LA COMPLICIDAD DE LOS JUECES EN EL PLAN SISTEMATICO DE ROBO DE BEBES

LA COMPLICIDAD DE LOS JUECES EN EL PLAN SISTEMATICO DE ROBO DE BEBES

Telam, 31 de enero de 2012 |

Una testigo revela la complicidad de la justicia de menores para evitar restituir a hijos de victimas de la dictadura

Una juez de menores de Lomas de Zamora en la última dictadura militar rompió el documento de un nene de 9 meses para darlo en adopción y no devolverlo a sus familiares biológicos, según declaró hoy una testigo en el juicio oral contra los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, entre otros, por robo de bebés.

La asistente social María Felicitas Elías dio su testimonio ante el Tribunal Oral Federal 6 que juzga el plan sistemático para la apropiación de niños en la dictadura, ocasión en la que reveló que la magistrada también envió a tres hermanitos a un instituto porque sus padres eran "montoneros" y habían "desafiado" a la Constitución.

Estos fueron sólo algunos de los casos reflotados hoy por la asistente social Elías ante el tribunal, al detallar el mecanismo "perverso" con que se actuaba en casos de menores con padres víctimas de la represión ilegal.

Elías trabajó en el juzgado de la ya fallecida juez de menores de Lomas de Zamora, Marta Pons, y presenció cómo su entonces jefa rompió el documento de identidad que había llegado "en el pecho de Emiliano Ginés, un bebé de 9 meses que llegó al juzgado en brazos de un policía de la provincia de Buenos Aires".

"La juez sale de su oficina en ese instante, yo estaba ahí, dice quién es, se le informa, rompió el documento y lo tiró al tacho de basura", recordó al declarar como testigo la entonces asistente social del juzgado.

El bebé, con síndrome de down, fue internado en el hospital Sor María Ludovica donde falleció meses después, en vez de ser restituído a familiares biológicos.

Otro caso que recordó porque tuvo intervención directa fue el de los tres hermanos Ramírez, derivados al juzgado luego de que su mamá fue ametrallada por militares y su papá fue apresado.

"Los pedía una tía paterna, la visité y redacté un informe a favor de darle la guarda, pero la juez me llamó a su despacho y me dijo que no era lo que esperaba, que eran hijos de un paraguayo montonero que había desafiado la Constitución Nacional y no merecía recuperarlos", recordó sobre ese diálogo.

Los niños fueron enviados al Hogar de Belén, un internado donde la mayor sufrió abusos sexuales y recién pudieron reunirse con su padre en Suecia, donde se había exiliado, con el retorno de la democracia.

"Estuvieron estas viejas" contó además Elías que escuchó decir por teléfono a Pons, jubilada en 1984 y muerta en 1994, a su interlocutor, el entonces jefe de la Policía bonaerense, Ramón Camps.

La juez daba cuenta de la visita a su despacho de las Abuelas de Plaza de Mayo, Chicha Mariani y Estela de Carlotto, a principios de los 80: "Les dije que no tengo ningún chico de los que buscan", agregó.

"Los juzgados de menores de la época no tenían alzada, una decisión del juez definía el futuro hasta la mayoría de edad, era un modo de intervención perverso", agregó.

También contó que las Abuelas dejaron carpetas amarillas con datos y fotos de chicos buscados, entre ellos Emiliano Ginés, el bebé de 9 meses internado.

"Sobre él había un documento, que ella rompió, esto hacía factible saber quién era y cómo localizar a sus familiares", dijo la asistente social.

Otro de los casos fue el de Jorgelina Planas, entregada en adopción a un militar de San Isidro y cuyos datos estaban en las carpetas de Abuelas, pese a lo cual la juez no dijo nada.

La testigo reveló además que en al menos ese juzgado se sabía de centros clandestinos de detención durante su funcionamiento: "Hay gente detenida que está en la Cacha", escuchó decir una vez a Pons, por ejemplo.

Los jueces del tribunal quisieron saber si había vínculos entre jueces de menores de distintas jurisdicciones y preguntaron sobre otros empleados del juzgado, como el actual miembro del Tribunal Oral Federal 3 Guillermo Gordo, ex yerno de la magistrada y ex secretario de su juzgado en esa época.

"Trabajaba con nosotros en el juzgado, primero fue oficial mayor, luego secretario y el papá de Guillermo era general", contestó sobre el actual magistrado, al tiempo que indicó que "otro de los secretarios era Raúl Donadío, actual juez de menores" en el mismo distrito.

En la dictadura "había ciertos niños que merecían trato diferenciado y eso era no estar con sus familias por ser hijos de desaparecidos o detenidos, porque no merecían criarlos", concluyó.

Esta fue la segunda vez que Elías prestó testimonio judicial de lo vivido en el juzgado de Pons, adonde fue empleada porque la juez la conocía desde "el jardín de infantes" y había un vínculo familiar, como explicó cuando retrucó preguntas relativas a la falta de denuncia inmediata de lo que sucedía.

"Había un clima de terror, no había ante quien denunciar, la jueza rechazaba habeas corpus, hasta rechazó el de una chica que vivía al lado del juzgado, fue secuestrada y el padre saltó en ese momento la pared para pedir por ella", agregó.

La testigo ya declaró ante el juez federal Daniel Rafecas en la causa todavía abierta donde se investiga lo ocurrido con los hermanos Ramirez, tras el asesinato de su madre y la detención del padre a disposición del PEN.

Red por la Identidad de los Lagos del Sur

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