Emergencia Infraestructural en Bariloche

Emergencia Infraestructural en Bariloche

Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad de Bariloche en conjunto con Árbol de Pie, hemos generado el siguiente informe por el que creemos hay una situación urgente a tratar y que debe suspender todo proyecto desmedido, por falta de planificación en las infraestructuras y servicios urbanos de la ciudad. Lo cual incluye otras observaciones ligadas a las reuniones del ODCB que se vincularon con el problema de infraestructuras, la movilidad urbana, los espacios disponibles de tierras para viviendas y todo ello vinculado con el Derecho a la Ciudad.

Emergencia Infraestructural en Bariloche

En todo el mundo, durante la segunda mitad del Siglo XX y principios del XXI, se ha observado un
crecimiento exponencial de las ciudades. Han aumentado en extensión y relevancia a expensas del
suelo y los espacios naturales que están subordinados a ser proveedores de materias primas y
receptores de desechos. A través de una mirada neoliberal, el suelo se ha convertido en una
mercancía más, hasta el punto que las ciudades compiten entre sí para atraer inversiones. La ciudad
se ha vuelto una máquina de crecimiento, donde su desarrollo produce rentas para élites
empresariales y financieras y donde las comunidades deben sobrevivir ante las privatizaciones del
suelo y la mayor parte de la gente que habita la ciudad y trabaja en ella no obtiene el mismo
beneficio, ni tiene los mismos accesos a distintos servicios e infraestructuras de redes públicas.
La ciudad de Bariloche presenta características particulares que la hacen compleja. Cuenta con casi
el 20% de su ejido con características de urbano, y su crecimiento poblacional histórico en más de
100 años fue de los más importantes de Argentina, rondando mayormente el 5% anual (Rodríguez,
2014), cuando en la mayoría de las ciudades no supera el 1 o 2%. El crecimiento demográfico de
una ciudad debe ser acompañado de la planificación del desarrollo local, en particular de sus
infraestructuras, de forma que permita a la población insertarse en condiciones de habitabilidad
dignas, con un coherente aparato productivo para promover su bienestar.
La falta de compacidad y la conformación lineal de la ciudad a lo largo del Lago Nahuel Huapi y
los accidentes naturales que la conforman, ha favorecido la fragmentación del ejido, donde resulta
difícil y costoso proveer de una adecuada infraestructura. Dentro de este sistema complejo, creció
no solo su población sino las construcciones, y esta última lo han hecho muy por arriba de la
demanda de habitación permanente. Se puede considerar que -según datos obtenidos con miembros
de la UNRN- la demanda de dicha construcción para familias residentes rondaría las 740 unidades
anualmente, contra una estadística ofrecida -en la propia página web del municipio- que indica un
nivel de solicitud de permisos para obras a construir por sobre las 4500 unidades y otras 1500
remodelaciones, sumando un total de 6000 obras. Representa un 600% más de oferta en alojamiento
que la demanda permanente, por crecimiento poblacional. Esa tendencia aumenta
desproporcionadamente los requerimientos de servicios e infraestructuras, más allá de que cada
obra señalada podría ser no solo una vivienda -como para 3 o 4 personas- sino que podrían
significar, por ejemplo, hoteles con varias habitaciones o conjuntos de cabañas con gran número de
alojamientos.
Si las obras que se requieren para ofrecer esas redes (existentes o a construir) ya sean de gas natural,
agua potable, cloacas, electricidad, caminos (de tierra o asfaltado) se deben ampliar y mantener por
los habitantes permanentes, es obvio que el costo de las mismas resultan una carga desmedida para
esa población. En dicho contexto, los residentes sostienen con sus impuestos y tasas esos servicios.
Aunque puede suceder que directamente no los tienen y debe proveérselo de forma irregular, al
resultar para muchos impagables por las subidas de las tarifas, o simplemente son inexistentes y por
ende inaccesibles. El desarrollo edilicio ha aumentado de forma desmedida, y sin una planificación
que fijara parámetros que garanticen equidad para el conjunto de la población, al menos en cuanto a
la oferta de dichos bienes y servicios. Por otra parte, no se cuenta con datos fehacientes de la
cantidad de población servida, por las distintas redes de infraestructuras, ya que no alcanza con
poder establecer la cantidad de conexiones existentes o pendientes de realización. Sin embargo,
para poder asegurar si dichos servicios o infraestructura son suficientes hoy o para los próximos
años, cualquier técnico sabe que la oferta de un fluido -por dar un ejemplo en agua potable- depende
de la cantidad de personas que son servidas, y aunque sean para uso turístico se deben calcular
como si fuese de uso permanente. Siendo dichas infraestructuras públicas, son en todos los casos

servicios esenciales para una adecuada calidad de vida y por tanto un derecho humano
imprescindible.
Lo expuesto hasta aquí, muestra una falta de conocimiento real de las infraestructuras y servicios en
la ciudad, que clarifique cuál es la población a la que se está asegurando efectivamente dichos
servicios y a que personas o grupos no, ya que existen edificios donde no viven personas en forma
permanente y si cuentan con ellos, más allá de que los paguen en muchos casos son segundas o
terceras viviendas de propietarios que vienen pocos días al año. Tampoco existe un estudio de la
evolución en los servicios e infraestructura, para cubrir la demanda durante los próximos años,
sobre todo considerando que la construcción ofrecida genera una demanda (como antes se expuso)
que superaría al menos en una relación 6 a 1 la de los residentes permanentes. Esto hace que la
situación de las infraestructuras para la ciudad se encuentre hace años en situación crítica, sobre
todo si consideramos aquella ligada a la energía disponible para toda la comunidad, lo cual no será
resuelto por la llegada del prometido segundo gasoducto –aún sin terminar para 2018- ni por la
renovación de contratos para la “reserva fría” en electricidad. La propia CEB ha indicado a los
concejales que las obras nuevas deberían abstenerse de usar dicha energía para calefacción, debido
a que la única línea de alta tención (de 132kv) ya no da abasto. Incluso, falta un plan que asegure
agua potable y un sistema cloacal por red que contemple todos los barrios de la ciudad. Hay barrios
que –como es sabido por muchos especialistas- un pozo de unos dos a tres metros de profundidad
para cimientos habitualmente se llena de agua, esto es, los lechos o procesos absorbentes para
cloacas domiciliarias no funcionan bien, ya que podrían estar contaminando napas de agua que
derivan a arroyos o costas de lago cercanas. Sin olvidar que, el mejoramiento de las vías de
comunicación y del transporte público accesible en todos los sentidos, nunca se midió en relación al
crecimiento de los barrios a los que sirven.
Si consideramos que llamamos servicios e infraestructura urbana, a las obras de redes que dan el
soporte funcional para otorgar condiciones óptimos para satisfacción de la comunidad, ya que se
componen de: agua potable, desagües cloacales y pluviales, energía eléctrica, gas,
telecomunicaciones, así como la eliminación de basura y desechos urbanos sólidos. Pero también,
se relaciona con los edificios que brindan ciertos servicios comunitarios, como para: educación,
seguridad pública y salud, entre otros. Dicha infraestructura es la base material de una sociedad y la
que determinará su estructura, su desarrollo y los cambios que se produzcan en ella, incluyéndose
en estos niveles las fuerzas y relaciones socio-productivas. Por lo tanto, cuando faltan dichas redes
o servicios, indefectiblemente cambia la sociedad en su conjunto, las relaciones de poder, afectando
a las instituciones y obviamente también al conjunto de elementos de la vida en sociedad.
Desde el ODCB entendemos que se debe considerar que: existe una falta de fondos debido a los
recortes a nivel nacional y provincial -de donde provienen la mayor parte de posibles inversiones
locales, aunque se sustenten con los impuestos nacionales y provinciales de los mismos vecinos de
Bariloche- y considerando que la energía de la ciudad proviene de fuera de la misma -ya sea por gas
natural o electricidad producida de diversos modos, mayormente en la región patagónica- además
de que a esta falencia se le opone el gran crecimiento histórico de la ciudad, donde no hay un
estudio que defina el incremento anual de consumo energético. Aunque algo similar sucede con
otros servicios o infraestructuras en crisis hace años, en el caso de la energía la solución no puede
estar al interno de la ciudad ya que dichas infraestructuras deben llegar desde fuera de ella, más allá
de posibles paliativos o criterios que deberían cambiar en cuanto al uso de energías alternativas.
La crisis energética y de infraestructura que atraviesa la ciudad es innegable. Existe una gran masa
de población de los barrios populares, que hoy no sólo no poseen regularización dominial sino que
también carecen de los servicios considerados esenciales: servicio de agua potable, servicio de
electricidad con medidor y conexión a desagüe cloacal o a red de gas natural. Tenemos alrededor de
3.600 hogares viviendo en barrios con problemas de regularización y acceso a servicios básicos en
Bariloche, según relevamientos municipales. Regularizar los servicios no sólo es necesario para

asegurar su calidad y seguridad, y hacerlos sustentables económicamente, sino que también es parte
esencial del reconocimiento de la pertenencia a una comunidad, es decir para lograr una efectiva
integración urbana. Pero la crisis de infraestructura también afecta a barrios “formales” que se
quedan sin agua en verano (Las Victorias, El Frutillar), carecen de conexión a la red de gas (Villa
Lago Gutiérrez, Reina Mora, Entre Cerros), padecen recurrentes cortes de energía eléctrica, como la
zona del oeste, carecen de conexión a la red de cloacas y de pluviales lo que los hace proclives a
inundaciones (gran parte de la Pampa de Huenuleo) por nombrar sólo algunos ejemplos. Pero
además, no alcanza con ampliar una planta o extender una red parcialmente, sin tener claro cuánto
está faltando para cubrir la demanda existente fehacientemente, o cuánto crece anualmente dicha
demanda.
En base a todo lo expuesto, desde el ODCB planteamos que se debe declarar la EMERGENCIA en
INFRAESTRUCTURAS, no para resolver la forma de un crecimiento desmedido y no planificado,
algo reiterado siempre pero aquí dejado en evidencia, sino para definir en forma urgente medidas a
tomar desde una comisión o entidad específica al respecto, donde intervengan no solo entes
prestadores de servicios, gobierno y empresas, sino también vecinos, ONGs y los actores más
afectados y de menores recursos. Exigiendo primero a las empresas a ofrecer abiertamente toda la
información de costos, inversiones y desarrollos planificados. Dentro de la emergencia, se deberá
reducir o limitar los grandes proyectos, se definirá quiénes y dónde serán los primeros beneficiados
por la llegada del próximo gasoducto –sin dejar de lado vecinos que no han podido pagar proyectos
o planos ante Camuzzi- además, de establecer claramente un programa que estudie la situación
actual, a mediano y a largo plazo de la ciudad en relación a la energía, y otras infraestructuras o
servicios. Se propone postergar, por el tiempo que se produzcan dichos estudios y procesos
participativos, las construcciones de cierto tamaño -por ejemplo de más de 300m2- y los proyectos
no habitacionales –por ejemplo industriales o comerciales- que demanden grandes cantidades de
energía, para detener la maquinaria del crecimiento no planificado en Bariloche, a menos que
demuestren ser 100% autosustentables. Suspender la recepción de todo proyecto de loteo y de PHs
correspondientes a fracciones superiores a 1ha, para evitar un crecimiento desmedido de nuevos
espacios urbanos, que demandarían nuevos servicios e infraestructuras, siendo que aún existen
muchos predios y loteos pendientes de ser usufructuados en su totalidad. Se plantea, preservar la
posible identificación y ejecución de obras en zonas que sean ya servidas o ya habitadas, con
prioridad para los barrios sociales (existentes o a ejecutar) según se requiera por la demanda actual;
como también de los edificios relacionados con los servicios o infraestructuras pendientes, y que
cumplan la demanda de los habitantes y barrios que lo requieran actualmente, a fin de mejorar su
calidad de vida. Suspender el aumento de los servicios e infraestructuras a los vecinos, así como
evitar el corte de los mismos hasta que se pueda superar la emergencia, incluyendo electricidad, gas,
agua potable, cloacas, transporte público, recolección de residuos, etc. En cuanto al costo de las
naftas, energía eléctrica y gas natural que deriva de una oferta externa a la ciudad, se deberá
solicitar una subvención para la ciudad a fin de no aplicar los aumentos de nivel nacional en
cualquiera de estos casos.
Se plantea generar en paralelo, durante este tiempo, un ámbito para definir qué construcciones no
podrían ser autorizadas, con qué condicionantes o bajo qué circunstancias pueden desarrollarse sin
problemas, estableciendo como debe ser un proyecto de autosustentabilidad en agua potable,
cloacas, energía en iluminación y calefacción. Definiendo también, donde se pueda establecer el
crecimiento de la ciudad, no solo medido por su infraestructura, sino por la posible capacidad de
carga o umbral límite que se defina por ciertos parámetros o variables, científicas y técnicas.
Considerando pautas ambientales, sociales y económicas, en forma igualmente proporcionales para
dar un resultado sustentable a la ciudad en su conjunto, no aceptando propuestas de aumentar
densidades urbanas o generar cambios y crecimientos urbanos, derivados de supuestos planes que
no contemplaron en ningún momento esta crítica situación en forma detallada. Para los casos de
construcciones autosustentables, no se serán provistas por redes de gas natural, ni envasado, ni

redes de electricidad urbana. Debiendo apelar por lo tanto, a energías alternativas y autoproducidas
–ya que cualquier tipo de energía que ingrese a la ciudad debe primero cubrir la demanda de los
residentes y obras ya existentes- en condiciones no contaminantes, y a costo del interesado sin
subvención, ya que lo ideal sería que suspenda el proyecto hasta que la comunidad esté en
condiciones de recibir dicha inversión, y destinar subsidios a la recomposición de infraestructuras y
servicios faltantes en zonas ya habitadas.
Más allá de las causas que se expusieron para esta Emergencia Infraestructural, es de destacar que a
nivel nacional existió un decreto de Emergencia Energética (Nº 134-2015) que se consideró
superada en febrero de 2018. Pero, como se ve en Bariloche, el gobierno nacional no consideró los
problemas locales o los gobiernos locales no informaron correctamente lo que aquí sucede.
También a nivel de Prov. de Bs. As. se aprobó la Ley 2565 sobre Emergencia en Infraestructuras a
nivel escolar en 2007, así que, no solo la infraestructura sino los edificios que brindan servicios
pueden considerarse en crisis. Lo expuesto, demuestra que la declaración de emergencia en
infraestructuras o energía fue una práctica que se ha usado en otras escalas y regiones de Argentina,
aún cuando sean otras zonas geográficas. Pero, como ya se ha expuesto, no todas las ciudades del
país tienen una tasa de crecimiento constante en edificación tan alta, y un interés empresario –con
cierta complicidad gubernamental- que constantemente incita a aumentar el crecimiento y a generar
megaproyectos en Bariloche, los que sin duda impulsarán mayores demandas de infraestructura por
sobre lo que puede hoy ofrecerse localmente. Algo que no se soluciona justificando inversiones en
algunas zonas, ya que en el caso de la energía no es algo que se genere localmente, se requiere de
grandes inversiones fuera de la ciudad, que llevarían varios años para ser finalizadas, y poder así
revertir la situación antes descripta de crisis que nos ha llevado a la actual “Emergencia en
Infraestructuras y Servicios”, sobre todo en energía.
Es destacable que, los posibles efectos positivos como generación de empleo y ofertas de tierras
para fines sociales, o similares propuestas, no resolverían luego un posible exceso sobre los límites
de la demanda en infraestructuras de distinto tipo en esta ciudad. Ya que posteriormente, se podría
verificar condiciones de cortes de luz, de baja presión de gas natural, de insuficiente provisión de
gas envasado o muy costoso. Tampoco es razonable habilitar que se diezmen los bosques
protegidos para abastecer la calefacción que puede tener otras alternativas más sustentables. Pero la
mirada del derrame por efecto de la inversión, podría dejar al resto de la comunidad al borde de una
posible crisis humanitaria, ya no una emergencia, que podría llegarse a resolver en pocos años, y
esta comunidad -que reside mucho antes que la llegada de nuevas inversiones- tienen derecho a
poder vivir dignamente y no de improvisaciones o promesas. La posibilidad de una crisis
humanitaria, no es una exageración, ya que si no hay una información clara respecto a cuanta
energía se consume hoy para iluminación y calefacción en la ciudad, si no se sabe cuánto se provee
entre gas natural, envasado y eléctrico, y ya se han recibido notas de empresas proveedoras -como
el caso citado de la CEB- en el sentido de los límites que existen en el uso de electricidad para la
calefacción, entonces, no se puede seguir dudando los riesgos que corremos. El segundo gasoducto,
además de no tener una fecha asegurada se considera que no cubriría toda la demanda que va a
existir en los próximos dos o tres años. Es decir, si bien puede que tengamos tiempo de dos a tres
años para llegar al colapso, no podemos seguir esperando ya que la solución puede demorar más de
cinco o diez años. ¿Qué haremos en tres años cuando aún no llegue un tercer gasoducto o una
segunda línea de alta tensión?
Esperemos no tener que llegar a responder esa pregunta, para ello es urgente declarar la Emergencia
Infraestructural, evidencia de que nunca se ha planificado la ciudad como tantas veces hemos
denunciados distintas organizaciones sociales, y que pensar sólo en cómo aumentar las
edificaciones, más loteos, nuevos parámetros no son para nada la solución. En tal sentido, también
debería suspenderse cualquier presentación de ordenanzas que analicen planes o cambios del código
urbanos para el oeste, hasta que no se genere los espacios de investigación, generación de

información pública necesaria y diálogo multilateral que asegure un futuro sustentable y
socialmente justo. Al menos, hasta que se considere superada la etapa de riesgos, que tal vez dure
unos diez años, y este tiempo debería aprovecharse para estudiar la situación en infraestructuras por
el grupo antes citado, y para que se obtengan fondos a tal fin. Sin olvidar que se debería repensar la
ciudad, con un objetivo cierto y claro, respondiendo primero ¿Qué tipo de ciudad queremos y
podemos tener? Y no ¿Cómo crecemos más a cualquier precio? Pero eso podríamos definirlo con
más tranquilidad sin la espada de Damocles sobre las cabezas de todo el pueblo de Bariloche, que
nos amenaza sin discriminación de clases sociales.

Asociación Árbol de Pie