El INADI expresó su respaldo al Juez Martín Lozada

El INADI expresó su respaldo al Juez Martín Lozada

También recibió denuncia de la APDH en relación al caso en el que intervino el Magistrado

La Delegación Río Negro del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI, y su Consejo Asesor, expresaron su conformidad con el fallo emitido por el Juzgado del Dr. Martín Lozada y que fuera posteriormente anulado por la Cámara 1ª del Crimen, en relación a la autorización de la interrupción del embarazo de la menor de la localidad de El Bolsón que fuera solicitada por la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro. Entre los aspectos salientes de la fundamentación destacaron la reciente Recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que expresa su "preocupación por la inconsistente interpretación por parte de los tribunales de las causales de no punibilidad contenidas en dicho artículo".

En la nota firmada por el Delegado Julio Accavallo, la Asesora Legal Nadina Moreda, la Secretaria de Prensa Verónica Montero y miembros del Consejo Asesor de la Delegación Ana Wieman de Arbol de Pie, Mara Bou de APDH Delegación Bariloche, Marta Bronstein de la Red por la Identidad, Luis Fernández integrante del Grupo Encuentro y Clarisa Montenegro coordinadora del Parlamento Mapuche; declararon su apoyo a la decisión de Lozada que acompañaron con la siguiente argumentación:

"En la Recomendación General Nº 002/07 'Discriminación en la atención sanitaria de casos de abortos legales y tratamiento postaborto' el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo remarca que el Código Penal de la Nación –ya desde el año 1921– contempla en su artículo 86 la no punibilidad de la práctica del aborto en casos de peligro para la vida o la salud de la mujer (inciso 1º) y cuando el embarazo sea producto de una violación o atentado al pudor sobre mujer idiota o demente (inciso 2º).

Sin embargo, estos abortos legales (como el caso que nos ocupa), no se realizan adecuadamente en la práctica médica cotidiana. Los médicos no siempre ejecutan los abortos legalmente permitidos en tiempo y forma, y en la mayoría de los casos solicitan autorización al Poder Judicial, aunque este procedimiento sea innecesario.

En coincidencia con los fundamentos expuestos en su fallo, el INADI también destaca que no existe norma alguna en todo nuestro ordenamiento jurídico que indique que deba pedirse autorización judicial para realizar un aborto no punible contemplado dentro del artículo 86 del Código Penal. Ningún caso requiere la intervención o autorización de ninguna autoridad judicial o administrativa para resolver sobre la conveniencia u oportunidad o sobre los métodos a emplear. Cualquier decisión que adopte el/la profesional de la salud deberá basarse exclusivamente en consideraciones fundadas en la situación de la mujer embarazada desde la perspectiva de la salud.

La judicialización de estos casos posterga el aborto hasta un estado más avanzado del embarazo y a veces lo hace impracticable, poniendo en mayor riesgo la vida y la salud integral de las mujeres que recurren, en la mayoría de los casos, al aborto clandestino, afectando derechos básicos universalmente reconocidos.

Por lo tanto, las prácticas que tengan por objeto o resultado evitar que la mujer ejerza algunos de sus derechos constituyen verdaderos actos de discriminación.

En el mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomendó recientemente al Estado Argentino lo siguiente:

'13. El Comité expresa su preocupación por la legislación restrictiva del aborto contenida en el artículo 86 del Código Penal, así como por la inconsistente interpretación por parte de los tribunales de las causales de no punibilidad contenidas en dicho artículo. (Artículos 3 y 6 del Pacto)

El Estado Parte debe modificar su legislación de forma que la misma ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas. El Estado debe igualmente adoptar medidas para la capacitación de jueces y personal de salud sobre el alcance del artículo 86 del Código Penal.' (destacado en original)

En consonancia con lo expuesto, reiteramos nuestro acompañamiento a la posición asumida en el fallo, coherente con su trayectoria en la defensa y promoción de los Derechos Humanos".


Denuncia de la APDH

En últimas horas de la tarde el Instituto recibió una denuncia por parte de la Delegación Bariloche de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en relación a los dichos vertidos por el Señor José Salinas, integrante de la organización Grávida Bariloche, sobre el origen de la menor a la cual se le practicó el aborto en la ciudad de Bariloche y que fueran publicados en diversos medios de comunicación de la región.

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