“Cesar la contaminación es en lo último que se piensa”

 Gerardo Minnaard es uno de los impulsores de un amparo ambiental colectivo en Villa La Angostura, medida que responde a diversas acciones contaminantes que se han producido en aquella localidad.

Más allá de alguna repercusión esporádica en las autoridades, el tema continúa causando preocupación en los vecinos de esa ciudad.

Así, Minnaard citó la Ley General del Ambiente y señaló que “dentro de sus objetivos tiene el fin de asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas”.

“Sus disposiciones son de orden público, operativas y se utilizan para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia ambiental. Todo en función del artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece como derecho humano un ambiente sano”, continuó, para luego cuestionar que la norma "se aplica al daño ambiental que haga un particular o una empresa, pero cuando es el Estado el que contamina, por medio de sus funcionarios electos o no, ¿qué sucede?”.

“Con el dinero de los contribuyentes, del que sólo tienen el poder de administrar, los funcionarios gastan fortunas del erario público para su defensa y para ocultar también el desastre ambiental que han ocasionado”, opinó Minnaard.

De esa manera, remitió a problemáticas que se han observado en el último tiempo en Villa La Angostura: “Solo un imbécil pone una celda de basura sobre un arroyo que desemboca a unos metros en un lago del cual toman agua, mediante bombas, los vecinos de esos barrios. Solo un imbécil permite que se arrojen líquidos crudos provenientes de cámaras sépticas de la misma localidad en cavas sin ninguna protección. Sin hablar de la corrupción en la obra pública que permite que cañerías impulsoras –por su mala calidad– exploten asiduamente, derramando líquidos crudos sin tratar en las puertas de los vecinos del lugar”.

“Y cuando algún ciudadano realiza la denuncia, comienza para sí un derrotero inexplicable que a veces se pretende culminar con una mediación penal, cuando por la naturaleza del delito cometido tal situación no es disponible para las partes. Se trata de un grave daño ambiental, no de un hurto simple”, apreció.

“Está muy claro que lo que nos dice la ley ambiental es que toda persona tiene derecho a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular, y de alcance general. Y la democracia participativa impone el criterio de reunión asamblearia para resolver las cuestiones ambientales”, sostuvo Minnaard.

“Vemos claramente que las leyes no están apuntando a los responsables directos cuando están en un cargo, porque además creen que por terminar su mandato se termina su problema penal o civil”, consideró.

Minnaard recalcó la importancia del tema, ya que “lo que se investiga es el envenenamiento del suelo y del agua”.