Carta abierta al juez Miguel Angel Gaimaro Pozzi por Multisectorial contra la Represión y la Impunidad de Bariloche

Carta abierta al juez Miguel Angel Gaimaro Pozzi por Multisectorial contra la Represión y la Impunidad de Bariloche

San Carlos de Bariloche, 17 de octubre de 2011.


Carta abierta al juez Miguel Angel Gaimaro Pozzi



Sr. Juez de la causa por los homicidios de Nino Carrasco y Sergio Cárdenas cometido por el Estado de Río Negro:

Nos dirigimos a usted desde los Familiares de las Víctimas de Junio de 2010 y la Multisectorial contra la Represión y la Impunidad de Bariloche a 16 meses que el Estado de Río Negro impuso el terror durante 48 horas en buena parte de nuestra ciudad.
Elegimos la forma de una carta pública ya que los responsables institucionales del Poder Judicial al que usted pertenece parecen considerarnos un peligro público, por lo que cada 17 de cada mes disponen un cuerpo de custodia armada en sede judicial que impide y cercena nuestro legítimo derecho a la manifestación y reclamo en democracia.
Aunque es grave que nos impidan manifestarnos libremente frente a tribunales no vamos a quedar entrampados en hechos secundarios, ya que el corazón de nuestro reclamo y movilización es por verdad, memoria y justicia por los crímenes de estado perpetrados en junio del año pasado.

Queremos creer que existe la independencia de poderes en la provincia de Río Negro y que la protección a toda la policía que hace el gobernador Miguel Saiz no determina ni influye en su estrategia jurídica ni convicción por investigar y juzgar a todas y cada una de las personas que cometieron distintos delitos durante los hechos que segaron la vida de Nino y Sergio.
Aunque es una causa diferente que sigue su propio carril, no escapará a su análisis que existe una dolorosa relación de continuidad entre el crimen de Diego Bonefoi cometido por el cabo Colombil a las 4.30 de la madrugada; y el ataque a balazos a la población civil de las horas posteriores que causo unos veinte heridos - muchos con balas de plomo- y en particular las muertes Nino Carrasco y Sergio Cárdenas, unas doce o trece horas después.

Coincidió que desde la sentencia condenatoria del cabo Colombil en mayo de este año está trabada la investigación del expediente de los homicidios de Nino y Sergio, según conocemos por los familiares que son querellantes. Coincidió además que se aproximaron las fechas de las elecciones a gobernador y seguimos sin conocer avances en la investigación de fondo sobre los hechos, diferentes a las cuestiones del laberinto procesal.

Cada día de impunidad es un riesgo real, especialmente para los jóvenes y familias de El Alto, obligados a convivir con los partícipes directos del terrorismo de estado de aquellos días: los encontramos en la calle, en la guardia de tribunales, viviendo calle de por medio en el barrio, haciendo adicionales en comercios de Bariloche.
A la vez, desalienta nuestra esperanza de una justicia independiente la posible especulación y dilación de lo tiempos para que este expediente no avance hasta que asuman las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo surgidas de las elecciones recientes.
Todo tiempo a favor de la protección e impunidad de la corporación policial es contra nuestra necesidad y derecho de justicia y alivio institucional, ya que el daño causado es irreparable tanto en las vidas humanas como en la convicción de vivir libremente en democracia con los derechos y garantías plenas que consagró la Constitución Nacional y los tratados y pactos internacionales de derechos humanos y civiles.


Es inocultable que todo el sistema jurídico pretende negar la existencia de crímenes de estado en democracia. En este caso, los autores materiales de los distintos delitos contra la población civil fueron agentes públicos (los efectivos de policía de RN), al mando de funcionarios públicos (subcomisarios y comisarios de todas las unidades de Bariloche que intervinieron durante el operativo masivo del 17 y 18 de junio; jefe y subjefe de la regional III con asiento en Bariloche; jefe y subjefe de la policía de RN; secretario de Seguridad y ministro de Gobierno de la provincia) que a su vez responden a una legalidad institucional y constitucional ejercida por el titular del Poder Ejecutivo el gobernador Saiz. Decenas de agentes públicos, en vehículos oficiales con armas y municiones compradas con fondos públicos.


Sabemos que en una superficie de 9 cuadras a la redonda (cualquiera que vio la televisión por esos días pudo verlo) la policía de RN dispuso un cerrojo armado que no distinguió ni siquiera a los niños entrando y saliendo de la escuela a plena luz del día. En ese cerrojo armado intervino personal de distintos grupos y divisiones de policía.
Necesitamos que usted como juez nos diga quiénes eran, cuántos eran, dónde revistan actualmente, quiénes estaban al mando de los diferentes grupos operativos, cómo actuaron, quién tomó las decisiones operativas en el terreno, cómo impartían las órdenes, cuál es la legalidad de esas órdenes, en qué instrumentos y normas institucionales se fundaron esas órdenes, qué armas usaron, que municiones usaron, qué delitos se cometieron en esas horas además de los asesinatos de nuestros jóvenes, cómo describe y califica penalmente al conjunto de hechos violentos perpetrados contra la población civil y sus viviendas.


La pena de muerte no existe en Argentina. Sin embargo, la falta de sanción penal para los responsables por las ejecuciones públicas de Nino y Sergio, y el intento de homicidio contra decenas de personas, nos deja indefensos después de ese ensayo general de “limpieza social” y ataque armado por el simple hecho de estar/vivir/ser de los barrios de El Alto de Bariloche.

Apelamos a su responsabilidad personal e institucional ya que no escapará a usted que la impunidad de los sucesos de junio de 2010 son el caldo de cultivo para la consolidación y legitimación de gérmenes de escuadrones de la muerte, que hoy no se trasladan en Falcon verde.


Por otra parte, fruto de la movilización popular, en los últimos años en el mundo se avanzó en el reconocimiento efectivo de un “Derecho a la Verdad” para conocer cómo sucedieron los hechos. Así existe el derecho individual y colectivo a saber quién ha sido el responsable en cada caso, quien participó, quién se benefició, quién omitió responsabilidades. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que el derecho a la verdad pertenece a las víctimas y sus familiares y también a la sociedad en general. En eso fundamos nuestra petición pública en su condición de juez de la causa, independientemente de la condición de querellantes que tienen algunos de los familiares.


Los hijitos, las novias, las madres, las esposas, los hermanos, los heridos, los torturados, los vecinos aterrorizados, todos nosotros le requerimos a usted que responda a los mandatos constitucionales para los que fue designado y plasme con celeridad en el expediente una respuesta acorde a la gravedad de los sucesos de terrorismo de estado que la policía de Río Negro perpetró el 17 y el 18 de junio de 2010. La policía actuó con el total aval y conocimiento directo del propio gobernador Saiz presente en esta ciudad cuando la cúpula Larreguy-Cufré pergeñaba la operación de “limpieza” sangrienta, lo que como simples ciudadanos estamos en condiciones de deducir por los movimientos que hicieron.

Imaginará usted que muchas de nuestras vidas cotidianas fueron dañadas para siempre. Aún así, no nos resignamos a vivir en la injusticia. No olvidamos, no perdonamos, no negociamos.



Respetuosamente,

Familiares de las Víctimas de Junio de 2010
Multisectorial contra la Represión y la Impunidad de Bariloche

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