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¿Puede ser legal la exclusión?

El pliego para la licitación del transporte público de pasajerxs en Bariloche atenta contra la inclusión y permite que las razones económicas tengan más peso que los derechos vulnerados.
Esta maniobra fue llevada adelante por el ejecutivo municipal y el poder legislativo, de manera unánime y avalada por la defensoría del pueblo. Las decisiones tomadas por estos organismos violan la Ley Nacional de Accesibilidad de Personas con Movilidad reducida, según el cual para el año 2002, TODAS las unidades del país debían ser accesibles.
Cabe destacar que al momento de elaborarse las bases y condiciones, varias organizaciones hicieron un llamado de atención para que se incluyera la accesibilidad como prioridad. Pero no fueron escuchadas.
Subir a un colectivo no es posible para todxs en nuestra ciudad. No es muy complicado observar a diario la grave situación que siguen atravesando las personas con discapacidad y movilidad reducida, a partir de la exclusión legal que permitió este pliego.
Es absurdo que las personas con discapacidad y movilidad reducida deban esperar de 1 a 7 años para que se solucionen estos inconvenientes. En esta realidad cotidiana se abandona a las personas en una zona de indignidad. De ese modo, quienes deben solucionar, generan el problema.
La accesibilidad forma parte de un contexto general empresarial, de una mala calidad del servicio (frecuencias, seguridad) y elevados costos en los pasajes.
Las organizaciones firmantes hemos realizado varios reclamos. El último fue una nota fechada el 28 de octubre de este año, enviada a todas las partes involucradas en esta gestión. Aun no recibimos respuesta.

Continuaremos nuestro reclamo en la pròxima gestiòn entrante.

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