Gacetilla de prensa

Más problemas con antenas en Bariloche

Durante los últimos días se pudo observar actividad en la torre ubicada en la calle Antunez. Varios operarios de la empresa Claro estaban agregando equipos en las alturas. Ante la consulta de los vecinos en la Oficina de Antenas del Municipio, su responsable, la señora Silvia Perea, respondió que la empresa sería infraccionada porque que no había informado ninguna tarea. Al día siguiente Perea comunicó a los vecinos que dichas tareas no necesitaban
autorización previa del municipio.

Luego de algún entredicho con vecinos la empresa siguió trabajando con custodia. Dos policías estuvieron en la entrada del predio durante los días que se realizaron los trabajos a bordo de un auto particular con vidrios polarizados y se limitaron a decir que ellos sólo estaban ahí para velar por “integridad física” de los operarios. Curiosa respuesta de quienes suponemos velan
por la seguridad de todos los ciudadanos.

El Intendente Ing. Gennuso se comprometió en el mes de mayo a no autorizar nuevas instalaciones hasta tanto el Concejo Municipal aprobara el Proyecto de Ordenanza que el mismo ejecutivo envió para su análisis, debate y aprobación. De hecho, fue el mismo Intendente quien, ante un requerimiento de los vecinos, respondió con una nota con fecha 10 de mayo, que dice textualmente: “…la colocación de antenas de telefonía celular no será autorizada hasta que se apruebe el plan director de antenas que será enviado al concejo deliberante en breve”

El Secretario de Desarrollo Urbano Municipal Ing. Marcelo Ruival, superior de la señora Perea, atendió el día jueves 7 de julio a un grupo de vecinos. En dicha reunón manifestó que es el Concejo Deliberante quien debe resolver y debatir la nueva ordenanza y que mientras tanto hay que regirse con la existente.

A los vecinos les llama la atención que tanto Ruival como Perea usen este argumento ya que en dicha ordenanza se establece que cada modificación o instalación de nuevos elementos debe ser informada por escrito para obtener el permiso correspondiente (Ord. 1995/09 artículo 5, inciso d). También establece la posibilidad de que el municipio solicite los estudios de radiaciones que considere oportunos que deberán estar costeados por la empresa de telefonía (Ord. 1995/09 artículo 4). Los vecinos han pedido en varias oportunidades este estudio para saber con exactitud el nivel de emisión, radiación y contaminación al que están sometidos las 24 horas del día. Nunca lograron una respuesta.

Según secientes estudios científicos se comprobó que existen riesgos a la salud producidos por las radiaciones no ionizantes. Esto ha promovido que en diferentes países se reglamente con mayor rigor la instalación de las antenas de comunicación y a mayor distancia de las zonas residenciales, con sistemas de mediciones y contralor, sin perjuicio del servicio que las empresas deberían garantizar.

La ordenanza municipal 1995/09 vigente establece en sus fundamentos el principio precautorio que expresa:
“Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente...”

Utilizando el mismo principio, la vecina localidad de Villa La Angostura elabora una ordenanza que suspende el funcionamiento de la antenas 4G, hasta tanto se realicen los estudios que garanticen que son seguras para la salud de la personas.

El mundo vertiginoso de novedades tecnológicas seguramente podrá imaginar una solución a la dicotomía Conectividad vs. Salud. Posiblemente sea con inversión, investigación y creratividad. Mientras tanto los vecinos ven como los operarios siguen encaramados a la antena agregando equipos y esperan que la aventura de vivir la era tecnológica no sea a costa de poner en riesgo sus vidas.

Por suerte los argentinos contamos con el artículo 41 de la Constitución Nacional: "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano”, derecho que debe ser garantizado por el Estado.

Junta Vecinal Carihue