“Secuestros” de discos duros y amenazas por e-mail. "GUERRASUCIA.CL" contra MapuChe

“Secuestros” de discos duros y amenazas por e-mail. "GUERRASUCIA.CL" contra MapuChe

Desde hace cuatro años, abogados de Derechos Humanos y grupos vinculados a la causa MapuChe han sido víctimas de robos de computadores y hackeos a sus correos electrónicos y páginas web. Hasta ahora, las diligencias policiales han sido infructuosas en descubrir quién está detrás de los ataques cibernéticos.

Por Cristián Opaso

En junio pasado, poco después que el poeta Elikura Chihuailaf fuera nombrado uno de los garantes del acuerdo que puso fin a la huelga de hambre de cuatro Presos Políticos Mapuche, desconocidos hurgaron sus documentos y sustrajeron de su casa en Temuco (IX Región) su pendrive y un notebook, dejando otros valiosos elementos y su pasaporte. No era el primer intento de acceder a los escritos, declaraciones, planes y contactos que Chihuailaf guardaba en la memoria de su ordenador. Antes, desconocidos habían ingresado a la pieza donde trabaja en la casa de su hermana, pero huyeron al ser descubiertos por un morador.

En abril pasado, el sitio Memoria y Justicia (http://www.memoriayjusticia.cl), de Fabiola Letelier, abogada de derechos humanos, fue hackeado para cometer un fraude bancario y debió ser bajado del ciberespacio. Esa fue la segunda vez que a la hermana del asesinado canciller Orlando Letelier le intervinieron su sitio, y además, en el 2003, le robaron los discos duros de los computadores de una oficina que compartía con dos colegas.

Ambos casos se enmarcan en una serie de incidentes que desde 2002 han sufrido con sus computadores personas vinculadas a las causas de derechos humanos o del Movimiento MapuChe. A pesar de haber sido indagados por las fiscalías, con apoyo de Carabineros y de la Brigada del Cibercrimen de Investigaciones, todos los casos permanecen impunes.


TRAS LAS MEMORIAS MAPUCHE

En abril del 2002 fue robado en Temuco el equipo computacional de Mapuexpress, una de las más completas páginas de información periodística sobre el Pueblo MapuChe (http://www.mapuexpress.net). Con este hecho denunciaban en el mismo sitio los afectados, “se perdieron todos los archivos almacenados desde principios de 2000”, además de “antecedentes reservados de comunidades, organizaciones y dirigentes Mapuche, y registros sobre campañas nacionales e internacionales”.

Dos años después se reinició la racha de secuestros de discos duros, que nunca aparecen en el botín de los delincuentes comunes.

En noviembre de 2004, a la hora de colación, desconocidos descerrajaron la puerta de la Consejería Indígena Urbana de Santiago, ubicada entonces en calle Serrano, y sustrajeron las torres con discos duros de dos computadores, dejando atrás otros objetos valiosos.

Un robo similar sufrió en mayo de 2005 -a poco de haberse instalado en Temuco- el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, cuando les sustrajeron la torre de un computador con los registros de audio de los juicios antiterroristas que seguían de cerca los abogados José Aylwin y Nancy Yáñez.

En agosto del mismo año, desconocidos se llevaron del Instituto de Derechos Indígenas de la Universidad de la Frontera (Ufro) los discos duros de cuatro computadores; a uno de ellos se dieron el trabajo de sacarlo de la torre. Antes, ya habían sido sustraídas otras seis torres de computadores con sus discos duros.

Un mes más tarde se incendiaron las oficinas de la ONG Lonko Kilapán, en que laboraba el ex director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) Mauricio Huenchulaf, y un computador desapareció tras el siniestro. El hecho aún está siendo investigado, al igual que el robo de otro computador sustraído seis meses antes.

En diciembre fue el turno del Consejo de Todas las Tierras, cuando desde su sede -Lautaro 234, en Temuco- se llevaron dos discos duros, CDs, casetes y videos, dejando atrás otros equipos electrónicos. Dos meses antes, al werken Aucán Huilcamán le robaron un notebook en su casa y su libreta de direcciones en su camioneta.

A comienzos de 2006, desde las oficinas del Archivo General de Asuntos Indígenas de la Conadi en Temuco se llevaron la memoria que contenía información de las carpetas de los 1.918 títulos de merced entregados en el país, que estaba siendo digitalizada y transferida a un moderno sistema de archivo. Se denunció ante la Fiscalía y también se abrió un sumario interno, cuyos resultados aún se desconocen.


LAS CALAVERAS INVASORAS

Pero los grupos vinculados a las causas Mapuche y de derechos humanos también han sufrido el hackeo de sus páginas web, coincidentemente ambas con el mismo símbolo: las calaveras de la muerte.

A fines de 2003, el sitio del Instituto de Derechos Indígenas de la Ufro (http://www.derechosindigenas.cl) fue intervenido por desconocidos que reemplazaron sus páginas por otras que señalaban “mueran los indígenas”, “indios conchas de su…”. Así era el calibre de lo introducido.

Rubén Sánchez, entonces webmaster del sitio, recuerda que otra página “era un símbolo calavérico, de colores rojo y negro, que ocupaba la mitad de la pantalla”.

El año pasado, la Corporación Memoria y Justicia (MyJ) -creada en diciembre de 2002 por Fabiola Letelier y siete abogados litigantes en procesos contra Augusto Pinochet- recibió una calavera idéntica en el sitio http://www.memoriayjusticia.cl, donde se aloja información detallada relativa a “los juicios contra Pinochet en Chile”.

Pero lo más grave, recuerda la administradora del sitio, la periodista Maxine Lowy, ocurrió el 9 de abril pasado, cuando debieron cerrar la página (durante tres meses) tras recibir un mail que señalaba que “hemos sido informados de un sitio web falsamente representando al banco HSBC de Londres que está siendo almacenado por ustedes”, y firmaba Douglas Gilbert, encargado de la sección de investigación de fraudes de capitales de la entidad bancaria, que opera en Chile y otros 76 países.

En jerga técnica, el caso de “phishing” (pesca) que afectó a la página de MyJ consiste en utilizar un sitio vulnerable del ciberespacio para mandar desde allí, a través de una réplica exacta al original, miles de correos fraudulentos pidiendo las claves secretas para acceder a cuentas bancarias o tarjetas de crédito, hasta que alguien “muerde” el anzuelo virtual y digita los datos requeridos en el sitio falso, lo que permite a los hackeadores hacer giros o transferencias de dinero ajeno como si fuese propio. ¡Un asalto al banco sin pisar sus oficinas!

No es fácil saber de cuánto fue el botín obtenido, pero según Francisco Zamora, de Global Servicios Network, adonde se aloja el sitio de MyJ, “debemos deducir” que los hackeadores “lograron en parte sus objetivos”.

Pero ese “phishing” no fue el primero que afectó a un sitio chileno. Según Gerardo Raventós, inspector jefe del Grupo Delitos Financieros de la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones, hace un par de años comenzaron en Chile estos fraudes computacionales. Y agrega que si se detecta que el sabotaje se originó en Chile se puede perseguir judicialmente aunque se utilicen servidores en el extranjero, pero la resolución de esos casos es muy difícil y demanda mucho tiempo. El inspector afirma que sólo al identificar a los autores se podría esclarecer con certeza sus motivaciones y por qué se eligió esa página para montar el fraude cibernético.

Mauricio Morales, subinspector de la Brigada del Cibercrimen que por orden del fiscal Víctor Moya indaga el caso de MyJ -caratulado como infracción a la Ley Informática 19.223-, dice que “nada es seguro en Internet. Todo tiene su vulnerabilidad”, pero no descarta que el sitio haya sido intervenido intencionalmente.

Fabiola Letelier no duda que el hecho “evidentemente está ligado” con los contenidos de la página. Ella basa su afirmación en la serie de extraños robos sufridos en 2002 en la oficina que tenía en el séptimo piso de un edificio de calle Santa Lucía, en la capital. Los ladrones, que nunca violentaron la puerta y de los que no se encontraron pistas, primero se llevaron el disco duro de su computador, días después la CPU de su colega Raúl Osorio y volvieron por el notebook del abogado Adil Brkovic. El grupo de juristas emigró a una nueva oficina. Además, fue intervenido el correo electrónico personal de la periodista Maxine Lowy.


LAS INVESTIGACIONES INCONCLUSAS

Las indagatorias por estos hechos siguen en curso, aunque las víctimas dudan que lleguen a buen término. En el caso del robo de discos duros en la Ufro, efectivos del Laboratorio de Criminalística de Carabineros examinaron infructuosamente el sitio del suceso.

Según Alejandro Herrera, director de la entidad, el fiscal Jaime Pino -a cargo del caso- le informó que habían identificado a una “banda especializada en el robo de computadores que reducían en Santiago”. Pero Herrera duda de que se trate de delincuentes comunes, “sólo sustrajeron los computadores utilizados en un proyecto específico y no tocaron otros diez equipos de última generación que estaban en la misma sala”.

Donde sí hubo avances fue en la indagatoria de una amenaza de muerte recibida el 2003 por Daniel Salinas, director del diario “Renacer” de Angol (IX Región).

“Eres un socialista recalcitrante y amargado, cuídate y acuérdate que tienes familia. En tu pasquín publicas puras mentiras que dañan la imagen de una zona de trabajo y empuje. Te estamos vigilando, no toques lo forestal, porque te costará muy caro”, decía el correo electrónico.

El autor del mail lo envió desde su oficina en Santiago y fue detectado por la Brigada del Cibercrimen, por lo que el fiscal Luis Chamorro, de Angol, se declaró no competente, pero comentó a LND que se trataba de un caso “semijocoso”, y que víctima e imputado tenían problemas comerciales. Salinas niega esa versión y afirma que el amenazador “tenía vínculos con la extrema derecha de Angol”.


¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS?

El escaso avance que han tenido las diligencias policiales deja un amplio espacio para todo tipo de especulaciones sobre quiénes estarían detrás de esta especie de guerra sucia cibernética.

Chihuailaf describió su ánimo señalando: “En mi espíritu, lentamente se ha ido retirando la sombra dejada por la ‘visita’ nocturna. Mas el frío de los días de la dictadura me hace sentir un levísimo estremecimiento”.

Otros grupos afectados temen que hayan confiscado sus archivos computacionales amparados en las causas antiterroristas que involucran a algunos mapuches. La Ley 19.974, que regula las actividades de la Agencia Nacional de Inteligencia y de los servicios similares de las policías y FFAA, permite intervenir teléfonos, correos electrónicos o redes computacionales -con autorización judicial-, pero no faculta para ingresar ilegalmente a oficinas y secuestrar discos duros.

Tampoco descartan que detrás de esas acciones estén empresas y/o empresarios afectados por las movilizaciones mapuches, y hasta sospechan ser víctimas de la globalización de la “guerra preventiva” contra el terrorismo o potenciales amenazas a la seguridad.

Pueblo Mapuche