Pueblo Mapuche
Organizaciones preocupadas por estigmatización en las demandas Mapuche
Organizaciones preocupadas por estigmatización en las demandas Mapuche
El Gobierno chileno, a través de la Intendenta de la Región de la Araucanía, Nora Barrientos, presentó una querella criminal contra quienes resulten responsables del incendio que afectó al fundo Santa Rosa en la localidad de Vilcún, propiedad del empresario Eduardo Luchsinger. El subsecretario del Interior, Felipe Harboe, indicó que este tipo de delitos no ayudan a avanzar en los problemas con el Pueblo Mapuche, aunque no quiso adjudicar este ilícito a ningún grupo en particular, a pesar de existir un correo electrónico enviado a la prensa, en el cual la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) se adjudica el ataque.
Por Raúl Martínez / Radio Universidad de Chile
“Esto es un hecho que calificamos como grave, inaceptable, y lo que corresponde en un Estado de derecho es que el Ministerio Público siga adelante con la persecución tal como lo ha hecho hasta ahora. Cuando hay conversaciones destinadas a mejorar las condiciones de tranquilidad del sector que se ha aludido, obviamente representa un retroceso, no obstante que nosotros no podemos imputar responsabilidad a ningún grupo por el minuto, más allá del comunicado que se adjudica este atentado”, dijo Harboe.
En tanto, el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, también calificó como grave el incendio que afectó a la familia Luchsinger y aseveró que es un retroceso en otras investigaciones por similares causas.
“En este caso se habían adoptado medidas que estaban dando muy buenos resultados. Dos fiscales con dedicación exclusiva, coordinados por un fiscal regional, eso se va a mantener e incrementar. Si bien ha habido algunos resultados, esto es un retroceso. Estamos a la espera de los detalles del atentado, pero la señal clara es que no se va a tolerar ninguna impunidad. Por el contrario, se va a ser aún más severo en la persecución de los ilícitos”, afirmó Chahuán.
A pesar de que no se hizo una clara vinculación entre la Coordinadora Arauco Malleco y este atentado, el llamado “retroceso” , lo hechos igual preocupan a otras organizaciones mapuches que mantienen reivindicaciones territoriales en el sur de Chile.
Argumentan que este tipo de situaciones sólo ayudan a estigmatizarlos y permiten que se cree un ambiente para establecer la figura jurídica del ‘Incendio Terrorista’, como lo recordó el representante de Meli Wixan Mapu, Manuel Díaz Calfiu: “bajo ese aspecto ya han sido condenados varios hermanos, y el Gobierno de Michelle Bachelet continúa con esta tendencia de estigmatizar el conflicto mapuche bajo supuestos delitos que nunca han sido verídicamente determinados como realizados por mapuches. Sólo se testimonia la presencia de encapuchados que no se sabe cuál es su procedencia y de inmediato se incrimina a los hermanos de las comunidades, como en este caso de la CAM”, apuntó.
El dirigente de Meli Wixan Mapu declaró además que es necesario que el Gobierno escuche de una vez las demandas de los pueblos originarios ya que hasta ahora la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) ni tampoco el Consejo Asesor Presidencial para los Pueblos Indígenas lo ha hecho.
A esto se suma el historiador Matías Correa, del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, quien aseveró que el problema territorial en el caso de la familia Luchsinger es histórico y que este tipo de atentados llama la atención pues se trata de fundos custodiados por efectivos policiales.
“Me llama la atención la premura con que el gobierno declara ya quiénes son los culpables, que la Sociedad Nacional de Agricultura declare quiénes son los culpables. Es un sistema que viene aplicándose desde hace tiempo. En definitiva, yo creo que es una estigmatización de las organizaciones mapuches y con esto busca desestimar una legítima demanda territorial, cultural y política”, expresó Correa.
Las acciones del Gobierno ayer recibieron el respaldo político necesario desde la Alianza por Chile. El senador RN Alberto Espina calificó como un “acto terrorista” y no un ataque de "personas vinculadas al movimiento mapuche”, lo sucedido en Vilcún.
En tanto, el agricultor Eduardo Luchsinger, dueño del fundo Santa Rosa, durante la tarde de ayer, aseguró tener confianza en la querella interpuesta por el Ejecutivo para investigar los hechos y que determinen el paradero de los 12 encapuchados.
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Tácticas "antiguerrilla" y refuerzos planea Carabineros para aplacar zona Mapuche
General jefe de zona salió a terreno a fiscalizar y a evaluar los servicios de seguridad que están implementados. Fiscal especial ordenará en los próximos días allanamientos y registros de viviendas en comunidades más radicales.
Por P. Lezaeta, I. Fredes y H. Ávalos / Diario El Mercurio
Reestructuración de equipos especiales para que apliquen algunas tácticas del tipo "antiguerrilla", reforzamiento del contingente con personal de regiones vecinas y fortalecimiento del trabajo de inteligencia contra los focos de activismo duro son las medidas de contingencia que estudia Carabineros para la Araucanía, donde el incendio intencional de las dependencias del fundo de Eduardo Luchsinger, en Vilcún, agudizó la preocupación policial por la violencia en la zona mapuche.
Las mencionadas acciones fueron analizadas ayer durante las reuniones de contingencia encabezadas por el general director Eduardo Gordon, y en las que participaron los generales inspectores de la policía uniformada.
Según fuentes de la institución, la citada estrategia implica usar algunas tácticas "antiguerrilla", tales como el copamiento de zonas críticas, que irá ligado a misiones de acoso (en este caso policial) a los grupos más radicales, de manera de limitar al máximo sus movimientos hacia sus probables futuros objetivos.
Además, se buscarán nuevos canales de recolección de información de inteligencia para anticipar posibles atentados.
En esta línea, se dijo, también se intentará sorprender a los autores de ataques en flagrancia, y para ello se acentuarán, incluso, las vigilancias nocturnas.
Las citadas acciones, dijeron las fuentes, están a la espera de coordinaciones con el Ministerio Público, encargado de decretar diligencias tras las últimas acciones de fuerza.
Durante la jornada de ayer, el jefe de la IX Zona, general Mario Boqui, salió a terreno a fiscalizar los servicios actuales para luego informar sobre la situación real, y de esa forma afinar algunos detalles de la estrategia antes citada que estudia el mando de la policía uniformada.
En Carabineros no fue un dato menor, agregan las fuentes consultadas, que durante el ataque a un fundo en el sector de Pailahueque los autores se hayan identificado como "guerrilla mapuche". Este elemento llamó la atención a los policías de la zona, pues hablaría de una nueva etapa de preparación de grupos radicales.
Dieciocho causas
En Temuco, el fiscal Miguel Velásquez, designado para investigar los sucesivos atentados contra el agricultor René Urban y la quema de camiones en la Autopista de la Araucanía, se constituyó al mediodía de ayer en el fundo "Santa Rosa", donde tomó declaraciones al agricultor Eduardo Luchsinger, a su esposa y al cuidador del predio atacado.
Velásquez dijo que hasta ahora reúne 18 causas por ambos hechos. De ese total, precisó, en cuatro relacionadas con amenazas, daños y robos de animales en el caso del agricultor René Urban ya había condenados o imputados.
Y de la investigación por las quemas de seis camiones, registradas entre diciembre y marzo, especificó que en el caso del ataque incendiario a un camión forestal en el sector de Pidima (Ercilla) hay cinco imputados en prisión preventiva, todos mapuches, y que en los próximos días acusará a otras tres personas no mapuches pero integrantes de su red de apoyo, por su presunta responsabilidad en el ataque incendiario contra dos camiones en el sector de Chamichaco (Ercilla), registrado en la madrugada del 5 de enero último.
Velásquez anticipó que en los próximos días ordenará el ingreso y registro de viviendas, posiblemente en comunidades mapuches, en busca de autores de otros atentados similares.
El fiscal especial para la violencia en la zona agregó que dentro de su análisis investigativo se evalúa un eventual resurgimiento o rearticulación de la Coordinadora Arauco Malleco.
"La fiscalía a lo largo de Chile no tolera la impunidad, y en este caso, se habían adoptado medidas".
SABAS CHAHUÁN,
FISCAL NACIONAL
CAM reivindica ataque citando muerte de Catrileo
La comunidad mapuche de Yeupeco, vecina al fundo "Santa Rosa" e integrante de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), se atribuyó el ataque a través del siguiente correo electrónico enviado a Radio Biobío: "Los órganos de resistencia de nuestra Nación Mapuche han realizado una acción de justicia frente al despojo histórico de nuestra nación en contra de latifundistas que mantienen ocupado nuestro Wallmapu, territorio mapuche. A más de 7 meses del asesinato por la espalda del Weichafe Matías Catrileo, no existe la más mínima señal de justicia de parte del Estado de Chile, y no creemos que ésta venga de quien nos golpea cotidianamente y que continúa actuando contra nuestras comunidades. Frente a acciones de este tipo, y en vista de que la justicia no se vislumbra por ninguna parte para nuestra Nación, nos reservamos el derecho a responder a las agresiones de parte de agentes del Estado".
Fiscal habla de las redes de apoyo a la CAM
En la investigación global de las bandas armadas que atacan propiedades agrícolas en Arauco y Malleco -escenario del conflicto mapuche- el fiscal de la Araucanía Francisco Ljubetic admitió que han detectado la intervención de ultraizquierdistas, anarquistas, agitadores extranjeros y ONGs.
Citó el caso del grupo de militantes del MIR integrado por la documentalista Elena Varela, investigado en Rancagua por dos robos con violencia destinado a reunir dinero para financiar el movimiento indigenista.
Ljubetic recordó que la participación de los anarquistas en la causa mapuche ha sido reivindicada en los panfletos hallados en la mayoría de los 70 atentados explosivos perpetrados en la Región Metropolitana.
Y en la destrucción del campamento forestal Mininco de Lumaco -dijo- los testigos coincidieron en que el sujeto que dirigió el ataque incendiario hablaba con acento peruano o boliviano.
Ljubetic explicó que la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), la más radicalizada que reivindica la propiedad de la tierra y el gobierno autónomo, es una organización de hecho y por tanto quienes aparecen como sus dirigentes no pueden ser perseguidos legalmente sólo porque ejercen tales cargos.
En su análisis, el fiscal de la Araucanía reconoció que la CAM tiene voceros públicos y cabecillas clandestinos para reemplazar a aquellos que son imputados de delitos y llevados a juicio. Esta organización mapuche tiene redes nacionales y extranjeras de apoyo, y ayuda económica de ONGs. Mencionó al Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, el cual le proporciona abogados defensores.
Ljubetic hizo ver que los tribunales han elevado los estándares de calidad a las pruebas presentadas por su fiscalía en los juicios vinculados a la violencia mapuche, respecto de otros delitos comunes.
Gobierno invoca Ley de Seguridad Interior del Estado
El Gobierno, a través de la intendenta de la IX Región, Nora Barrientos (PS), invocó la Ley de Seguridad Interior del Estado en la querella que interpuso contra quienes resulten responsables en su calidad de autores, cómplices o encubridores del atentado armado e incendiario al predio del agricultor Eduardo Luchsinger.
"Se hizo porque hubo una grave alteración al orden público... No tenemos antecedentes para invocar la ley antiterrorista", agregó Barrientos respecto de la calificación jurídica de los hechos. Insistió que tampoco tenía antecedentes para relacionar a grupos mapuches con el ataque. "No podemos decir a priori que aquí hay personas de la etnia mapuche o no. La investigación arrojará ese resultado, y, como siempre, esperamos que sea acuciosa, rápida y con resultados a la brevedad", dijo.
EN CIFRAS
10 años
de operación tiene la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
115 atentados
a predios forestales se ha adjudicado la CAM en las regiones de Biobío y la Araucanía.
49 suman
los ataques incendiarios a vehículos y personas.
39 tomas
de terreno ha encabezado la CAM en la zona del "conflicto mapuche".
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