Jueza y fiscal chilenos avalan tortura y montajes policiales a Mapuche

Jueza y fiscal chilenos avalan tortura y montajes policiales a Mapuche

Nueve años de cárcel por los supuestos delitos de incendio y porte de armas solicitó el 14 de marzo de este año en Nueva Imperial (Región de la Araucanía) la fiscal Vania Arancibia contra los presos políticos mapuche Héctor Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco y el comunero Roberto Painemil Parra. La negativa de la jueza Claudia Sánchez Slater a acoger denuncias de tortura que invalidarían los cargos, y la citada acusación del fiscal ilustran el funcionamiento de los tribunales chilenos en juicios de indígenas. Justamente por este tipo de hechos se está pidiendo una visita a terreno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para comprobar la “manipulación y el hostigamiento del Estado y la justicia” utilizados contra luchadores sociales que defienden su derecho a la tierra o su facultad de elegir su propio modelo de desarrollo. Los peticionarios fueron José Aylwin y Adolfo Millabur, co-director del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas y alcalde de Tirúa, respectivamente, el pasado 10 de marzo en Washington, durante el 131º período de sesiones de la entidad dependiente de la OEA.

Por Lucía Sepulveda

La jueza de garantía Claudia Sánchez desestimó de hecho en la audiencia pública la denuncia de tortura formulada ante ella por el preso político mapuche Roberto Painemil Parra, acogiendo en cambio una declaración que había sido suscrita por él horas después de ser detenido por un grupo paramilitar en diciembre de 2006. La magistrada negó la libertad condicional para ambos encausados, que pasaron más de un año en “prisión preventiva” sin ser llevados a juicio oral, pero fueron sindicados en la prensa como autores del atentado incendiario contra maquinaria de Forestal Mininco, ocurrido en el fundo Las Praderas el 25 de Diciembre de ese año. La audiencia preparatoria del juicio oral, a realizarse en Temuco, será probablemente el 18 de Abril. A partir de entonces, habrá un plazo mínimo de 45 días y máximo de sesenta.

Incendio y porte de armas

La fiscal Arancibia –representando los intereses de la poderosa Mininco y de la Intendencia de Cautín- los acusó de los delitos de incendio y porte de armas. Sin embargo, horas antes del citado atentado incendiario, Painemil había sido entregado a carabineros por un grupo de civiles armados con escopetas. La acusación contra él sólo se sustenta en una confesión obtenida bajo tortura, en la que también Painemil inculpó a Héctor Llaitul. Pero el procesado se negó a ratificar su confesión ante la jueza.

Por su parte, Héctor Llaitul, de profesión asistente social (Universidad de Concepción), quien se encontraba en la clandestinidad por la persecución judicial contra la Coordinadora Arauco Malleco, fue capturado en Concepción el 22 de febrero de 2007 y formalizado sobre la base de los dichos iniciales de Painemil. En el caso de Llaitul, la acusación actual de porte de armas no se sostiene, pues en Concepción, en el juicio oral realizado en agosto de 2007, ya fue sentenciado por el juez Adolfo Cisternas con una multa equivalente a 55 días de prisión – ampliamente cumplidos- porque al ser detenido portaba ilegalmente una pistola Taurus, debidamente inscrita. No se le puede juzgar de nuevo por el mismo delito.

La acusación de la fiscal Arancibia se conoció el 14 de marzo, apenas cuatro días después que José Aylwin denunciara ante los comisionados de la OEA que en la zona mapuche los asesinatos de jóvenes mapuche y las denuncias de trato degradante (tortura) y violencia policial excesiva competen a la justicia militar, por lo cual los responsables permanecen en la impunidad.

Aylwin fue el primero en conocer en febrero de 2007 las denuncias de Painemil, quien fue torturado por varias horas en la Comisaría de Cholchol. Se le obligó a firmar documentos redactados por los interrogadores, los cuales fueron entregados a la fiscal Vania Arancibia. Fue así como Painemil se autoinculpó del atentado incendiario, incriminando también bajo amenazas y golpes, a Héctor Llaitul Carrillanca, mapuche-huilliche, a quien no conocía.

Un año detenido sin defensa

Painemil estuvo preso todo el año 2007 en la cárcel de Lautaro, luego de ser formalizado por la jueza Karina Rubio que lo dejó en prisión preventiva durante todo el año que durara la investigación. En diciembre pasado debía haberse realizado la primera audiencia pública. Fue suspendida porque Jaime López, el defensor tardíamente asignado por el tribunal, no se presentó. Nuevamente se suspendió la audiencia “por exceso de trabajo” el lunes 7 de enero de este año, en medio de la conmoción provocada por el asesinato de Matías Catrileo (ocurrido el 3 de enero) y cuando toda la comunidad Yeupeko Filcún (Vilcún) y los grupos de apoyo de los presos políticos se alistaban para hacerse presentes en Nueva Imperial. En la tercera fecha fijada, el 11 de enero, la audiencia tampoco se realizó, porque no había traductor, y Painemil declara en mapudungun.

El abogado López no visitó oportunamente a Painemil ni pidió su libertad en todo ese período. Finalmente este inculpado logra comparecer el 18 de febrero de 2008 ante la jueza Sánchez Slater, y ratifica en la audiencia pública lo que ha declarado a organismos de derechos humanos, sobre haber sido sometido a tortura en el retén policial. No hubo prensa en la audiencia, y sólo se autorizó el ingreso de familiares de los inculpados. Pamela Pessoa, esposa de Héctor Llaitul - y madre de sus cuatro hijos, Lautaro(13), Lincoyam(12, Neyen(10), y Pelentaro (4) - escuchó a Painemil declarar ante la jueza que él fue golpeado en múltiples ocasiones en el estómago y el corazón, que le torcieron los brazos, y que jamás se le leyeron sus derechos ni se le presentó abogado defensor alguno.

Señaló asimismo Painemil ante la magistrada, que había sido obligado a acusar a "el Negro", supuesto apodo de Héctor Llaitul. Al responder las preguntas del abogado Ricardo Cáceres, defensor público de Llaitul, Painemil negó haber conocido previamente al dirigente mapuche.

En la audiencia siguiente, el 4 de marzo, ambos abogados pidieron el cierre de la investigación y la libertad de sus defendidos, pero la jueza Sánchez sólo aceptó lo primero, de manera que la Fiscalía presentó el 14 de marzo la acusación.

Para poder seguir el juicio, Pamela Pessoa debe trasladarse a Imperial ya que vive en Ranquilhue (Tirúa), sector lago Lleu/ Lleu, uno de los epicentros del conflicto chileno-mapuche. Ella solidarizó activamente con la huelga de hambre de Patricia Troncoso Robles y otros presos políticos mapuche, entre los cuales estaba su propio marido. Héctor Llaitul permaneció 81 días sin ingerir alimentos, en apoyo a las demandas de libertad de todos los presos políticos y el cese de la represión a las comunidades.

Civiles armados y carabineros

En la declaración difundida en octubre pasado por el Comité de apoyo a los Presos Políticos Leftraru, Painemil denunciaba que su detención fue practicada por un grupo civil. Según informó la prensa local en su momento (Diario Austral, 26 de diciembre de 2006), se trata de una “Junta de Vigilancia” organizada por el mayor de carabineros de la Cuarta Comisaría de Nueva Imperial, Jorge Aguirre. Painemil estaba en su camioneta cuando, según afirma, fue rodeado “por un grupo de civiles que me decían andas robando, eres un ladrón; revisaron mi camioneta y dijeron ‘aquí hay armas’. Yo nunca anduve con armas y ahí me tenían, ellos andaban todos armados con escopeta, rozón y palos. Y por fin llamaron a carabineros…que me iban a buscar otra vez y me llevaban a otro rincón del patio, me torcían los brazos y me decían que cooperara con la justicia. Luego me volvían a meter en el calabozo, me sacaban fotos, me filmaban, después me sacaron otra vez y me encerraron en el baño que estaba cerca del calabozo, ahí quedé con uno solo que me empezó a palmetear en la cara. Eran como 6 o 10 personas que me tenían castigándome, venían unos después de otro y así me encerraron como tres veces en el baño, era un baño chico y una vez trajeron como una maquinita, no sé bien lo que era, pero tenía unos cables y me la mostraban y me dijeron ¿usted sabe lo que es esto? Yo tenía mucho miedo, tiritaba, me decían que hablara o me iban a fundir en la cárcel y mi familia la iba a pasar muy mal. Ellos corren peligro, me decía uno. Yo vivo con mi mamá y papá, ellos son personas mayores, mi mamá está enferma, me decían que iban saliendo a mi casa y que iban a amarrar a mi mamá, la iban a esposar y a mi papá igual.”

A más de un año de ocurridos estos hechos, otro grupo paramilitar entra en escena, ahora en la comuna de Ercilla.

Paramilitares incendiarios

En la mañana del 3 de marzo pasado, según denunciaron representantes de la asediada comunidad mapuche de Temucuicui, comuna de Ercilla, un atentado incendiario afectó 45 hectáreas de bosque nativo y pino insigne y la casa de un comunero. Aseguran que el incendio fue provocado por un grupo de particulares armados que ingresaron a la comunidad junto a efectivos de Investigaciones y se retiraron precipitadamente cuando se declaró el fuego. CONAF se negó a acudir a apagar el incendio. Los grandes medios no informaron del hecho.

Sostienen en su declaración los comuneros: “Queda claramente demostrado que muchos de los incendios y quemas de propiedades privadas y predios forestales de las que se nos acusan son intencionales (realizadas por agentes del estado o los mismos propietarios), provocando y justificando la persecución de dirigentes y comuneros que nada tienen que ver con estos hechos, pero sí con apoyar la justa lucha reivindicativa que lleva adelante nuestro Pueblo-Nación Mapuche.”

El caso de Temucuicui también fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como una evidencia del hostigamiento y la violencia policial de que son objeto mujeres, niños, ancianos y luchadores sociales mapuche, en allanamientos en los que la policía utiliza helicópteros y armas de guerra, en ocasiones para acusar de abigeato a los comuneros. El propietario del fundo Montenegro, René Urban Pagnard, colindante con la comunidad Temucuicui cuenta con permanente protección policial que incluye un helicóptero, fuerzas especiales y vehículos policiales. Urban ha logrado que los miembros de la familia Huenchullán Cayul, sus vecinos más próximos, sean objeto de permanentes detenciones y amedrentamientos, cuando circulan por el camino público que separa ambos predios. A esto se agrega ahora la presencia de grupos paramilitares que pueden generar situaciones de grave riesgo para los habitantes de Temucuicui, como ya se vio en el incendio reciente.

Pueblo Mapuche