada viaje, tanto en media como en larga distancia.

"Queremos garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la movilidad, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad", afirmaron desde la CNRT. Asimismo, se advirtió que el Gobierno continuará con controles estrictos y que no se tolerarán nuevos incumplimientos.

Desde la Secretaría de Transporte remarcaron que estas acciones judiciales y administrativas son parte de una política de Estado orientada a "proteger los derechos adquiridos" y asegurar que las empresas cumplan con su responsabilidad social. Las autoridades señalaron que cualquier intento de eludir estas obligaciones representa una violación clara de las normativas vigentes.