Informe de la multisectorial contra la represión en bariloche, entregado a los diputados nacionales

Informe de la multisectorial contra la represión en bariloche, entregado a los diputados nacionales

Informe de la multisectorial contra la represión en bariloche, entregado a los diputados nacionales presentes en la sesión que se realizó el 26 de agosto en bariloche.

(informe completo)


Crímenes de Estado en San Carlos de Bariloche

Los sucesos del invierno del 2010
Un conflicto abierto.

Multisectorial contra la Represión y la Impunidad.

San Carlos de Bariloche, Río Negro, 26 de agosto de 2010

Címenes de Estado en Bariloche.
Los sucesos del invierno del 2010. Un conflicto abierto.

Índice del documento

* Presentación del documento y de la Multisectorial
* El conflicto actual. Una caracterización general

1. Los sucesos de junio/julio/agosto del 2010
2. La ciudad, el contexto, algunos antecedentes
3. La provincia, el contexto, algunos antecedentes
4. El Estado de RN ante los sucesos de junio del 2010
5. El Estado Municipal ante los sucesos de junio de 2010
6. El poder judicial ante los sucesos del invierno


* Demanda política de la Multisectorial

Anexo documental
* Presentación del documento y de la Multisectorial

La Mulisectorial contra la Represión y la Impunidad de Bariloche surge -de hecho- ante la decisión colectiva y espontánea de ejercer nuestra propia representación como víctimas del ataque violento del Estado y con los objetivos centrales e irrenunciables de

- juicio y castigo a los responsables materiales, políticos e ideológicos de las violaciones a los derechos y garantías sufridos desde la madrugada del 17 de junio al presente;
- verdad y justicia para todas y cada una de las víctimas de las prácticas terroristas;
- investigación sobre las responsabilidad personales e institucionales en todos estos sucesos del Secretario de Seguridad y Justicia Víctor Cufré, el Ministro de Gobierno Diego Larreguy y el Gobernador Miguel Saiz;
- desmantelamiento del aparato represivo empezando por la BORA.


Las prácticas terroristas instrumentadas desde instituciones públicas rionegrinas en ocasión de la eclosión de junio hunden sus raíces en la impunidad de hombres que intervinieron durante la última dictadura militar, en la descomposición de las estructuras del Estado y en la mercantilización de la vida en esta etapa del neoliberalismo, en la subordinación a los modelos económicos basados en el saqueo y destrucción de los recursos de la naturaleza y, en las crisis regionales sofocadas que una y otra vez pugnan por emerger.
Este documento es la base de discusión elemental que exige esta Multisectorial a los distintos poderes del Estado, ya que no aceptamos considerar como hechos aislados las tres muertes de jóvenes ejecutados con balas policiales, ni a los sucesos de Bariloche como casos aislados ni en la provincia ni en el país.


• El conflicto actual. Una caracterización general

Desde la crisis de 1995, el Estado de Río Negro y el elenco en ejercicio del gobierno no apelaban a la represión masiva y sistemática contra la población civil como lo hace en San Carlos de Bariloche desde el 17 de junio a estos días . Instauró, de facto, un estado de excepción que suspendió los derechos y garantías civiles de vastos sectores de la población local.
En contextos nacionales e internacionales diferentes –que habremos de desarrollar en otra oportunidad-, y en distinto momentos históricos el Estado provincial y sus gobiernos de la UCR (en ejercicio desde hace 27 años) exhiben su naturaleza violenta, su matriz represiva, corporativa, discriminadora y de exclusión. Con el dolor del crimen de tres jóvenes de nuestra ciudad analizamos el (tras)fondo de los últimos 15 años, lo que nos permite advertir que el proyecto de gobierno en Río Negro está ubicado en un umbral de violencia institucional absolutamente reñido con el respeto a la vida y a la libertad, un umbral de violencia de consecuencias sociales y políticas inaceptable para el conjunto de ciudadanos y organizaciones que conformamos esta Multisectorial contra la Represión por ser un retroceso en los pisos institucionales mínimos alcanzados en Argentina desde 1983.
La precariedad de la vida está siendo llevada al extremo por este gobierno y las fracciones de poder que controlan este estado, en el que el vacío y la interrupción de derecho son la norma .



El conflicto actual. Los crímenes políticos.

Desde la madrugada del 17 de junio de este año, cuando murió un joven de 15 años con tres balazos ejecutados por un efectivo de la policía de RN , en la ciudad vivimos con los derechos y garantías constitucionales suspendidas de facto. Distintas instituciones del Estado (municipal y provincial) no sólo desprotegen, sino que atacan de distinto modo a la población civil que es rehén de este estado de excepción instaurado -al menos- en el espacio territorial de esta ciudad. Tampoco se observó intervención en estos días del gobierno Nacional, por lo que vastos sectores de la población quedamos en el más absoluto desamparo.

La violencia abierta de los sucesos de junio continuó en forma larvada hasta estos días, lo que vivimos, constatamos y documentamos en hechos cotidianos que expondremos. Los tres poderes del Estado intervienen –activa y directamente- en este estado de excepción fundado en el miedo, la persecución ideológica, las amenazas, la falta de protección real y de garantías para los sobrevivientes del ataque armado indiscriminado contra la población civil en las barriadas populares, entre otros hechos.

Los fines últimos de este estado de violencia deben mensurarse y analizarse por la naturaleza del victimario (el estado de RN, en este caso) y no por la de las víctimas que el discurso del poder hegemónico identifica y estigmatiza como “pibes chorros”, siendo que nuestros jóvenes son vulnerados en sus derechos elementales a la salud, educación, vivienda, trabajo para sus padres, a la más elemental vida digna.
En la provincia de RN, las víctimas de la violencia ejercida y ejecutada por sus diversos grupos policiales, de distintos rangos y jerarquías, van desde las niñas y jóvenes esclavas sexuales hasta el pueblo mapuche , pasando por las protestas y reclamos de trabajadores en rutas y piquetes . En este informe ofrecemos sucintamente los elementos que nos llevan a hacer esa afirmación, fundada sobre todo en el relato y punto de vista de las víctimas, siendo prácticamente inaccesible la documentación pública relacionada.

Al mismo tiempo, como hace 15 años, la provincia se encuentra sumergida en una profunda crisis de financiamiento público y fuertemente endeudada , aunque con otras características que todavía no están analizadas ni discutidas en profundidad. Hasta antes de las ejecuciones policiales de Bariloche el tema de discusión público del poder era la inocultable cuenta regresiva para un crack que, en el esquema regional, se da primero con los salarios de los agentes públicos y las cuentas de los proveedores del Estado .
Al mismo tiempo, es notorio el apuro por renegociar las concesiones petroleras que vencerán dentro de varios años, sin informar a la sociedad si los operadores actuales cumplieron o no con sus compromisos de inversión y con sus obligaciones legales de saneamiento ambiental. De prosperar esa renegociación, el gobierno provincial dispondrá de millones en forma anticipada, hipotecando los ingresos de las administraciones futuras.
Meses antes del estallido de la crisis del ‘95, el gobierno provincial -en ese momento en manos de Horacio Massaccesi (UCR)- creó por decreto al cuerpo especial BORA, al que hizo debutar contra docentes provinciales en mayo de ese año. El gobernador que lo sucedió, Pablo Verani (UCR), actual senador nacional, lo mantuvo. El actual titular del ejecutivo continuó la tendencia. Así, todos los gobiernos mantuvieron silencio y apoyo incondicional sobre la estructura represiva montada al amparo del menemismo, la que se mantuvo y perfeccionó, como se verá más adelante.
No se conoce que jamás algún legislador provincial haya hecho un planteo sobre la BORA, ni sobre la formación profesional de los cuerpos policiales.

Para esta Multisectorial se cometen y ejecutan crímenes de Estado en sentido político y en sentido jurídico estricto; decimos en plural porque son innumerables los hechos criminales de alcance masivo e indiscriminado tanto en sus daños como en sus efectos.

A dos meses del inicio del ataque violento a un sector del pueblo de Bariloche por parte de efectivos públicos, identificamos entre esos crímenes:

- la ejecución de Diego Bonefoi por parte de un policía de RN;
- la represión masiva a la protesta popular en rechazo al primer crimen;
- el asesinato de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas con balas de plomo de las armas reglamentarias de policías de RN;
- el ataque con armas de diferente tipo y calibre a la población civil de las barriadas del Alto ;
- el ataque frontal a la vivienda familiar de Diego Bonefoi ejecutado por varios miembros de la BORA que dispararon al interior, resultando herido en un ojo Sandro, padre de la primera víctima fatal;
- el secuestro, tortura, vejaciones, lesiones y robo a un número indeterminado de jóvenes de la ciudad en procedimientos irregulares y masivos de virtual cacería humana;
- la transformación de comisarías e instalaciones de policía en auténticos lugares de detención clandestinos;
- la militarización del territorio: movimiento combinado de cerrojo policial a las barriadas de El Alto impidiendo el libre acceso al área del Centro Cívico de nuestra ciudad y repliegue de los gobiernos (Municipal, Provincial y Nacional) en la ciudad, lo que la convirtió en una total zona liberada no sólo en términos de seguridad pública sino en términos de ausencia de conducción de gobierno que quedó en manos de la policía de Río Negro;
- la falta de protección real de los heridos y testigos por parte de la justicia ordinaria;
- la falta de atención y de protección de los heridos por parte del sistema de salud público local;(Hospital Zonal Ramón Carrillo)
- el estado general de persecución ideológica, política y judicial a los jóvenes de las barriadas populares en general, y de los denunciantes e integrantes de esta Multisectorial en particular;
- las amenazas de muerte, de sumarios administrativos y presión laboral a trabajadores estatales provinciales que disienten con medidas gubernamentales en el marco de esta protesta;
- la exacerbación desde el mismo Estado y sus hombres de posiciones sociales “de mano dura” y de “limpieza étnica” ilegales y violatorias de la Constitución Nacional y los tratados internacionales;
- abuso de autoridad;
- discursos y prácticas macartistas para con esta Multisectorial;
- el desalojo de los trabajadores del SPLIF en un operativo de madrugada al mando del propio Ministro de Gobierno Larreguy, con amenazas al personal que estaba de guardia en ese momento, para reubicar la Comisaría Nº 28;
- la participación de la policía rionegrina en actos políticos públicos de apología de los crímenes de El Alto, junto con concejales locales y representantes de gremios afines y Cámara de Comercio de Bariloche.
La gran mayoría de estos hechos que enumerados no están siendo investigados por la justicia ordinaria, hasta donde conocemos.
La actual administración nacional, que hizo de la plena vigencia de los DD.HH. uno de sus ejes de gobierno, no puede convalidar la violación sistemática de los derechos humanos y el estado de excepción que instauró la gestión Saiz sobre una parte de la ciudad.




1. Los sucesos de junio/julio/agosto del 2010

La ejecución sumaria con un tiro de bala de plomo en la cabeza de Diego Bonefoi (15 años) la madrugada del 17 de junio determinó el inicio de una escalada de violencia que, con distinto grado e intensidad, se mantiene hasta el presente.

Así, es preciso hablar de sucesos -en plural- que se desarrollan en distintas etapas:

- la etapa inicial la determina la muerte de Diego en manos de la policía;
- la segunda etapa inmediata es la protesta e indignación popular con el incendio de la ex comisaría 28, la masiva e indiscriminada represión policial contra la población civil desarmada y el terror instaurado dentro de un área cerrojo por cuatro o cinco días consecutivos que incluyó el crimen de otros dos jóvenes; el secuestro, detención, amenazas de muerte de un número indeterminado de personas, jóvenes en su mayoría; heridos; amenazas por parte del propio ministro de Gobierno en persona y desalojo violento de trabajadores estatales de una dependencia oficial donde se reinstaló la comisaría 28;
- la tercera etapa de violencia estatal se abrió el martes 22 con la imposición de “la paz social” al modo del gobierno, la que se mantiene hasta estos días con el patrullaje ilegal de los cuerpos especiales por los barrios de El Alto, enmascarados, sin identificación visible, en camionetas 4x4 flamantes sin identificar y en algún caso sin patente visible; el ataque constante y sistemático a grupo de jóvenes, algunos familiares de las víctimas fatales; allanamientos y detenciones irregulares e intento de armar causas penales contra jóvenes miembros de la Multisectorial contra la Represión y la Impunidad. Todo bajo el manto de la desinformación y manipulación de los medios de comunicación y el aval y aliento a una campaña de opinión pública de apología abierta de “limpieza étnica”.

Los hechos

- El asesinato de Diego Bonefoi el jueves 17 de junio, entre las 4 y 5 de la mañana a dos cuadras de su casa, a dos cuadras de la sede de la Comisaría 28. A las 5.45 desde el hospital local avisan a la 28 que estaba muerto . Media hora después queda detenido el cabo Sergio Colombil por la autoría del disparo; media hora después, el Comisario Argentino Hermosa se hace presente en la Comisaría Nº 28 . 8.42 ya está asentado la BORA en lugar, según la propia versión de la policía asentada en el cuaderno de guardia; los padres de la víctima recién se presentan en la repartición a las 10.40, lo que prueba que el dispositivo de represión fue anterior a la protesta e indignación de los vecinos.
- La protesta masiva espontánea contra el personal de la 28 al conocerse la muerte del joven.
- La represión masiva con efectivos de la BORA, de la Brigada regional, Comando Radioeléctrico, las comisarías 27 de Melipal, 2 del Centro y la 28 que provoca dos muertes más, heridos, persecución y terror en vastos sectores de la ciudad que continúa toda la madruga y se extiende sin tregua hasta la mañana del sábado 19.
- Jueves 17 a la noche el Consejo Provincial de Educación emite un comunicado público suspendiendo las clases en todas las escuelas primarias del área .
- El hospital público local registra 19 heridos el primer día de protesta.
- Las comisarías realizan un número todavía indeterminado de detenciones irregulares.
- Entre el jueves a la noche y el viernes arriban a la ciudad efectivos de la BORA apostados en otros puntos de la provincia.
- Viernes 18, entre las 14 y 15.30, cerrojo con armas de fuego y gases contra la Multisectorial que protestaba en las calles. Luego la policía desata una cacería de jóvenes por fuera del cerrojo de El Alto, que incluyó el secuestro, tortura y amenazas de al menos tres jóvenes en el Shopping Patagonia que no estaban participando de la protesta .
- Los grupos policiales realizan a la tarde del viernes un número indeterminado de detenciones, técnicamente secuestros, convirtiendo las comisarías en centros clandestinos de tortura y detención. Recién a la noche, un juez penal y miembros de esta Multisectorial acceden a los detenidos de la comisaría 2 sin poder constatar la realidad, a juzgar por los relatos de las víctimas que en ese momento estaban en ese lugar. Esas intervenciones no detuvieron el sufrimiento ni las condiciones de los secuestrados que son liberados algunos a la mañana del sábado 19.
- El hospital público registra solamente dos heridos por la protesta el segundo día; numerosas víctimas no acuden al centro asistencial por falta de garantías para la vida y la libertad.
- Domingo 20 y lunes 21, marchas por el centro de la ciudad de la policía y sectores civiles en respaldo de la represión y los crímenes con la participación de tres concejales locales, un diputado nacional, un secretario general de un gremio, empresarios locales . El defensor del pueblo de la ciudad fue la única autoridad que intentó frenar la marcha política .
- Desalojo de los trabajadores de la unidad local del Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales (Splif) bajo amenazas y cercados por un centenar de policías la madrugada del 21, a las 3 aproximadamente. El ministro Larreguy y el Intendente Marcelo Cascón personalmente amenazaron a los trabajadores estatales y dispusieron la orden de desalojo del lugar para relocalizar la comisaría 28 .
- La prensa publica libelos que son apología del delito, del que resulta emblemático uno titulado “Llegó la hora de la limpieza” .
- Desde el propio CD local se acusa a la Multisectorial de ser generadora de violencia.
- Ola de amenazas anónimas contra la abogada Marina Schiffrin, quien intervino en representación de algunas víctimas; Gente de Radio, emisora comunitaria que estuvo al servicio del reclamo; y a la reportera gráfica Alejandra Bartoliche, autora fotografías que documentan la responsabilidad material de los efectivos policiales en los crímenes.
- Ataque físico de la custodia del Gobernador Miguel Saiz, a dos periodistas en una conferencia de prensa el 1 de julio .
- La profanación anónima de la tumba de Nino el 2 de julio .
- Represalia judicial/policial contra Marcos Huechullán y su familia el 8 de julio. En el marco de una causa por un caso de robo, un escuadrón de una docena de policías, encapuchados y sin identificarse, allanan y requisan la vivienda del joven miembro de esta Multisectorial y lo secuestran por un par de horas amparados en una simple orden de notificación del juez Angel Gaimaro Pozzi .
- Golpiza policial contra tres jóvenes y detención de uno de ellos durante la
madrugada del 17 julio, horas antes de realizar la marcha al cumplirse el primer mes de los trágicos sucesos. Uno de ellos es cuñado de una de las víctimas fatales del 17 de junio. No pudieron denunciar la agresión ese sábado ante la ausencia de un fiscal de turno.



2. La ciudad, el contexto, algunos antecedentes


La protección, colaboración y legitimación de personas responsables de crímenes de lesa humanidad –tales los casos de Eric Priebke y Rodolfo Florido - y ligadas a crímenes contra la infancia expresan el perfil ideológico de los sectores dominantes de la sociedad local, indispensable para aproximarnos al sustrato profundo del respaldo al accionar delictivo de la policía rionegrina y su bloque de negocios en la cordillera andina.


• Ex comisaría 28, su papel estratégico en El Alto y en la política represiva contra los jóvenes

A principios de 1998 un conjunto de grupos juveniles de El Alto comenzaron a ser estigmatizados y responsabilizados de “desbordes preocupantes”, lo que quedó plasmado en un informe realizado por la Policía rionegrina y presentado al ministro del Interior de la Nación Carlos Corach. El reclamo de liberación de uno de los miembros del grupo por parte de unos treinta jóvenes derivó, ya en ese momento, en el ataque a la Comisaría N° 28, la intervención del juez de turno, la asesora de menores, varios concejales y de la BORA . Esto da cuenta del significado particular que construyó el poder en torno a esa comisaría que concentró el odio y la bronca de la población juvenil.
Ubicada en el barrio 169 Viviendas con una jurisdicción que comprende a la mayoría de los barrios humildes y de clase trabajadora y desocupada de nuestra ciudad, los jóvenes de esos barrios eran demorados y alojados en esa dependencia sufriendo vejámenes tanto físicos como psicológicos. Además, a los menores se los demoraba más de las seis horas establecidas por la ley, alojados hasta en un pasillo sin calefacción, sin luz ni ventilación; de esas demoras no se daba aviso a los padres o tutores.


• Muertes y ataques impunes en relación con la policía provincial


- En febrero de 2000, asesinato de Héctor “Titi” Almonacid en caso de represión y abuso policial. La intervención de la justicia dejó sin condena tanto al sargento Miguel Angel Anticura, acusado de realizar el disparo contra “Titi”, como a Elio Daniel Tapia, acusado por la falsificación del acta de procedimiento policial llevado a cabo en el barrio 34 Hectáreas por personal de la Comisaría Nº 28. Quedó comprobado que la bala había sido de un policía a la vez que descartada que la víctima y quienes lo acompañaban en ese momento hubieran disparado contra los uniformados.

- En 2005 asesinato de Jorge Pilquimán, un joven que a los 23 años apareció muerto en los piletones del puerto San Carlos luego de haber ido a bailar.

- En 2006 un balazo policial le arranca un ojo a Blanca Grande, una joven madre del barrio 34 hectáreas cruzada por el fuego de las fuerzas de seguridad en el marco de un operativo “cerrojo” que se realiza en ese mismo barrio y dentro del plan de acorralamiento y control desplegado desde el año anterior .

- El caso de Jairo Britez de 20 años se da en 2007. El joven había sido sacado a la fuerza del boliche Babilonia por policías que cumplían adicionales como patovicas. Cuando volvieron a tener noticias, Jairo se encontraba internado, en grave estado. Según la versión oficial de la Comisaría 2ª, lo "encontraron" golpeado sin conocimiento cerca del lago a partir de una llamada anónima. El paralelismo de lo sucedido con el asesinato de Jorge Pilquimán hizo que de inmediato los familiares y amigos de Jairo, acompañados por el Colectivo del Alto, se concentraran en el Centro Cívico pidiendo justicia y pronta condena por este hecho. Jairo tuvo graves lesiones en el cráneo, golpes en el cuerpo, y estuvo estado de coma.


• Especulación inmobiliaria y empresas de seguridad privada y vigilancia


Como en toda la Patagonia, la inversión/especulación inmobiliaria es uno de los motores de la economía local sobre lo que no existen estudios serios y confiables. El modelo de barrio cerrado y de urbanizaciones VIP trajo aparejada la proliferación de las empresas de seguridad privada, la inversión en instrumental que en nombre de la seguridad se exceden hacia la vigilancia y el control ilegal de los vecinos.
Esa tendencia se articula con las políticas de privatización de la seguridad pública y, las formas presuntamente participativas de los consejos de seguridad ciudadano. Aportamos dos casos que muestran las prácticas terroristas del capital privado, así como la connivencia de las instituciones locales con esas prácticas.

- En octubre de 2008, Patricio Vera denunció torturas, intento de asesinato y amenazas a su familia por parte de empleados de Arelauquen Golf & Country Club y miembros de la policía rionegrina que trabajan al servicio de esa urbanización cobrando adicionales, tal como lo dieron a conocer vecinos autoconvocados de Villa Lago Gutiérrez, Bariloche, y la propia víctima .

- En Noviembre de 2009, Rafael Boné, quien reinvidica la
propiedad de valiosas 40 has. en la Península San Pedro, denunció que fue secuestrado, amenazado de muerte, tortura y golpeado por un "grupo comando" que vestido con ropas militares y armas largas lo privó ilegítimamente de su libertad durante varias horas, al igual que a dos de sus ayudantes. Intervienen el juez Miguel Ángel Gaimaro Pozzi y el fiscal Guillermo Lista, ordenándose inicialmente la detención de cinco personas en la causa por privación Ilegitima de la libertad y tortura en concurso real. Extraoficialmente se conoció que cuatro detenidos son integrantes del personal de la empresa que presta la seguridad en Arelauquen. El quinto es el titular del Consejo Local de Seguridad de la ciudad Juan Ymaz, él mismo propietario de una fracción en la millonaria zona en litigio , a quien luego se lo excarceló aunque sigue ligado a la investigación.
Se determinó que siete personas identificadas y otras cuya identidad se desconoce llegaron al lugar del conflicto en camionetas de Arelauquen Golf & Country Club conducidas por guardias de seguridad del mismo establecimiento, privando forma ilegítima de la libertad y torturado a Boné y a Joel Maximiliano Contreras Velázquez. Los agresores utilizaban ropa militar tipo camuflage, armas de fuego tipo ametralladoras, Itacas, pistola 9 mm, cuchillos tipo "Rambo" y handy .

- En noviembre de 2007, la conducción del sindicato empleados de comercio de Bariloche habría contratado a ex policías y gente armada para que desaloje a una familia indígena de una ocupación tradicional de varias hectáreas en Villa La Angostura, Neuquén, (a cien km de esta ciudad) por el interés en una fracción. La familia Cándido-Copa resiste el desalojo y en el incidente resulta herido también Angel Figueroa, aparentemente el jefe de seguridad contratado por el gremio mercantil barilochense, según el caso que se investiga en la justicia ordinaria de VLA . Según la versión de un ex policía de Neuquén contratado para la operación, el sindicato de comercio a su vez contrató a policías retirados de RN para la seguridad del lugar.
A días de los tres crímenes en Bariloche, la conducción gremial del sindicato involucrado en el incidente de VLA participó de la marcha de respaldo a la policía de RN por el centro de la ciudad.



3. La provincia, el contexto, algunos antecedentes

La provincia de RN está gobernada desde 1983 por administraciones de la UCR ininterrumpidamente. En 1995 se produjo una profunda crisis que, desatada en enero de ese año ante los fuertes retraso en el pago de los salarios a los trabajadores estatales, es violentamente reprimida durante meses y sofocada a fines de ese año en virtud de un pacto de “paz social y gobernabilidad” entre el electo gobernador Verani y parte de las conducciones de los gremios estatales. Las manifestaciones de protestas recorrieron la totalidad del territorio provincial, con epicentro en Viedma, General Roca y Bariloche, aunque también con picos altos en Villa Regina, entre otros centros urbanos.
En ese momento, el ministro del Interior Carlos Corach aportó al gobernador Massaccesi fuerzas represivas federales las que intervinieron en numerosas oportunidades, permaneciendo apostadas durante varios meses. En medio de la violencia y represión constante, el debut de la BORA no alcanzó a ser analizado en profundidad. Retirada las fuerzas federales, la BORA persistió en forma larvada como expresión de las nuevas formas/instrumentos del que disponen los estados provinciales en el neoliberalismo, cuyos alcances recién ahora parecen percibirse en su verdadera y trágica dimensión.


• La Brigada de Operaciones de Rescate y Antitumultos (BORA)

Es una unidad de represión “especial” que opera en RN con varios cuerpos especializados y diferenciados, los que pueden advertirse en la práctica pero sobre los que no existe información pública ni control parlamentario conocido.
Esta unidad de choque fue creada por el decreto Nº42 de 1994 del reglamento de las Unidades Regionales de Policía, en dos artículos de la sección 3 del capítulo 3 Area de Seguridad. Textualmente dice: “La BORA será responsable de intervenir para el control de disturbios en grandes tumultos, motines y otras alteraciones al orden público, cuando haya sido desbordada la capacidad operativa normal, y en las operaciones especiales de rescate, salvamento, recuperación de instalaciones y/o patrullajes intensivos, y otras que se le asignen” (art. 50) y “Para el cumplimiento de las tareas asignadas se organizará por grupos especiales y conforme reglamentación específica” (art. 51).

Para el 2000, la cúpula de la Jefatura de policía consideró necesario algunos cambios, los que quedaron plasmados, dos años después, en el decreto 369 . Respecto al BORA, se mejoró el encuadre legal pero no modificó lo sustancial.
Hasta el presente mantiene vigencia el siguiente texto:
“Las Unidades Especiales, son agrupamientos de efectivos de particulares características y funciones, se diferencian por especialidad, tendrán por misión intervenir en todos los asuntos de carácter específico que tengan directa relación con el área de su incumbencia (art. 51).
La Brigada de Operaciones de Rescate y Antitumulto, será responsable de intervenir en las operaciones especiales de rescate, salvamento, recuperación de instalaciones y/o patrullaje intensivos, y otras que se le asignen y para el control de disturbios en grandes tumultos, motines y otras alteraciones al orden público, cuando haya sido desbordada la capacidad operativa normal (art. 52).
Para el cumplimiento de las tareas asignadas, se organizará por grupos especiales y conforme reglamentación específica. Su Jefatura será ejercida por Oficiales Jefes. (art.53)


En plena crisis de 1995, los estatales movilizados reclamaron precisiones sobre el papel de esta unidad. El entonces ministro de Gobierno Mario Zecca aseguró: “sirven para rescates especiales, incluidos los rescates en la cordillera –eso en Bariloche lo han visto hace poco-, de ninguna manera fueron creados para la represión” .
El 31 de mayo de ese año la BORA desaloja la sede central del Consejo Provincial de Educación (CPE) en Viedma, que estaba tomada por un grupo de trabajadores en protesta por la grave crisis que vivía la provincia y, a esa altura del año, con varios meses de demora en el pago de los haberes y con paro total de las clases.
Podemos anclar en ese momento el inicio de la escalada de violencia desatada por el gobierno provincial, desde el Estado en esta fase del modelo neoliberal, la que perduró en forma latente estos años. Ante el reclamo docente encabezado por la Unión de Trabajadores de la Educación de RN (UnTER) a comienzos de año pasado , la actual administración de Saiz anticipó la vocación represora que desató en junio en Bariloche.

- Caso 1 BORA en El Bolsón
A partir del asesinato de un remisero en esa localidad , a principios de setiembre del año pasado, se instaló “una camioneta negra de la BORA, sin ventanas traseras, con alrededor de diez hombres uniformados y equipados como para ir a una guerra, armados hasta los dientes, portando escopetas enormes, balas, revólveres. La camioneta comenzó a circular por las calles céntricas las 24 horas del día, lentamente, con las puertas traseras abiertas y entre dos o tres uniformados parados en su interior, observando desde allí a las personas que transitaban por veredas y calles, exhibiendo sus armamentos. A su vez, caminaban por las calles en grupos de tres, con escopetas y revólveres”.
Los trabajadores de la Subdelegación de Promoción Familiar de El Bolsón agremiados en ATE hicieron una presentación ante la Defensoría del pueblo de la Provincia , en el que hacen constar que:
- El 27 de septiembre a la madrugada, el joven Leonardo Medina fue detenido por la BORA al salir de un boliche, y un efectivo de dicha fuerza le cortó el lóbulo de su oreja derecha. Relató que demoraron cuatro horas en llevarlo al Hospital, donde le dieron cinco puntos. Esta situación fue denunciada por el damnificado, acompañado por el Dr. Raúl Prytula de la APDH, en la Fiscalía Nº 1 de Bariloche a cargo del Dr. Burgos.
- El joven Esteban Garrido de 19 años, mientras miraba carreras en el Club Hípico, fue detenido por la BORA, junto con un amigo que no se animó a denunciar. En el interior, fueron golpeados brutalmente, obligados a limpiar la sangre con sus camperas, y dejados en la ruta. Garrido fue trasladado al Hospital de Bariloche para hacerse una tomografía computada. Temían que le hubieran perforado el tímpano.
- La tercera víctima que denunció fue Gustavo Buchiche, a quien la BORA fue a buscar a su casa en el Barrio Obrero por una causa y fue brutalmente golpeado.

- Caso 2 BORA en desalojo de la comunidad mapuche-tehuelche Kospi en Fiske Menuco (General Roca)

La comunidad Kospi mantiene un conflicto con el Estado provincial y municipal de General Roca y una empresa privada por la usurpación y daño de una fracción del territorial ancestral que ocupan desde 1930 junto a la costa del río Negro, a ambos lados del curso de agua. La BORA interviene visiblemente a favor de las acciones de la firma urbanizadora Las Caletas en setiembre de 2008 , cuando aparecen escoltando al titular de la empresa con armas largas para iniciar una obra de defensa costera de 120 metros en un sector del territorio que ocupaba Kospi. Rosana Roja, miembro de la comunidad estaba en el lugar, debiendo enfrentar a cinco efectivos de la BORA y un patrullero. Exigió ver una orden judicial que avalara la intrusión, exhibiéndosele un papel sin valor legal. El caso se denunció penalmente ante la justicia ordinaria pero fue archivado sin encontrar delito.
El año pasado, la BORA tuvo una intervención decisiva para concretar el desalojo ilegal e ilegítimo de la comunidad de una fracción del territorio a favor de la empresa el 18 diciembre.
A las 7 de la mañana de ese viernes ingresan al lugar cuando no había nadie, ya que desde hacía meses habían dejado de pernoctar allí por la falta de garantías y de seguridad para la vida de las personas y de los bienes. Efectivos de la Bora rompen el candado e ingresan a la ruka. Alexis Roja Huenelaf (15 años) y Alan (12) como era habitual iban con el arreo de vacunos a ese sector del territorio; al llegar ven la puerta abierta y a desconocidos levantando un alambrado. Al mismo tiempo, los intrusos advierten la presencia de los muchachos y dos miembros de la BORA se dirigen a ellos. Los menores se refugian en la casa para protegerse, alcanzándoles a sacar fotos con los celulares y a avisar sobre el despojo. Van hacia ellos exhibiendo armas largas. Clausuran la puerta por dentro con una heladera en desuso; les patean la puerta que no abre. Finalmente, la BORA ingresa, golpea y amenaza a los muchachos. Liberados los menores, un centenar de policías –entre efectivos de la BORA y de la comisaría 67 de Stefenelli con jurisdicción en el sector en conflicto- bloquearon los accesos y el movimiento del área, quedando Rosana Roja, dos de sus hijos menores de edad (de 5 y 11 años en ese momento) y otras dos personas adultas a merced de la violencia del Estado por varias horas. En tanto, inútilmente don Mario Roja intentaba en el juzgado de la jueza Adriana Mariani detener la violencia policial y el desalojo.
La comunidad denunció penalmente la acción de la BORA en este caso también, especialmente en relación al ataque a los jovencitos, lo que fue archivado por la justicia local. Kospi insiste en la reapertura del caso y en ser reconocido como querellante .


- Caso 3 BORA en el Alto Valle durante la eclosión del 2001

En General Roca y en Cipolletti, durante las jornadas de protesta del 19 y 20 de diciembre de 2001, la policía común y la BORA dispararon gases lacrimógenos y balas de goma contra una movilización de 1500 personas que se manifestó en la primera ciudad en rechazo al plan político y económico de los gobiernos nacional y provincial. La represión dejó como saldo varios heridos y más de veinte detenidos.


- Caso 4 BORA en Villa Regina contra una madre y sus hijos
El 7 de marzo de 2006, Carina Santini (36 años por entonces) retiró a su hijo menor de la escuela en Villa Regina; cuando llegó a la casa de sus padres se encontró con un patrullero y una mujer policía que le dijo que tenía que ir al juzgado porque el juez quería hablar con ella. Ya en el despacho de Alberto Cariatore, titular del Juzgado de Instrucción Nº 20 de Villa Regina, éste le informó que llegó una orden de un juez de La Pampa para que restituyera a sus hijos de 9 y 4 años a su padre.
Tres días después, de madrugada, la BORA irrumpió en la casa de la familia de Carina. Varios encapuchados sujetaron a la madre y otros se llevaron a los chicos tapándoles la boca porque lloraban y gritaban. Llegó el juez Cariatore y, parado en medio de la casa, según relata Santini, le dijo: “¿Vio señora que se los podía sacar a los chicos?”
En un caso sin precedentes en la restitución de la tutela de menores intervino por primera la BORA en una celada a una madre, con un allanamiento realizado a las 5 de la mañana, cuando no había ningún motivo fundado para ese hecho excepcional. El acta de sentencia del Consejo de la Magistratura de la II Circunscripción , que entendió en el caso que destituyó al juez Cariatore, afirma que en el caso no se probó que la situación calificara los extremos para la intervención de la BORA que establece su norma de creación.


- Caso 4 Bora en Bariloche

En 2005, tras el asesinato de un taxista el entonces ministro de Gobierno de RN Iván Lázzeri anunció "están llegando 42 efectivos del BORA que se alojarán en la Escuela de Policía. Además se adelantará el operativo de la alta temporada y en pocos días se enviarán 60 efectivos más, lo que dará un total de 100 policías más en las calles. El sábado en horas de la mañana se inaugurará el destacamento en las 34 Hectáreas que funcionará de manera provisoria en lo que antes era Defensa Civil, con 12 policías en total y un móvil. La idea es también que el BORA se quede y que esté de manera permanente en la zona".

En 2008, se suscita en esta ciudad un conflicto con un plan de viviendas. En esa oportunidad, el juez Ricardo Calcagno dispuso el desalojo de los ocupantes de las 120 Viviendas. Víctor Cufré, por entonces jefe de la policía, aseguró que “la decisión del Calcagno todavía no se concretó porque la temporada invernal impide encontrar alojamiento para los efectivos del Grupo Bora que deben trasladarse desde distintas ciudades de la provincia hacia la región cordillerana” y que "lo que faltaba era personal especializado para el desalojo masivo de todo un barrio. Hay que tomar recaudos y analizar la forma en la cual se va a cumplimentar" .

En marzo 2008, efectivos de la BORA actuaron como auxiliares de los intereses de la empresa constructora Barrientos para el desalojo de un grupo de obreros de la vivienda que la propia empresa les había facilitado mientras realizaban la obra de seis suites en el hotel Llao Llao. En diciembre del mismo año el juez penal de primera instancia Lozada procesó a dos efectivos del Bora, Leonardo Gonzalo Rapimán García y Horacio Carlos Spirka, como supuestos coautores penalmente responsables del delito de violación de domicilio y usurpación. La defensa de los policías apeló, la Cámara de Bariloche revocó el procesamiento y el nuevo juez del caso Gaimaro Pozzi los sobreseyó.
Según una de las víctimas que integra esta Multisectorial, el 1 de marzo de 2008, aproximadamente a la hora 10.30, César Barrientos y Héctor Barrientos, junto a los empleados de la policía provincial afectados al funcionamiento del grupo BORA, los cabos Rapimán García y Spirka, vestidos con sus uniformes reglamentarios y en horario de servicio, se presentaron en el domicilio de Mitre 1160 de esta ciudad. Ese domicilio había sido cedido por Barrientos a cuatro obreros desde diciembre del 2007. Sin contar con autorización de sus ocupantes ingresaron al interior de la vivienda por la puerta de entrada. Los efectivos de la BORA despertaron bruscamente a sus ocupantes, los insultaron ordenándoles que se retirasen de la vivienda en forma inmediata. Mediante empujones y advertencias, y por indicaciones de César Barrientos, los policías tomaron los efectos personales de los obreros y los arrojaron hacia el exterior de la vivienda. Cuando los desalojados estaban en la calle César Barrientos cambió la cerradura, impidiéndoles el reingreso, despojándolos de esta manera de la posesión del inmueble. El caso quedó impune.

• La dirección de Análisis Delictivos del ministerio de Seguridad y Justicia en manos de un hombre del ex Batallón 601 del Ejército.

Durante por lo menos cuatro años el gobernador Saiz acudió al pensamiento y experiencia de Carlos Alberto Lorenzati, ex miembro de la SIDE y personal civil de inteligencia (PCI) del ex Batallón 601 durante la última dictadura militar, para tener un mapa del delito en RN. Al mismo tiempo, Lorenzati era investigado por el juez porteño Daniel Rafecas, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3, por su presunta participación en la represión ilegal en relación a tres centros clandestinos de detención del gran Buenos Aires.
El intendente de Roca Carlos Soria fue el primero en denunciar el pasado del entonces director general de Análisis Delictivos dependiente del ministerio de Gobierno, cuando al frente de la cartera estaba Iván Lázzeri. Después, la prensa informó que Rafecas lo investigaba, lo que permitió que Susana Diéguez, docente de Viedma, ex detenida, lo reconociera como uno de los autores de las torturas y vejaciones que sufrió en la clandestinidad.
Ante la negativa del gobierno a reconocer que tenía entre sus filas a un represor, el diputado provincial Pedro Pesatti (PJ) llevó el caso a la justicia. Este año Saiz finalmente cedió cuando el gobierno nacional desclasificó documentación y se difundieron las listas de colaboradores y colaboracionistas durante la dictadura, donde aparecieron tanto Lorenzati como Florido, otro PCI citando más adelante.
Recién el 20 de abril de este año Saiz firmó el decreto por el que da de baja a Lorenzetti como funcionario público. Esa medida nada dice ni sobre su incorporación ni sobre su presunta labor en el estado, desconociéndose sus actividades ordinarias, los documentos elaborados por él, con quiénes se reunieron y para qué, ni los alcances concretos que tuvo o tiene su paso por la gestión pública. Aún sin el represor, la dirección de Análisis del Delito continúa siendo una caja negra.



• Otros casos de graves violaciones a los DDHH

Por las víctimas, la prensa y los informes de la Defensora del Pueblo de la provincia tenemos conocimiento de numerosos casos, algunos de los cuales enunciaremos:
- David Moyano, asesinado en la Alcaidía de Viedma en noviembre de 2005;
- Asesinato a golpes del detenido Pablo Torres y las lesiones que sufrió José Yáñez el 20 de octubre de 2008 en la ex alcaidía de Roca. El cabo Ricardo Fabi, procesado y detenido por tortura seguida de muerte, severidades y vejaciones; los oficiales Marcelo Torres y Denis Maglione, procesados por omisión de evitar tortura seguida de muerte, severidades y vejaciones; y los agentes del Servicio Penitenciario provincial Luis Flores, Pedro Entraigas y Juan Serri, todos procesados por severidades y vejaciones juzgados en mayo de este año por la Cámara Criminal Primera, integrada por Carlos Gauna Kroeger, Mario Bufi y Margarita Carrasco .
- La Dirección de Derechos Humanos de Río Negro supuestamente realizó o realiza investigaciones sobre apremios ilegales cometidos por la Policía provincial y otras denuncias por violaciones a los DD. HH., según plantearon legisladores al conocerse un robo de archivos en esa dependencia en marzo de 2006 .
- Tres policías fueron procesados por la muerte de dos jóvenes en Mainqué. Esteban Pacheco y Norberto Lafuente, ambos de 21 años, fallecieron a raíz de las gravísimas quemaduras que sufrieron al incendiarse el calabozo de la comisaría de esa localidad, donde habían sido detenidos bajo sospecha de robo el 9 de febrero de 2007. Por "incumplimiento de deberes de funcionario público en concurso ideal con homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas" el juez Emilio Stadler procesó al entonces jefe de la comisaría, Mario Alberto Colil, y a los subalternos Jorge Bravo y Gastón Mozzoni, quienes al momento del incendio ocupaban los cargos de oficial de servicio y oficial de guardia, respectivamente .
- Desaparición de la joven Otoño Uriarte , la punta del iceberg de la trata de jóvenes en el cordón del Valle del río Negro.


• La policía rionegrina durante la última dictadura militar

Las violaciones a los DD.HH. en la región durante la última dictadura militar se investigan en los juzgados federal de Neuquén, ahora a cargo de la jueza Carolina Pandolfi, y de Viedma a cargo de la jueza Mirta Filipuzzi.

En el juicio por la verdad de Neuquén se investiga el papel policías de RN en su integración en grupo de tareas con personal del Ejército y de la policía federal; la utilización de comisarías de Cipolletti y Cinco Saltos como centros clandestinos de detención; y los secuestros y torturas de las víctimas de Contraalmirante Cordero, Cinco Saltos, Cipolletti , Fernández Oro y algunos de Neuquén.
A esa causa están vinculados, de acuerdo a lo que se conoce por los organismos de DD.HH. querellantes en la causa y la prensa:
- Enerio Gerónimo Huircaín, ex oficial de la policía de RN que revistaba en la comisaría de Cipolletti;
- oficiales Oscar Del Magro, Julio Villalobo, Saturnino Martínez y Miguel Ángel Quiñones por su intervención en la comisaría de Cipolletti, todos detenidos en 2008; al momento de su detención el subcomisario Del Magro se desempeña como secretario técnico del titular del Ipross, Alcides Pinazo ;
- ex comisario de Cipolletti, Antonio Camarelli, preso en la U-5 de Roca, ex jefe de la policía de RN durante el gobierno de Osvaldo Alvarez Guerrero ;
- ex comisario principal Desiderio Penchulef, a quien se le asigna responsabilidad en las detenciones de Pedro Justo Rodríguez y Roberto Aurelio Liberatore, cuando era jefe de la comisaría de Cinco Saltos ;
- Saturnino "Sato" Martínez denunciado por torturas a las víctimas secuestradas en la comisaría de Cipolletti; las denuncias lo situaron como el especialista en "submarinos".

En la causa que se lleva en Viedma son investigados policías rionegrinos en relación a las desapariciones y secuestros en la zona andina, Sierra Grande y Viedma. Incluye las detenciones ilegales de los sindicalistas gastronómicos Iván Molina y Germán González, ocurridas días después del golpe militar del 24 de marzo de 1976, los que permanecieron alojados en la sede de la Escuela de Instrucción Andina de Bariloche, exactamente en la cancha de pelota paleta del predio que operó como lugar de detención.
También la detención ilegal de un conocido librero de El Bolsón de apellido Levita, quien ya falleció. El propietario de la librería "La Estrella" estuvo privado de su libertad en forma ilegítima en la cancha pelota paleta y posteriormente liberado en Neuquén. La misma causa incluye la desaparición de Schwarst, quien fue detenido en Bariloche en 1978 y hasta ahora se encuentra desaparecido ; y la de Carlos Surraco, de Ingeniero Jacobacci, secuestrado el 4/4/78.
En este expediente están imputados los ex miembros de la fuerza provincial Sixto Navarrete, su hijo Elfio, Enrique De la Torre, Lobos y Codina por el secuestro y golpes a ex dirigentes de la UOCRA de Sierra Grande Daniel Avalos y Carlos Lima .

La superviviencia de algunos de estos hombres en los intersticios de la burocracia rionegrina y la impunidad , conforman y reproducen la ideología profunda de la “seguridad” y el “orden” que se revela en sucesos como los de Bariloche.


4. El Estado de RN ante los sucesos de junio del 2010

La posición en bloque fue de negación de la responsabilidad de la policía ante las muertes –y por ende del gobierno en ejercicio-, lo que se mantiene hasta el presente a pesar de lo demostrado en las causas en curso y al cúmulo de evidencias de los testimonios debatidos públicamente. Ante la gravedad de la situación institucional que representa, nos centraremos en analizar la versión oficial que expresó el ministro de Gobierno Diego Larreguy en el informe in voce a la Legislatura , en Viedma, el 8 de julio cuando ya se disponía de abundante y precisa información y no se podía argumentar imprecisiones por la falta de distancia del conflicto.


Algunas de las afirmaciones del ministro Larreguy

“Todas las decisiones, cuestionables o no, (las tomamos) en la convicción que a pesar del profundo dolor debíamos restablecer la paz social en Bariloche y garantizar los derechos colectivos de todos los ciudadanos, permitir a los familiares de las víctimas que sepultaran a las víctimas y que no volvieran los incidentes” (7’23’’ primera parte CD)

“La policía de RN históricamente se ha destacado por ser pacífica, no represora” (9’10)

“No podemos aceptar las livianas acusaciones que dicen que el caso de Diego Bonefoi fue un caso de gatillo gácil. Nosotros entendemos por gatillo fácil a una política de Estado instrumentada por la policía en función de lineamiento claros y precisos que este gobierno no sólo no comparte, sino que aborrece (…) El caso de Bonefoi es un caso aislado” (13’’)

(Sobre los fallecimientos de los otros dos muchachos) “Se nos informa que habrían vistos tumberas y pistolas de distinto calibre portadas por personas no identificadas” (15’ 32’’)

“Ni desde el ministerio ni desde la secretaría de seguridad se dio orden de reprimir a los manifestantes que se habían autoconvocados frente a la comisaría (….) por el contrario, el jefe de policía por cadena de mando dispuso que todo el personal ordinario lo hiciera desarmados a fin de evitar hechos lamentables” (18’)

“La BORA se constituyó por orden del jefe de la Regional III, siempre sin orden de reprimir” (18’ 45’’ primera parte) Las directivas (fueron) que el personal policial actuara sin portar armas reglamentarias. Toda la tarea de disuasión lo realizara el BORA (…) que trabaja con armas no letales (1 hora 06’’ segunda parte) Estando todos juntos, a la mañana (en Bariloche), el mensaje del jefe de policía fue que no se portaran armas reglamentarias…y que se utilizaran solamente armas antitumultos”.

“No ha habido ni habrá actitud de encubrimiento por parte de la policía (…) si ha habido responsabilidades individuales sobre estas dos muertes (36’ 10’’)

“No hubo orden de represión (fue una) medida excepcional a la multitud que pretendía acceder a la comisaría (1 hora 2’) No hubo orden de represión, nadie dio orden de reprimir a nadie” (6’ segunda parte) No existían ni existen instrucciones (…) para que se utilicen municiones letales frente a sucesos multitudinarios o manifestaciones sociales como las ocurridas en Bariloche” (19’ 30’’)

“El día 17 (de junio) nunca estuvo interrumpida la cadena de mandos (1 hora 03) no pasó en ningún momento en los episodios de San Carlos de Bariloche (…) No habiéndose interrumpido la cadena de mandos, el ministro de gobierno no tiene que abocarse a las facultades que tiene el jefe de la unidad regional” (20’ segunda parte, al preguntársele que medidas tomó las primeras 24 horas)


Nuestro análisis de las afirmaciones del ministro Larreguy

- Nos genera terror e inseguridad la noción de “paz social” del ministro fundada en el control armado de buena parte de esta ciudad y en la persecución política e ideológica que instrumenta el estado por distintos medios;
- Nuestros derechos colectivos cesaron en la práctica desde el 17 de junio al presente;
- La supuesta intención de que las familias pudieran velar y enterrar a sus muertos la desmoró el grupo BORA cuando el mismo 17, pasado el mediodía, acribilló a balazos el frente de la casa del muchacho hiriendo en un ojo al padre Sandro Bonefoi, situación que era más que conocida al momento del informe del ministro;
- Sobre el pasado pacífico y no represor de la policía de RN le sugerimos al ministro que repase el período histórico iniciado por el ex jefe de policía Ardanaz en los ’70, así como los antecedentes en el terrorismo de Estado de su ex colaborar Lorenzetti, así como la denuncia por enseñanza de métodos de tortura en la escuela de policía de Sierra Grande en los ’90;
- Esta Multisectorial tampoco acepta que el crimen de Diego Bonefoi haya sido un caso de gatillo fácil, que hubiera empezado y terminado con el cabo Sergio Colombil. No aceptamos chivos expiatorios del ataque armado contra una población desarmada en forma sistemática y continua por varios días.
- El caso Bonefoi no es un caso aislado ni en relación a los sucesos de este invierno en Bariloche, ni en relación a la política de persecución violenta contra los pibes de los sectores populares en el país por parte de las policías de distintas juridicciones;
- Es preocupante que, para argumentar, un ministro apele a rumores como el que lanzó respecto a la presunta presencia de tumberas entre los manifestantes. No existe ningún testimonio ni prueba seria en ninguna causa judicial sobre la presunta presencia de armas en manos de la población civil que resistió la violencia de Estado;
- Sostiene que jamás hubo orden de reprimir sino de impedir el acceso a la comisaría 28. De ser así, ¿quién y cómo pudo saber con varias horas de anticipación que los vecinos se auto convocarían ante la comisaría, disponiendo el apostamiento de la BORA en el lugar cuando estaba todo calmo? Si la defensa era de una comisaría, ¿por qué atacaron al vecindario durante día y noche hasta el sábado siguiente inclusive, llenando de plomo los frentes de varias viviendas particulares? ¿por qué realizaron una cacería de jóvenes por las calles de la ciudad?
- A más de dos meses del ataque, todavía no hubo una rectificación o intento por enmendar la falacia respecto a la ausencia de armas de fuego en mano de la policía, tampoco ninguna explicación sobre el pedido de préstamo de municiones de plomo a una empresa de seguridad privada con la evidente intención de inculpar a la sociedad civil y/o evitar la identificación de municiones oficiales en las víctimas;
- Respecto a la labor de disuasión de la BORA, es ejemplo de ello, además de las muertes de Sergio y Nicolás, el ataque a Mario Cayún a quien un efectivo de esa brigada quebró un brazo, lo apuntó con arma de fuego en la cabeza y torturó en el patio de un centro comercial, a plena luz del día.
- Si jamás estuvo interrumpida la cadena de mandos, ¿por qué días después se desplazó la cúpula de la Regional III? A la vez, si no estuvo interrumpida debemos entender que el gobierno en pleno convalida todo lo actuado desde el 17 de junio al presente, por lo que no fue un caso excepcional sino política de Estado, siguiendo la línea de razonamiento del propio ministro.


5. El Estado municipal ante los sucesos de junio de 2010

- El Ejecutivo local
El 17 de Junio ante el asesinato de Diego Bonefoi el intendente junto con parte de su gabinete se hace presente en el domicilio de la familia de la víctima, siendo apedreados por vecinos y echados del lugar. Al día siguiente, el intendente Marcelo Cascón se reúne con la cámara de comercio, sindicatos de comercio y con el cuerpo del Consejo Deliberante en su totalidad en el domicilio particular del concejal Alfredo Martin, mientras estaban cerradas las puertas de la sede oficial de gobierno. Desde la Multisectorial se denunció esta reunión por fuera del ámbito público y además se pedía la inmediata presencia del máximo responsable del gobierno de la ciudad con las distintas Instituciones mientras continuaba la represión y detención de personas.
El ministro Larreguy dijo ante la Legislatura que el intendente Cascón le aseguró que “si no retiran la comisaria 28 del barrio se contarán los muertos por docenas”. Damos por cierto ese diálogo ya que jamás Cascón lo desmintió. Es institucionalmente muy grave que un intendente que hiciera un diagnóstico tan alarmante haya desertado de su rol de conductor político local, ausentándose durante tres días.

- El CD de la ciudad
Los concejales tuvieron distintas posiciones ante el conflicto. Por una parte Silvia Paz, Alfredo Martín, Arabela Carrera y Darío Rodríguez Duch asisten el, 19 de junio a la primera asamblea de la multisectoriail que se realiza en la sala de prensa del centro Cívico, habilitada mediante la presencia de la subcecretaría de DD. HH. Gladis Cufré ya que las instalaciones públicas estaban vedadas para el pueblo de la Ciudad de Bariloche. Fue una participación más bien testimonial y circunstancial ya que no conocemos que hayan continuado reclamando activamente.
Otros concejales abiertamente participaron de las marchas de la policía en respaldo de los crímenes de El Alto, como ya indicáramos má

Comunicados de Prensa