COMUNICADO DE LA APDH SOBRE EL INFORME DE LA MULTISECTORIAL

COMUNICADO DE LA APDH SOBRE EL INFORME DE LA MULTISECTORIAL

 La APDH Bariloche adhiere al informe de la Multisectorial Contra la Represiòn y la Impunidad de esta Ciudad del 19 de diciembre del corriente año que ratifica la denuncia de nuestra Institución en relación a la vigencia en la provincia de Río Negro de la Violencia Institucional avalada por el Poder en sus estamentos publicos y privados.
Nos preocupa de sobremanera la poca difusiòn que se le ha dado a este excelente informe que alerta sobre los riesgos que tan arraigada impunidad tiene y tendrà en la sociedad rionegrina. Pocos han sido los medios locales que han cumplido con el Derecho Constitucional de los Ciudadanos a informarse, medios que al ocultar esta informaciòn se convierten en Còmplices de la denunciada Impunidad.
Queremos reiterar que la Informaciòn es un DERECHO y no es una mercancìa, , y en consecuencia al conculcar este derecho estos medios y multimedios facilitan con un claro objetivo polìtico que no pueda ejercerse el control ciudadano de la Gestiòn Publica.

 

El Informe de la Multisectorial:

MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA.-
A 6 años y medio de los asesinatos del Alto, resulta indispensable ordenar la información y hacer memoria. En este ejercicio de reconstruir la historia, debemos decir que esta policía que hoy es denunciada e investigada por la desaparición y muerte del joven oficial Lucas Muñoz es la misma que asesinó a tres jóvenes y reprimió durante 48 horas a lxs vecinxs de nuestra ciudad aquel 17 de junio de 2010.
El caso Muñoz fue la gota que rebalsó “el vaso” de una turbia red de complicidades que involucran a los diferentes sectores del poder de nuestra provincia. Hablamos de un poder político, judicial y económico que avala, sostiene y a la vez se subordina a una policía mafiosa.
Los aberrantes hechos del 17, determinaron la conformación de la Multisectorial contra la Represión policial y la Impunidad con el objetivo de acompañar a las familias en la búsqueda de justicia y denunciar el accionar de esta policía, no sólo por la utilización sistemática de brutales métodos represivos sino por su funcionamiento corporativo, lo que garantizó la impunidad por la cual aún hoy, a 6 años y 6 meses, no están condenados ninguno de los responsables intelectuales de los asesinatos y solo uno de los responsables materiales, el cabo Sergio Colombil fue juzgado y condenado.
Seguimos uniendo los hilos de esta red de impunidad: Víctor Angel Cufré, mientras ocupaba el cargo de comisario en Viedma, era investigado por gravísimas denuncias con respecto a la trata de personas y prostitución en Río Negro. A partir del 2010, el entonces gobernador Miguel Saiz, desconociendo estas denuncias, “lo premió” nombrándolo como responsable de la Secretaría de Seguridad y Justicia de la provincia. Victor Cufré, está hoy procesado como uno de los principales responsables en los hechos de junio.
La otra cara de esta red de impunidad se manifiesta cuando a dos días de las muertes, bajo la consigna de mayor seguridad, fueron convocadas por el poder político y económico más de 2500 personas que influenciadas por la prensa local vivaron a esta policía asesina y condenaron a las víctimas participando de una marcha que ha sido una mancha en la historia de Bariloche, convirtiéndose ésta, en una vergonzosa bisagra que desnudó y profundizó la división en nuestra sociedad.
Sin embargo, esto no silenció las voces de las madres y padres del Alto quienes a fines del año 2011, en una Carta Abierta a la sociedad barilochense denunciaron que el tráfico, distribución y venta de drogas junto al alcoholismo son el motivo casi excluyente de la violencia en nuestros barrios, advirtiendo : “No se metan más con nuestros hijos”. “La policía sospechosamente descontrolada por la justicia rionegrina, se muestra cada vez más impunemente como organizadora de este negocio de la muerte”.
Continuaron diciendo : “Sabemos que hay policías y jueces honestos, pero vemos dolorosamente que por temor no denuncian a sus pares corrompidos a los que pueden ver en la puerta de “los transas” del barrio o “levantar” en camionetas importadas a nuestros jóvenes de madrugada para llevarlos a robar a zonas liberadas del centro de Bariloche para que puedan así pagar las deudas de drogas que ellos mismos les proveen, este silencio de los honestos los transforma indefectiblemente en cómplices y deja a toda la institución bajo un manto de sospecha.”
Ésta y muchas otras denuncias quedaron sin respuesta de parte del poder político mientras el negocio organizado del robo, trata, drogas y armas crece en nuestra provincia de la mano de la policía, políticos, jueces, transas, empresarios. Cada uno sacando su tajada. El costo, siempre lo pagan lxs mismxs : jóvenes y vecinxs de nuestros barrios.
-A fines del 2013, ante la gravísima situación social en nuestra ciudad, la respuesta del gobernador Weretilneck fue la estigmatización de familias enteras de los barrios del Alto de Bariloche a través de la presentación pública de un difamante y bochornoso mapa del delito en el que “olvidó” mencionar a las mafias organizadas por los sectores de poder, los verdaderos responsables de la inseguridad.
Lamentablemente la llegada a la democracia no modificó las prácticas represivas en las fuerzas de seguridad. Desde el 83 a la fecha existe un discurso oficial de los diferentes gobiernos provinciales y nacionales donde se intenta convencer a la población que se está trabajando en una institución policial “más humana”, intervenida por civiles al servicio de la comunidad. En todos estos años, se cuentan por miles las personas, en su mayoría jóvenes y de sectores populares, que sufren a diario hostigamiento, detenciones arbitrarias, apremios ilegales, torturas y vejaciones en comisarías, en cárceles y en dispositivos estatales de contención. En nuestra provincia, desde 1983 hay un larguísimo recorrido de intervenciones en hechos violentos de la policía de Río Negro sellados por la impunidad de la que gozan. Todxs sabemos que hay demasiados casos de abusos policiales cotidianos en los que no se llega a la denuncia formal por temor a la represalia porque en el 95% de las veces, según los dichos del actual jefe de policía Mario Altuna, se logra la absolución de los policías involucrados Esto el poder también lo sabe. Lo avala. Lo permite.

Nombramos aquí, algunos de los tantísimos casos del modus operandi de esta nefasta policía:
Jóvenes baleados por la policía de Valcheta, uno de ellos queda lisiado por tiro en la espalda.
Joven, vecina del Alto de Bariloche, pierde un ojo por una bala policial.
Jóvenes integrantes de una murga de Bariloche golpeados ferozmente por una patota policial.
Jóvenes en el km 1 de Bariloche detenidos arbitrariamente y brutalmente golpeados por la policía.
Joven de las Grutas golpeado y detenido por la policía.
Persecuciones a lxs jóvenes en sus barrios, en los colectivos, hostigados al intentar acceder al centro de sus ciudades. Obligados a no circular fuera de ciertos “límites geográficos“ arbitrariamente impuestos de acuerdo a su condición social, expuestos a ser sospechados por su ropa o “portación de rostro”. La estigmatización como norma establecida y aceptada.
A este informe debemos agregar una triste y emblemática lista de jóvenes que han sido asesinadxs. En todos los casos aquí citados la institución policial es responsable directa, es cómplice o es la encargada de entorpecer las investigaciones. El resultado es que en la gran mayoría de los casos, nunca se llega a la verdad. Y casi todos los policías involucrados en estas causas, están sueltos.
Según datos de la Correpi desde el año 83 al 2016 son 74 lxs muertxs a manos de la policía en la provincia de Río Negro. En su informe de casos del año 2016, señalan que: “La situación de las personas privadas de su libertad es crítica, incluyendo cárceles, comisarías, patrulleros y todo otro lugar de detención. Los índices de muerte son altísimos. Confluyen principalmente inverosímiles suicidios por ahorcamiento que encubren, en una enorme proporción, la muerte por aplicación de tormentos, e incendios que se inician como medida de protesta o pedido de ayuda y que, invariablemente, no reciben auxilio o lo reciben tardíamente….” También se registran de manera creciente fallecimientos por enfermedades que nunca causarían la muerte con una mínima atención médica. La casi totalidad de las muertes en las comisarías corresponden a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente detenidas por averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones. En esos casos, resulta aún más incomprensible el argumento de la “crisis represiva”, como dicen los partes policiales, pues son personas que en horas recuperarían la libertad”.
AÑO NOMBRE CAUSA DE MUERTE LUGAR EDAD DESCRIPCION
1992 DANIEL PALMA EJECUCION POLICIAL BARILOCHE sin datos Muerte por Policia
1992 JOSE OYARZO EJECUCION POLICIAL BARILOCHE sin datos Muerte por Policia
1992 PEDRO FIGUEROA EJECUCION POLICIAL BARILOCHE sin datos Muerte por Policia
1992 FLORENTINO JARAMILLO EJECUCION POLICIAL BARILOCHE 28 Muerte por policia
1997 MARIA EMILIA GONZALEZ DESAPARICION, ASESINATO CIPOLLETTI 24
1997 PAULA MICAELA GONZALEZ DESAPARICION, ASESINATO CIPOLLETTI 17
1997 VERONICA VILLAR DESAPARICION, ASESINATO CIPOLLETTI 22
1998 WALTER CARDENAS SUICIDIO DUDOSO BARILOCHE 21 Muerte en Comisaria N°2
2000 TITI ALMONACID EJECUCION POLICIAL BARILOCHE 28 Muerte por Policia
2004 MAURICIO CORNEJO EJECUCION POLICIAL EL BOLSON 21 Muerte por Policia
2005 JORGE PILQUIMAN DESAPARICION, ASESINATO BARILOCHE 24
2005 JUAN CARLOS VAZQUEZ SUICIDIO DUDOSO BARILOCHE 26 Muerte en Alcaldia
2006 LUIS A. VERA SUICIDIO DUDOSO BARILOCHE 40 Muerte en Alcaldia
2006 JUAN PABLO HUENTELEO EJECUCION POLICIAL VALCHETA 24 Muerte por Policia
2006 OTOÑO URIARTE SECUESTRO, ASESINATO FERNANDEZ ORO 16
2007 JAIRO BRITEZ MUERTE POR GOLPIZA POLICIAL BARILOCHE 20 Muerte por Policia
2007 SEBASTIAN PACHECO INCINERADO MAIQUE 21 Muerte en Comisaria
2007 NORBERTO LAFUENTE INCINERADO MAIQUE 21 Muerte en Comisaria
2007 RAMON SUAREZ INCINERADO CERVANTES 32 Muerte en Comisaria
2007 JOSE CID MUERTE DUDOSA VIEDMA 22 Muerte en Penal N°1
2008 ATAHUALPA MARTINEZ VINAYA ASESINATO VIEDMA 19 Muerte por la espalda
2008 MATIAS MOLINA MUERTE DUDOSA GRAL. ROCA 17 Muerte en Comisaria N°3
2008 MARCELO NUÑEZ SUICIDIO DUDOSO GRAL. ROCA 18 Muerte en Comisaria N°21
2008 PABLO TORRES MUERTE POR GOLPIZA POLICIAL GRAL. ROCA 28 Muerte en Penal N°2
2008 WALTER PERGOMET SUICIDIO DUDOSO GRAL. ROCA 51 Muerte en Penal N°2
2008 DINA DEL CARMEN MARQUEZ SUICIDIO DUDOSO GRAL. ROCA 23 Muerte en Comisaria N°2
2009 FRANCISCO MELI SUICIDIO DUDOSO LAMARQUE 26 Muerte en Comisaria
2009 ARIEL CERDA MUERTE DUDOSA GRAL. ROCA 28 Muerte en Ex Alcaldia
2010 PABLO COLIQUEO SUICIDIO DUDOSO VIEDMA 21 Muerte en Comisaria N°1
2010 DIEGO BONEFOI EJECUCION POLICIAL BARILOCHE 15 Muerte por Policia
2010 SERGIO CARDENAS EJECUCION POLICIAL BARILOCHE 29 Muerte por Policia
2010 NINO CARASCO EJECUCION POLICIAL BARILOCHE 16 Muerte por Policia
2010 GUILLERMO TRAFIÑANCO EJECUCION POLICIAL VIEDMA 16 Muerte por Policia
2010 MARIANO DUARTE SUICIDIO DUDOSO VIEDMA 22 Muerte en Comisaria
2011 GUILLERMO GARRIDO SUICIDIO DUDOSO EL BOLSON 24 Muerte en Comisaria
2011 DANIEL SOLANO DESAPARICION CHOELE CHOEL 27
2011 NICOLAS SCOROLLI EJECUCION POLICIAL CIPOLLETTI 16 Muerte por Policia
2011 JOSE PARSON SUICIDIO BARILOCHE sin datos Muerte en Alcaldia
2012 CARLOS PAINEVIL DESAPARECION ALLEN 31
2012 CARLOS BAEZ MUERTE DUDOSA BARILOCHE 23 Muerte en Alcaldia
2013 DANIEL DURAN MUERTE DUDOSA GRAL. ROCA 27 Muerte en Penal N°2
2013 LAURA DOMINGUEZ FEMICIDIO DINA HUAPI 45 Muerte por Policia
2014 PABLO VERA EJECUCION POLICIAL GRAL. ROCA 23 Muerte por Policia
2014 SEBASTIAN ALMEYRA SUICIDIO VIEDMA 18 Muerte en Comisaria Nº 1
2016 MICAELA BRAVO DESAPARICION, ASESINATO BARILOCHE 28 Muerte por Policia
2016 NATALIA BAEZ DESAPARICION, ASESINATO BARILOCHE 27
2016 RICARDO JOSE CODINA DESAPARECION, MUERTE DUDOSA VALCHETA 30
2016 LUCAS MUÑOZ DESAPARICION, ASESINATO BARILOCHE 29 Muerte por Policia
2016 SANTIAGO SAGREDO MUERTE DUDOSA CIPOLLETTI 35 Muerte en Comisaria N°2

Esta dolorosa lista no termina aquí, representa sólo una parte de la enorme cantidad de jóvenes y adolescentes muertos por la intervención policial. Este informe es el primer intento de sistematizar el registro de casos de muertes en la provincia de Río Negro. Surge como necesidad de visibilizar y desnaturalizar la represión. Cada persona en esta lista tiene una historia, tiene familia y el derecho a la verdad. Sin memoria no hay verdad y sin verdad no hay justicia. Para hacer este registro sobre los casos judicializados en la provincia nos basamos en la información de los diferentes medios de comunicación, informes de organismos de de DDHH y el relato de familiares y amigos de lxs víctimas.
Según el Informe realizado entre 1992 y 2013 por Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Protex) y la ONG Acciones Coordinadas Contra la Trata (ACCT), en Río Negro 152 personas están siendo buscadas. Los campos que se informan son: apellido y nombre, Sexo, Edad, Fecha de extravío, Circunstancias de extravío, Organismo receptor, Localidad, Provincia, Fecha de denuncia. De los 152 casos informados, 74 pertenecen a niñas, adolescentes o mujeres adultas y 78 a niños, adolescentes y varones adultos, es decir, que, a diferencia del caso de otras provincias, aquí no se registra una diferencia significativa entre ambos sexos Cuando el foco es puesto en la edad puede observarse que la mayor concentración de denuncias se encuentra en el rango etario de 14 a 16 años.
Debemos incluir también los casos de femicidios a manos de policías. Uno de los casos más resonantes en la provincia fue el de Laura Domínguez quién fue asesinada de 4 balazos por su novio, el sargento Francisco Sanchez con su arma reglamentaria. El policía tenía antecedentes de violencia dentro y fuera del ámbito laboral, señalada esta situación inclusive por sus propios compañeros.

Según la Correpi a nivel nacional, uno de cada 5 femicidios tiene como autor a integrantes de las fuerzas de seguridad.
La Calesita policial. La red mafiosa y sus relaciones.
Detallamos sólo algunos ejemplos del mecanismo de protección corporativo de la institución ante situaciones que involucran a los integrantes de la fuerza.
Un eslabón fundamental de esta cadena que legitima la impunidad lo constituyen los funcionarios, abogados y jueces que garantizan un sistema judicial cómplice. Altuna, es un claro ejemplo de ello. A pesar de haber sido cuestionado por organismos de DDHH de todo el país, Altuna es otro de los premiados por el gobernador, con el cargo de Jefe de policía. Hoy, cuestionado nuevamente por su actuación ante los gravísimos hechos por el asesinato de Lucas Muñoz.
Siete policías fueron procesados por el homicidio y desaparición forzada de Daniel Solano: Juan Barrera, Diego Cuello y Pablo Bender, Sandro Berthe, Andrés Albarrán, Diego Quidel y Héctor Martínez.El fallo del juez Julio Martínez Vivot los liberó de la prisión preventiva, recuperando sus puestos de trabajo, en otros lugares de la provincia, como por ejemplo, Sandro Berthe quién actualmente se encuentra en libertad desempeñando sus funciones como policía en Bolsón. Otro ejemplo es el oficial Daniel Irusta, quién al momento de ser imputado por el delito de violación de domicilio en el caso Muñoz, se desempeñaba en el Cuerpo de Seguridad Vial de Bariloche. Irusta también está sospechado por entorpecer la investigación sobre el asesinato de Daniel Solano. La llamada “familia policial” a través de las redes sociales agredió al padre de Solano, su abogado y los pobladores solidarios, extendiendo la amenaza hacia el párroco de Choele-Choele. Algunos nombres que se repiten en el caso Solano, Micaela Bravo, se encuentran también imputados en el caso de Lucas Muñoz.
Sub Comisario Aballay: Fue el responsable de aportar las balas de plomo para la re presión del 17 de junio de 2010, posteriormente denunciado por filmar o fotografiar manifestantes durante una movilización del movimiento anticianuro. Estuvo al frente del grupo de policías asignados a la investigación del crimen de Micaela Bravo, duramente cuestionados por su mal desempeño y la impericia en la investigación.).-. Fue allanado su domicilio, por su posible vinculación con el caso de Lucas Muñoz.
Comisario Manuel Poblete: Estuvo al frente del penal 3, donde fue imputado como presunto autor del delito de torturas contra un grupo de internos. Posteriormente “lo premiaron” trasladándolo como comisario a la Comisaría del Bolsón. En el momento de la desaparición de Muñoz, estuvo a cargo de los rastrillajes. Hasta su pase a disponibilidad por el caso de Lucas Muñoz se desempeñaba en Bariloche.
Policías: Néstor Meyreles y Federico Valenzuela: Imputados por comprar un chip a nombre de Muñoz, posteriormente a su desaparición.
Comisario Jorge Elizondo, jefe de la comisaría 42: A cargo de realizar allanamientos, operativos e investigaciones coordinadas con la Justicia. Elizondo además actuaba como custodio del gobernador Alberto Weretilneck en la ciudad de Bariloche. Separado de su cargo por constatarse falsificación de documentación en el libro de actas de la comisaría 42 entre otras irregularidades en el caso Muñoz.
José Jaramillo, tercer jefe de la comisaría 42: Estuvo a cargo de allanamientos y operativos vinculados a la investigación de Lucas Muñoz. Separado de su cargo por constatarse falsificación de documentación en el libro de actas de la comisaría 42 entre otras irregularidades en el caso Muñoz.
Comisario Pallalef: Desde la Jefatura indicaron que su llegada a Viedma desató la interna policial y el incremento de delitos, Werelticneck decide el pase a disponibilidad del ex jefe de la Regional III por considerar que su actuación y omisiones en la fuerza provincial afectaron a la investigación en el caso Muñoz.
Después del asesinato de Lucas Muñoz, hemos podido escuchar desde las fuentes más diversas, que esto se veía venir, que ya se sabía que la policía de Río Negro es una de las más corruptas del país. Desde el gobierno se anunciaron grandes investigaciones, asegurando que iban a rodar cabezas. Se ensayaron explicaciones desde los diferentes sectores del poder político, judicial y policial que fueron desde la acusación de unos hacia otros por “ embarrar la cancha” hasta el falaz intento del gobernador de pretender enmarcar el asesinato de Muñoz como un caso “ inaudito, inédito, único en la provincia, sorprendido sin hacerse cargo de su obligación ineludible como responsable máximo de la policía de Río Negro .
¿Cuál es la trama policial-política-económica y judicial que hay que desarmar? ¿Cómo el gobierno pretende intervenir seriamente sobre la cuestión policial si desconoce la magnitud de “los excesos” policiales?
El sistema capitalista necesita de esta policía, con su aparato represivo intacto para mantener el control social en los barrios populares, en las luchas de lxs trabajadorxs, reprimiendo toda reivindicación de derechos vulnerados. A “modo de pago” hace la vista gorda ante “los excesos” de la institución policial siempre y cuando custodie y resguarde “los negocios” del poder.
Decimos que el aparato judicial así también como las instituciones de gobierno se retroalimentan unas a otras garantizando su continuidad en el sistema. Son funcionales a esta policía que por momentos pareciera tener más poder que el poder político.
¿Cómo se sostiene esta red de impunidades? ¿Quiénes la sostienen? Mencionemos algunos ejemplos:
- El 26 de julio del 2015 fue provocado un incendio intencional del Juzgado N° 4 de Viedma. Estafas, encubrimiento y nuevamente: Funcionarios, letrados y policías asociados en el delito organizado.
- El camarista Bernardi: Funcionario público, promotor activo de una red de corrupción y prostitución de menores en situación de vulnerabilidad que se hallaban en custodia de organismos de minoridad de la provincia. Están implicados otros funcionarios del ministerio de Desarrollo Social, comerciantes y empresarios. Hay nombres de esta causa que se vinculan a la investigación del homicidio de la adolescente Karen Álvarez.
En la provincia y específicamente en nuestra ciudad, son demasiadas las causas en las que la justicia se ha ocupado de operar sistemáticamente para lograr su cajoneo. En lugar de potenciar la investigación, se activan mecanismos para desechar pruebas, hostigando a quiénes declaran, atemorizando y desesperanzando a las familias en su búsqueda de justicia. Es un secreto a voces que si la causa “cae en manos de ese juez” será una causa que prescribirá, y que se dejará morir, así como murieron las víctimas. Nuevamente, aparece la red de la que hablamos. Saltan algunos nombres, pero “el negocio no se toca”. Todos se cuidan entre ellxs.
Como una aberración más en este contexto, se inscribe el fallo del Superior tribunal de Justicia de Río Negro, que permite detener a menores sin que estén cometiendo un delito. Mediante este fallo se habilita a la policía a detener a jóvenes que considere que están en situación de abandono o vulnerabilidad. Sin estar especializados en niñez y adolescencia, los agentes policiales tienen la facultad de considerar si las niñas, niños y adolescentes están en situación de riesgo o abandono. Esta misma que suele estigmatizar y reprimir a nuestros jóvenes es la que arbitrariamente tendrá la facultad de decidir cuándo un niño/a y/o adolescente se encuentra en situación de riesgo o detención. Nuevamente aquí podemos notar el círculo perverso del poder. El poder ejecutivo provincial a través del secretario de DDHH, Daniel Badie, avalando el inentendible y absurdo fallo Superior Tribunal de Justicia allanando de este modo desde los tres poderes el camino hacia la criminalización de la niñez y de la pobreza.

Lamentablemente, en la causa de los asesinatos del 17/6/2010, el juez Ricardo Calcagno ha sido sumamente eficaz en la tarea de demorar y entorpecer el avance de la misma. En varias oportunidades fueron desestimadas por el juez las declaraciones de testigos que pudieran aportar datos concretos para saber quiénes dispararon contra Nino Carrasco y Sergio Cárdenas, tampoco se tuvieron en cuenta escuchas fundamentales. Se cuestionó la pericia del Dr. Pregliasco ignorando partes policiales y las pruebas que aportarían información fundamental para el esclarecimiento de la causa. Nunca ordenó la investigación a la empresa Prosegur ni a quién dio la orden para que la misma provea las balas de plomo que usó la policía.
Debido a la falta de investigación, la causa estuvo en riesgo de prescribir. Esto provocó el reclamo de los familiares, la querella, y la Multisectorial. Tan evidente fue su cajoneo que la jueza del STJ Liliana Piccinini criticó en el fallo la “inactividad casi total” de la causa .Fue nombrado un equipo de fiscales a los efectos de reactivar la investigación.

Finalmente, afirmamos que no debería haber vidas que valgan más que otras. Ni más muertes para atreverse a desnudar la red de impunidad de los sectores de poder en nuestra provincia. La institución policial es parte de esa red. Comisarías enteras cuestionadas por su implicancia con el delito organizado. La realidad es que como pueblo estamos totalmente indefensos y expuestos al peligro cotidiano de ser “cuidados por los asesinos”. Mientras tanto las causas de los sectores populares esperan eternamente sin ser resueltas en los juzgados ante un aparato judicial que en la mayoría de las ocasiones responde más a los intereses del poder económico que a la necesidad de justicia.
A lo largo del tiempo, la respuesta de los diferentes gobiernos frente a los reclamos de la población ante las políticas de ajuste, ha sido la represión. Sistemáticamente aumentan el presupuesto en seguridad (patrulleros, armamentos, mayor cantidad de efectivos, etc) militarizando los barrios y reprimiendo al pueblo. Los gobiernos de Werelticneck y Genusso se han alineado prolijamente bajo las órdenes del gobierno nacional de Mauricio Macri. El gobernador desde la implementación de políticas de ajuste y represión, el intendente, desde el silencio.
Hoy, a 6 años y medio de los asesinatos del 2010 y en este nefasto contexto político, estamos a las puertas de un juicio inédito en la provincia en el que por primera vez altos funcionarios policiales serán juzgados ante la justicia y la comunidad por sus prácticas represivas.

Hoy, ante tantos casos sin resolución judicial en Río Negro, podemos decir que hemos dado un significativo paso que nos permitirá torcer un poco, solo un poco el brazo a esta impunidad del poder tan instalada.
Sin embargo, no es sencillo sortear la burocracia del sistema. El STJ debe responder sobre un recurso de queja de la defensa de los acusados presentada a fines de noviembre. Hoy, terminando diciembre no está tomada la decisión que permitirá poner fecha a este juicio, tan demorado, tan esperado, tan justo y necesario para que parte de las heridas puedan ser curadas.

Llegamos a esta instancia por:

- La decisión de los familiares de luchar a pesar del profundo dolor, de la persecución y hostigamiento permanente.
-El compromiso de la Multisectorial y el acompañamiento de las diversas organizaciones sociales y políticas empeñadas en lograr Memoria, Verdad y Justicia.
-El inmenso trabajo y constancia de las abogadas de las querellas Marina Schifrin con el valioso respaldo de la Gremial de Abogados y Natalia Araya con el acompañamiento del Dr. Miguel Blanco.

Llegamos hasta aquí para convocar lxs a seguir siendo parte de esta lucha en la que desde la fuerza colectiva tendremos la oportunidad de marcar un antes y un después frente a la impunidad del poder,

EXIGIMOS:

-Que el poder judicial fije fecha urgente para el inicio del juicio oral y público, por los homicidios de Nicolás Carrasco y de Sergio Cárdenas.

- Que se juzgue a los responsables políticos de la masacre del 17 de Junio, el ex gobernador Miguel Saiz, y el ex ministro de gobierno Diego Larreguy.

-El esclarecimiento de todos y cada uno de los crímenes en los que está sospechado el personal policial.
-La derogación del Fallo del Superior Tribunal de Justicia por el que se autoriza y habilita a la policía a detener arbitrariamente a los menores sin que estén cometiendo un delito con la justificación de encontrarse en situación de vulnerabilidad.
-El debate serio y responsable sobre qué institución policial tenemos y cuál necesitamos.
-La decisión política de desmantelar las mafias policiales.
-Que el accionar policial esté bajo el control de organismos políticos competentes, enmarcados en políticas de irrestricto cumplimiento y respeto a los DDHH. Con medidas inmediatas, a saber:
- Cámaras en las comisarías, calabozos, patrulleros y penales.
-Policías con identificación a la vista.
- Supervisión estricta que controle que la realización de procedimientos policiales se efectúen dentro del marco de la ley garantizando los derechos de la población.
-Que exista un registro de los casos de policías sancionados ó bajo atención psicológica y que se les prohíba la portación del arma reglamentaria hasta que se levante su sanción o el tratamiento psicológico para evitar casos de violencia con el uso de armas del Estado. Que los hechos sumariales no sean ocultados y “protegidos” como en la actualidad bajo traslados a otras localidades.
- La creación de un órgano de investigación al servicio de la justicia (Policía Judicial), que no esté a cargo de la policía provincial, en vista a la inminente puesta en funcionamiento del nuevo código procesal penal, en la que está prevista su creación.
- Que el gobierno provincial de Weretilneck tome la decisión política de investigar, sancionar y remover de sus cargos a todxs los funcionarixs policiales que no cumplan idóneamente con sus funciones, cualquiera sea el lugar que ocupen asumiendo su responsabilidad como autoridad máxima de la provincia de llegar verdaderamente hasta las últimas consecuencias para desbaratar desde sus acciones concretas al delito organizado enquistado en los diferentes sectores de poder.
-Que el gobierno municipal de Genusso ocupe de una vez por todas el lugar que le corresponde como autoridad elegida para gobernar los destinos de esta ciudad poniéndose al frente para exigirle al poder ejecutivo y legislativo de la provincia respuestas sobre el pésimo funcionamiento de la institución policial en nuestra ciudad.
- Al Concejo Deliberante de la ciudad de San Carlos de Bariloche que desde su función legislativa intervenga frente a los abusos policiales no como meros espectadores sino como representantes de la población en los distintos reclamos de justicia.
-Al intendente y a los integrantes del Concejo Deliberante que todos los 17 de Junio respete y ponga en práctica el contenido de la Ordenanza N° 2315-CM-12 “Día de la Inclusión Social y contra la Represión policial”.

POR MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA.
FAMILIARES Y MULTISECTORIAL CONTRA LA REPRESIÓN Y LA IMPUNIDAD EN BARILOCHE
 

 

Gacetilla de prensa