Avanza la privatización de represas en Río Negro y Neuquén

 El gobierno argentino avanza en la privatización de cuatro represas clave en las provincias de Neuquén y Río Negro: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, que juntas suman una capacidad instalada de generación eléctrica superior a los 4.000 MW.

Este proceso, promovido mediante el decreto 895/2024 en el marco de la reducción del Estado, involucra la venta de los paquetes accionarios mayoritarios de estas plantas, que actualmente operan bajo concesiones vencidas.

Durante el período de transición, los concesionarios actuales continuarán operando las plantas. La oferta del paquete accionario mayoritario debe incluir diversos anexos como contratos, inventarios, normas de manejo de aguas y protección ambiental. La secretaría de Energía gestionará las transferencias necesarias de bienes, personal y contratos para asegurar la continuidad del funcionamiento de las plantas.

Actualmente, el 98% de las acciones están en manos de Enarsa y el 2% en NASA, de forma transitoria, hasta completar la privatización.

La secretaría de Energía, junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, establecerá las pautas del Concurso Público Nacional e Internacional, según el Decreto 895/2024 y la Ley Bases (Decreto 695/2024). Las empresas o sociedades a privatizar deben presentar un informe detallado al Poder Ejecutivo, especificando el tipo de privatización, procedimientos, modalidades y plazos, que también será revisado por la Comisión Bicameral del Congreso.

Uno de los puntos más cuestionados en este proceso es la falta de participación de las provincias de Neuquén y Río Negro, las cuales son dueñas de los recursos hídricos que alimentan estas represas.

La Constitución Nacional establece que las provincias son las titulares de los recursos naturales, lo que debería haber implicado su involucramiento directo en las negociaciones. La omisión de los gobiernos provinciales en un proceso de esta magnitud no solo erosiona la autonomía local, sino que también plantea interrogantes sobre el reparto justo de los beneficios generados por estos activos estratégicos.

Otro aspecto crucial es el manejo del recurso hídrico y los riesgos ambientales. Las represas, al controlar el caudal de los ríos Limay y Neuquén, tienen un rol clave en la prevención de inundaciones y la provisión de agua para el consumo humano y el riego agrícola. La privatización podría derivar en un uso intensivo de los recursos en favor de la rentabilidad de las empresas, sin considerar adecuadamente los impactos ambientales y sociales.

En la actualidad, los caudales de los ríos son vitales para tierras agrícolas irrigadas, además de ser una fuente esencial para el abastecimiento de agua potable de varias localidades cercanas.

El manejo de los sedimentos y la calidad del agua son otros puntos críticos, especialmente en el contexto del cambio climático y las fluctuaciones en los niveles de los embalses. Un manejo deficiente por parte de las empresas concesionarias podría causar deterioro en la calidad del agua, afectando tanto a los ecosistemas acuáticos como a las comunidades locales que dependen de estos recursos.

La venta de estas represas a empresas privadas, muchas de ellas extranjeras, implica una pérdida de control sobre una parte importante de la infraestructura energética del país. En el pasado, las concesiones privadas no siempre han priorizado las necesidades del desarrollo local o regional.

La privatización podría limitar las capacidades de las provincias de beneficiarse económicamente del recurso, afectando sus ingresos y, en última instancia, el desarrollo económico de la región.