Huellas de la Campaña del Desierto

Huellas de la Campaña del Desierto

Desalojos con quema de viviendas, matanza de animales y centenares de familias golpeadas. Operativo con cien soldados en plena dictadura, con robos y la detonación con explosivos militares de hogares indígenas. Prácticas de tiro y ejercicios de combate sobre cementerios de comunidades originarias. Esas son algunas de las acciones ejecutadas por el Ejército argentino desde su llegada a Puelmapu (espacio ancestral mapuche al este de la Cordillera), cuando la región ya estaba habitada por el pueblo Mapuche. En el Día Internacional de los Derechos Indígenas, representantes de comunidades de Chubut, Río Negro y Neuquén relatan los conflictos que mantienen a más de un siglo de las campañas de exterminio. La disputa incluye trece mil hectáreas, donde viven 2800 familias.

Por Dario Aranda

Un siglo después de la Campaña al Desierto, comunidades de Chubut, Río Negro y Neuquén aún mantienen conflictos territoriales con el Ejército. El enfrentamiento incluye 2800 familias, trece mil hectáreas y una reparación histórica por los crímenes cometidos. Un dato del mundo al revés: todas las comunidades están denunciadas por “usurpación” del espacio donde siempre vivieron.

Francisco Nahuelpán fue uno de los guías del gobierno argentino para demarcar los límites patagónicos del país, en 1855. Escritos documentales dan cuenta que fue clave para que la zona de Esquel, oeste de Chubut, fuera reconocida como parte de Argentina y no de Chile. Por esa tarea, en 1908, un decreto presidencial le otorgó 22.000 hectáreas a su familia y otras ocho comunidades. Pero en noviembre de 1937, previa avanzada de grandes hacendados y poder político, el Ejército quemó viviendas, golpeó a hombres y mujeres y mató animales. Desalojó a más de 300 familias con décadas en el lugar. La comunidad Prane, que nunca había dejado de denunciar el desa-lojo, volvió a sus parcelas en 1950. Desde entonces, la historia se repite periódicamente: desalojos, represión, ocupaciones militares y matanza de animales.

Una fotografía muestra tanques del Ejército y soldados con armas largas que avanzan sobre la chacra comunitaria. Enfrente hay mujeres, niños, ancianos y jóvenes a caballo dispuestos a resistir. Fechada en 2001, fue la última gran acción militar sobre la comunidad mapuche-tehuelche Prane, en la denominada Legua 4, a 17 kilómetros de Esquel, 2500 hectáreas de gran valor inmobiliario.

Cipriano Prane tiene 90 años, una casa humilde y rasgos claramente originarios. “Los hermanos vivieron aquí durante años, mucho antes de la invasión militar del ’37”, aclara el lonko. A su lado, Ana Prane, vocera de la comunidad, explica que desde hace setenta años mantienen un conflicto con el destacamento local, con intimidaciones permanentes y denuncias judiciales. “La represión y despojo de 1937, que dio origen a esta situación, tiene víctimas y victimarios. Y aún sigue impune”, recuerda Ana Prane, vocera de la comunidad.


Robo y explosiones

Junio en la Cordillera. Frío y viento. Mientras las mujeres estaban solas con sus hijos, un centenar de soldados ingresaron en la comunidad Ranquehue y destruyeron las viviendas de madera. La casa más antigua, construida por las manos del primer lonko, fue literalmente dinamitada frente a los ojos de sus habitantes, que observaban amenazados a punta de fusil. Los militares cargaron los restos, maderas, chapas, muebles, animales y todo objeto de mínimo valor y huyeron hacia el regimiento. Las catorce mujeres con niños quedaron a la intemperie, con cincuenta centímetros de nieve y viento cordillerano. Era el año 1979, y los mapuches de Bariloche también eran víctimas de la dictadura militar.

“Sólo nos quedaron algunas chapas y cueros de animales. Con eso pasamos el invierno. Yo tenía 20 años y fue trágico ver a mis abuelos llorando, despojados del trabajo de generaciones”, recuerda Marta Ranquehue, que permanece en el mismo sitio que sus ancestros, paraje Virgen de las Nieves, ladera del turístico Cerro Otto, a minutos del centro de Bariloche, predio de millonario valor económico. Padecieron otro desalojo en 1983, pero resistieron en el lugar. Las intimidaciones (robo y matanza de animales, prácticas de tiro y simulacros de combate a metros de las viviendas) se suceden desde la vuelta a la democracia. En diciembre de 2007, el Ejército destruyó sembradíos, cavó trincheras y jugó a la guerra.

La familia Ranquehue llegó al lugar en 1850, cuando Río Negro no era provincia y el mapuzungun (lengua mapuche) era el idioma más hablado en el sur del continente. Cuatro décadas más tarde llegaron las familias Gualmes, Báez, González y Díaz. Luego de la última dictadura, y acción del Ejército mediante, sólo permanecieron los Gualmes y Ranquehue, aunque un fallo judicial de 2001 ordenó su desalojo.

Las 514 hectáreas de la comunidad figuraban legalmente como propiedad de Parques Nacionales, que las cedió al Ejército en 1937, año en que comenzaron los desalojos. “La Constitución nacional y el Convenio 169 de la OIT nos reconocen como legítimos poseedores. Parques Nacionales no tiene competencia legal para ‘ceder’ ni un metro de su supuesta tierra. Y el Ejército no cuenta con título de propiedad, por lo cual no tiene sustento el juicio que nos inició por ‘usurpadores’. Por todo esto, el Estado está violando nuestros derechos más básicos”, explica con firmeza Marta Ranquehue, abuela de cuatro nietos, que aprendió legislación indígena a fuerza de invasiones verde oliva.


Territorio recuperado

La Corporación Interestadual Pulmarí (CIP) fue creada en 1987 con el objetivo de administrar de forma sustentable 112 mil hectáreas, con una gradual restitución al Pueblo Mapuche, y lograr la promoción de las comunidades cercanas. “Nada de eso se cumplió. Funcionó como un kiosco inmobiliario, entregando concesiones de manera arbitraria a los amigos del poder. Ofreciendo territorio ancestral al mejor postor”, denuncia Verónica Huilipán, vocera de la Confederación Mapuche de Neuquén, que hace trece años comenzó un proceso de recuperación territorial. Nueve comunidades, 2800 familias, ya volvieron a 70 mil hectáreas de Pulmarí, incluidas diez mil hectáreas reclamadas por el Ejército.

El predio Pulmarí está ubicado en el departamento neuquino de Aluminé, a 350 kilómetros de la capital provincial. Zona de lagos paradisíacos y apta para el desarrollo turístico, forestal y agropecuario. Un cementerio indígena y trabajos de arte ancestral en piedras confirman la preexistencia indígena. Fueron apropiados por el Estado luego de la Campaña al Desierto y una de las mayores estancias, trasferida al Ejército.

La Corporación Pulmarí es manejada por el Estado nacional y provincial. Durante años, las comunidades denunciaron que la CIP entregaba tierras a empresarios en lugar de indígenas. En 1995, la Confederación Mapuche comenzó el proceso de recuperación. La acción incluyó zonas cercanas al casco de la estancia que ocupa el Ejército, lo cual incrementó el hostigamiento militar. Huilipán recuerda que durante años solicitaron auditorías por la entrega de tierras, pero nunca hubo respuestas. Hartos de esperar, cuando iniciaron la vuelta a su tierra, el Estado inició juicios, la policía los apresó y el Ejército redobló las amenazas. La vocera resume la respuesta mapuche: “Ya no nos asustan. Estamos haciendo cumplir nuestros derechos, avalados por ley, por la historia y la sangre de nuestro pueblo”.

www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-109339-2008-08-09.html  

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Leyes que no se cumplen

La llamada “Campaña del Desierto” fue el mecanismo de apropiación militar de las tierras que poseían los indígenas. En la misma Constitución fundante de nuestra Nación se ordenaba al Congreso: “Proveer a la seguridad de las fronteras; conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo”. Recién un siglo después, en la vuelta a la democracia, la presión de organizaciones indígenas condujo que se apruebe la ley 23.302, de política y apoyo a las comunidades aborígenes. Aunque con importantes resabios asistencialistas, fue un avance importante. Un rebote de ello fueron nuevas y numerosas normas provinciales, en la década del ’80 y principios del ’90, incluidas reformas de constituciones que consagraron los derechos indígenas.

Por Eduardo Raúl Hualpa *

En 1989, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revisó el Convenio 107 y aprobó el 169. Introdujo el concepto de “Pueblos Indígenas” y se retractó del carácter asimilacionista del anterior. Fue ratificado en Argentina recién diez años después.

La reforma de la Constitución de 1994, mediante el artículo 75 inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural, garantiza el respeto a su identidad, educación bilingüe e intercultural, personería jurídica de sus comunidades, posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan, entrega de otras aptas y suficientes, asegura la participación en la gestión de los asuntos que los afecten, especialmente en materia de recursos naturales. Una legislación de avanzada, enorme paso para los Pueblos Indígenas, imposible de darse sin la constante movilización de las comunidades. En septiembre pasado, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos Indígenas, otro paso fundamental, ahora a nivel global.

Pero la realidad está alejada de toda la legislación. La depredación de los territorios indígenas a manos de las empresas mineras, petroleras, madereras, turísticas, inmobiliarias, Estado, Ejército y especialmente el avance de la frontera agrícola con la soja denuncia a diario el incumplimiento de los derechos indígenas.

A catorce años de la reforma constitucional, los Pueblos Indígenas continúan en lucha, preservando su cultura, movilizados, defendiendo y recuperando territorio. Quizá se pregunten quién es más atrasado: el que tiene una historia aún no escrita, o el que no cumple lo que escribe y viola a diario los derechos humanos.

* Abogado especializado en Derecho indígena.

Pueblo Mapuche