Declaración sobre la creación del Servicio Cívico Voluntario de la Nación

Declaración sobre la creación del Servicio Cívico Voluntario de la Nación

El Centro Regional Universitario Bariloche desea expresar su preocupación en relación con la creación del Servicio Cívico Voluntario, impulsado por la Resolución 598/2019 del Ministerio de Seguridad de la Nación y publicada en el Boletín Oficial el día 16 de julio.

Esta resolución estipula que la Gendarmería Nacional será la responsable de llevar adelante políticas de promoción y protección de adolescentes y jóvenes. El gobierno desconoce así los marcos normativos internacionales y nacionales que establecen cuáles y cómo deben ser las políticas de Promoción y Protección Integral de Derechos de niños, niñas y adolescentes.

El texto de la resolución ministerial establece que el Servicio Cívico Voluntario está dirigido a jóvenes de entre 16 y 20 años con el objetivo de “brindar capacitación en valores democráticos y republicanos”. Con esta iniciativa, el Ministerio de Seguridad se arroga una competencia que no le corresponde, desconociendo a los Organismos creados por el Estado en el marco de la Ley nacional 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Esta Comunidad universitaria considera que no se educa para la democracia delegando en fuerzas militarizadas la formación de los jóvenes, sino poniendo en acto políticas sociales que atiendan la creciente vulneración de derechos, que vienen sufriendo en los últimos años los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Fortaleciendo las escuelas, colegios y universidades del sistema educativo, en un clima de convivencia, y con trabajadoras y trabajadores formados y bien remunerados para dicha tarea.

En el anuncio de la ministra Patricia Bullrich, la jefa de la cartera de Seguridad declaró que la Gendarmería es la institución de mayor prestigio de la sociedad, incluso más que la escuela pública. Esto marca también el lugar que la educación pública tiene para el gobierno actual, cuestión que repudiamos como parte de esa educación pública y sosteniendo que es la herramienta gubernamental de pertenencia, formación, gestora del pensamiento crítico, transformación y libertad de los pueblos.

Repudiamos la decisión de delegar a las fuerzas de seguridad, cuyos objetivos son muy otros, la práctica educativa destinada a adolescentes y jóvenes en situación de pobreza. La Gendarmería Nacional no es una institución preparada ni proyectada para llevar adelante tareas que competen a las instituciones del sistema educativo.

Nos preocupan también las verdaderas intenciones del proyecto, que surgen por ejemplo al repasar uno de los párrafos que justifican esta Resolución, cargada de una profunda estigmatización hacia los jóvenes de los sectores más desprotegidos: “(...) que desde el MINISTERIO DE SEGURIDAD, el compromiso con los jóvenes consiste en trabajar por una Argentina sin narcotráfico, donde el resguardo de la vida y la libertad de quienes podrían encontrarse en situación de vulnerabilidad social sea prioritario; por ello, el SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN VALORES nace como una herramienta para brindar oportunidades de formación a los jóvenes a través de los valores democráticos y republicanos...”.

En el marco de una profunda crisis económica y social, estos mismos adolescentes y jóvenes sufren hambre y frío y son las principales víctimas de la violencia institucional y de las redes del narcotráfico. La única política pública para garantizar sus derechos, aportar formación y brindarles oportunidades, es la efectiva puesta en marcha del Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos a todo nivel, tal como lo estipulan la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Ley Nacional 26.061.

El Estado debe tomar y cumplir sus responsabilidades con las herramientas de las que dispone, impulsando verdaderos valores democráticos e inclusivos, atendiendo y entendiendo la vulnerabilidad de los sectores sociales más desplazados, quienes no eligieron esa situación, quedaron inmersos en la misma por la imposición de un modelo social injusto.

Universidad nacional el Comahue