El CAI sostiene que Provincia insiste en desconocer derechos mapuches

El CAI sostiene que Provincia insiste en desconocer derechos mapuches

Según la organización indígena, la Fiscalía de Estado arbitra mecanismos que de prosperar, lograrán que las tierras en litigio en Quetrequile vuelvan a jurisdicción provincial en lugar de restituirse a la comunidad Mapuche Casiano Epugner.

Mientras espera una decisión por parte del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro sobre el diferendo que la tiene como protagonista, la comunidad Casiano Epugner advirtió que el Gobierno provincial insiste en desconocer los derechos constitucionales que la asisten como integrante del pueblo mapuche. En este caso, a través de la utilización de mecanismos, que en lugar de restituir los campos que los mapuches consideran propios, los convertirían en tierras fiscales.
En consecuencia, el Consejo Asesor Indígena (CAI) puso en alerta "a los peñi (hermanos) y lamngen (hermanas) del pueblo Mapuche y a la opinión publica en general". Los Casiano Epugner forman parte de esa organización. El conflicto en cuestión tiene lugar a una decena de kilómetros de Ingeniero Jacobacci, a donde los ancestros de los involucrados arribaron a fines del siglo XIX como consecuencia de las campañas militares argentinas.
Se trata de descendientes del famoso "lonko" ranquel mapuche Epugner o Epumer, quienes en primera instancia llegaron desde su territorio originario hasta Chelforó y luego, se asentaron todavía más al Sur. Los mapuches denunciaron "una nueva acción llevada a cabo por el Gobierno provincial con el fin de engañarnos y seguir desconociendo nuestros derechos constitucionales".
Entre las últimas alternativas del conflicto hay que mencionar que "en junio de 2004 el lof (comunidad) Casiano-Epugner en una audiencia con el fiscal de Estado, Domingo Carosio, le entregó una investigación que probaba el despojo ilegítimo de los Abi Saad de parte de su territorio comunitario. Y le exigió que en base a las pruebas presentadas, ordenara el desalojo de la familia usurpadora y la restitución del campo y las mejoras a la comunidad, en cumplimiento de los derechos que le reconoce la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Ley Provincial Nro. 2287".
Los Abi Saad constituyen la familia de origen sirio libanés que según los mapuches, usurpó sus tierras. La norma rionegrina, es decir, la Ley Integral del Indígena "y su decreto reglamentario, establecen que ante una denuncia de despojo de tierras en perjuicio de una comunidad o poblador mapuche, la Fiscalía de Estado debe desalojar a los estafadores y restituir las tierras a dicha comunidad o poblador", según el CAI.
La ley en cuestión, que en su momento fue considerada de avanzada aunque en pocas oportunidades se aplicó en forma cabal, "en particular contempla el caso de la lesión subjetiva, esto es, cuando los usurpadores se aprovechan para concretar el despojo, de la situación de discriminación y opresión del pueblo Mapuche, en muchos de los casos valiéndose de la complicidad de funcionarios del Estado".

Juicio al Estado rionegrino

El CAI recordó que en aquel encuentro con Carosio, "el funcionario se comprometió a tener el caso resuelto en una semana. Un año más tarde, ante el evidente incumplimiento de lo prometido, el lof Casiano-Epugner, después de haber agotado todas las instancias frente al Gobierno provincial sin éxito, decidió iniciarle un juicio al Gobierno de la Provincia, para exigirle el reconocimiento definitivo e incondicional de sus derechos de posesión y propiedad sobre los campos de Quetrequile".
Pero desde que se iniciara ese trámite, "la Fiscalía está impulsando un desalojo ordenado hace más de 10 años contra la familia Abi Saad, acusándolos de haber violado la Ley de Tierras Nro. 279 y que, por lo tanto, los obliga a restituir los mencionados campos a la provincia. Desalojo que además nunca se cumplió por negligencia o complicidad de diferentes funcionarios de gobierno y que sólo afecta parte de lo reclamado por el lof".
Es decir, en lugar de invocar los preceptos constitucionales, la norma internacional que también es ley en la Argentina y la Ley Integral del Indígena que rige en Río Negro, la Fiscalía de Estado actúa según los artículos de Ley Nro. 279, que no contempla la especificidad de los derechos que asisten a los pobladores mapuches, en cuanto a integrantes de un pueblo indígena originario, cuya existencia es anterior a la provincia de Río Negro.
Al actuar según la Ley de Tierras, si prosperara la acción de la Fiscalía de Estado, los campos en litigio pasarían a revistar nuevamente como tierras fiscales bajo la jurisdicción de Provincia, en lugar de restituirse lisa y llanamente a la comunidad Mapuche Casiano Epugner. De ahí la nueva protesta Mapuche que además, calificó a la maniobra como distractiva ante los observadores.
Según el CAI, el Gobierno de Río Negro "se resiste a reconocer nuestros derechos y oculta esa resistencia confundiendo a la opinión pública, al reactivar una sentencia de desalojo, que si bien nos favorece porque evita la generación de situaciones de peligro y agresión, en nada tiene que ver con nuestras pretensiones, que son el reconocimiento de nuestros derechos originarios y la restitución definitiva de nuestro territorio ancestral".

Pueblo Mapuche