Carta dirigida al Gobernador de la provincia de Rio Negro, Sr. Carlos Soria - Multisectorial contra la Represión y la Impunidad de Bariloche

Carta dirigida al Gobernador de la provincia de Rio Negro, Sr. Carlos Soria - Multisectorial contra la Represión y la Impunidad de Bariloche

Desde Familiares de las Víctimas de Junio de 2010 y la Multisectorial contra la Represión y la Impunidad de Bariloche, les adjuntamos carta entregada el 14 de diciembre por mesa de entrada en Casa de Gobierno de la ciudad deViedma, dirigida al Gobernador de la provincia de Rio Negro, Sr. Carlos Soria, con copia a la presidencia de la legislatura de Rio Negro.

San Carlos de Bariloche, 10 de diciembre de 2011.



Sr. Gobernador de la provincia de RN
Don Carlos Soria
S/d

Desde la Multisectorial contra la Represión y la Impunidad de Bariloche y los Familiares de las Víctimas de Junio de 2010 nos dirigimos a usted en su carácter de máximo responsable del Poder Ejecutivo en Río Negro para que, en ocasión del recambio constitucional de gestión de gobierno, conozca directamente de las víctimas y sobrevivientes los alcances reales y cotidianos del dispositivo terrorista que se desplegó desde el propio aparato de estado, el que se mantuvo contra la población civil local hasta el día de la fecha con distintos alcances y magnitudes.
En libertad y conciencia nos conformamos como espacio de resistencia y lucha el 18 de junio de 2010, cuando no hacía 24 horas que el estado de Río Negro –a través de su brazo armado, la policía provincial- había asesinado a tres de nuestros jóvenes de los barrios más empobrecidos, dejaba más de veinte heridos y no sabíamos cuántos eran los secuestrados y torturados en comisarías y dependencia públicas de la ciudad.

Desde esa fecha quedaron virtualmente suspendidos los derechos y garantías públicas en buena parte de esta ciudad, en la que la fuerza policial instituyó un apparteid con el respaldo implícito de buena parte del poder judicial cuya morosidad representa un riesgo real a la vida y a la libertad. Los jóvenes sobrevivientes del ataque perpetrado con las armas y las balas del Estado son objeto de persecución, detención y torturas constantes por parte de bandas policiales, que actúan uniformados o encapuchados con la identidad encubierta. También las familias de los jóvenes asesinados sufren persecución policial y judicial en represalia a su rol de activos querellantes.

El gobierno de Río Negro que hoy entrega el poder formal fue partícipe directo del ataque terrorista a la población civil de la ciudad de Bariloche perpetrado el 17 y 18 de junio de 2010 afectando directamente a cientos de vecinos de los barrios de “El Alto”.
El gobierno en pleno con la intervención directa y personal del ex gobernador Saiz, el ex ministro de Gobierno Larreguy y el ex jefe de la Policía Villanova estuvo al frente, en la misma ciudad de Bariloche, de la decisión política y operativa del ataque.
En un año y medio el poder judicial sólo sancionó penalmente a un cabo de policía por la ejecución de un niño de 15 años de un balazo por la nuca la madrugada del 17 de junio. A ese único condenado el poder ejecutivo se encargó de tratarlo como un preso VIP, con trato diferencial, sin que la familia de la víctima tenga ninguna garantía sobre el efectivo cumplimiento de la condena. Un solo condenado mientras las fotografías y los videos muestran a docenas de policías disparando munición de plomo, apuntando a quemarropa a la población civil, baleando indiscriminadamente a las viviendas familiares, disparando a plena luz del día a metros de niños que salen y entran a una escuela pública.
El poder judicial, mayoritariamente en total sintonía con la necesidad de impunidad del ejecutivo, se ciñó (y bastante poco) a investigar solamente los crímenes de los tres muchachos: Diego Bonefoi (15), Nino Carrasco (16) y Sergio Cárdenas (28). Un solo condenado por Diego y los criminales de Nino y Sergio en plena actividad, probablemente en nuestra misma ciudad, hostigando a los familiares y cobrando adicionales durante nuestras marchas por Verdad y Justicia los días 17 de cada mes.
Jamás rindieron cuentas ante la justicia los responsables de la comisaría 28 que comenzaron la cacería humana, los responsables de la Regional III de la policía, ni la plana mayor de la Jefatura, ni el secretario de Seguridad Cufré ni el ex ministro Larreguy.
Jamás prosperaron las denuncias penales de tortura, detención ilegal de decenas de jóvenes, heridos por balas y gases policiales, allanamientos ilegales, tanto de los hechos cometidos en junio como los posteriores en represalia a nuestra lucha y movilización por verdad y justicia.
Está absolutamente probado por las pericias técnicas que la policía de RN fue la única que usó balas, que usó balas de guerra contra la población civil y que usó ilegalmente la munición antidisturbios. Decenas de efectivos de la policía ejecutaron una cacería humana que iniciaron la madrugada del 17 y la masificaron a buena parte de la ciudad por lo menos durante 48 horas. Es inadmisible la hipótesis del exceso policial o falta de profesionalismo: los propios videos y fotografías difundidos por la prensa muestran que el gobierno de Saiz hizo una demostración ejemplar de terrorismo de estado matando a tres jóvenes e intentando matar a una veintena a plena luz del día, ante niños y familias enteras y miles de testigos que seguían los detalles en vivo por TV. A su modo, el propio gobierno confirmó que no hubo ni errores ni excesos ya que jamás hizo el más mínimo intento de reparación a los sobrevivientes, respaldando y encubriendo en bloque a los homicidas.

El régimen de 28 años que formalmente culmina hoy incluyó en su herencia el ataque con armas de fuego desde el Estado de Río Negro a la población civil, absolutamente incompatible con la democracia y el estado de derecho. Así, la administración de gobierno que usted encabeza debe asumir también la responsabilidad institucional sobre el ataque: fue una decisión de Estado perpetrada por agentes públicos que permanece impune.

No nos alcanza con repudiar las muertes, las persecuciones y las torturas. Exigimos el inmediato y eficaz esclarecimiento y castigo, tanto a los autores materiales como a los responsables políticos e institucionales, así como todas y cada una de las medidas concretas que aseguren definitivamente que nunca más las muertes, asesinatos, represión vuelvan a ser la respuesta a un conflicto o reclamo social. Exigimos el firme e irrenunciable rechazo a la represión de las protestas populares y las acciones que llevan a cabo los habitantes de nuestro país en defensa de sus necesidades, sobre todo los más desprotegidos. Exigimos un "no" tajante a reprimir el derecho a la vida, a la lucha, la protesta, derechos esenciales de la vida política y democrática que estamos decididos a sostener y llevar cada vez más adelante. Es una obligación de todos sostenerlo para que no vuelva a ser quebrantado este principio en la Argentina, sea por fuerzas nacionales o provinciales, estatales o privadas, o proveniente de cualquier estrato del poder político y/o económico.

Esta Multisectorial y los Familiares reafirmamos nuestra decisión de continuar exigiendo:

- investigación de los autores materiales de los homicidios, intentos de homicidio, torturas y secuestros policiales de los días 17 y 18 de junio de 2010;
- investigación de la responsabilidad de toda la cadena operativa y de mandos de la policía de Río Negro;
- investigación del papel operativo que tuvieron el ex secretario de Seguridad Víctor Cufré y del ex ministro Larreguy;
- investigación y desmantelamiento de la BORA;
- investigación de la participación política de policías en actividad en la autodenominada “marcha por la seguridad en Bariloche”;
- apertura de los legajos policiales para que los represores no transiten impunemente por la provincia;
- creación de la comisión investigadora en la Legislatura.

Por verdad, justicia y memoria,

Multisectorial contra la Represión y la Impunidad de Bariloche
Familiares de las Víctimas de Junio de 2010

C/c Presidencia de la Legislatura de Río Negro

Comunicados de Prensa