“Dudo que deje de criminalizarse la protesta social Mapuche”

“Dudo que deje de criminalizarse la protesta social Mapuche”

A mediados de la década del 90 comuneros Mapuche del sur de Chile iniciaron un proceso de reivindicación territorial consistente en la ocupación de fundos —mayormente en manos de empresas forestales— para la producción de alimentos. Esta estrategia fue respondida duramente desde el Estado, que les aplicó la legislación antiterrorista de 1984. El abogado penalista Jaime Madariaga de la Barra participó entre el 2001 y el 2005 en la defensa de integrantes y ex integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco —juzgados por los delitos de asociación ilícita terrorista, amenaza terrorista e incendio terrorista— y denunció la violación del debido proceso de sus patrocinados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Hernán Scandizzo, corresponsal de Noticias Aliadas, conversó con Madariaga de la Barra en la ciudad sureña de Temuco, sobre la protesta social Mapuche, la ley y sus usos.


Actualmente hay 10 dirigentes Mapuche detenidos y otros tantos han sido juzgados anteriormente. ¿A qué responde todo esto?

Se trata de la criminalización de un conflicto social puesto que no sólo se persigue a los Mapuche por el Ministerio Público sino que además interviene el gobierno a través del Ministerio del Interior. Es decir, el presidente de la República está querellándose con los comuneros, que se ven enfrentados con los principales poderes que existen en el país: el poder político —Ministerio del Interior—, el poder que tiene la acción penal —Ministerio Público— y el poder económico más importante, que es el de las empresas forestales que están en manos de los hombres más ricos de Chile.


¿Cómo justifica el Estado la aplicación de la Ley Antiterrorista, legislación utilizada por la dictadura militar para perseguir a los disidentes políticos y que en la última década sólo ha sido aplicada contra dirigentes Mapuche?

No hay duda que se exageran conductas, porque no se imputa ninguna pérdida de vida humana a personas Mapuche dentro de este conflicto, tampoco lesiones graves a la integridad corporal de las personas ni atentados contra la libertad de las personas. El concepto de terrorismo supone un desprecio por la vida humana, por la libertad de las personas y normalmente va vinculado a delitos en que no se conoce a la víctima o no importa el número de víctimas que vaya a tener como resultado.


Usted denunció que la aplicación de esta legislación viola el debido proceso.

La aplicación de la Ley Antiterrorista supone una violación del debido proceso fundamentalmente porque el secreto de la investigación puede durar hasta seis meses, la prisión preventiva se extiende más allá de lo normal. Para terminar con la prisión preventiva se requiere la unanimidad de los votos de los ministros de la Corte de Apelación. El punto más grave es la aplicación de los testigos sin rostro. En el juicio por "asociación ilícita terrorista" [en octubre del 2004] contra la Coordinadora Arauco Malleco existieron 42 testigos sin rostro. No se trata de testigos de identidad reservada en la etapa de investigación sino que son testigos anónimos para siempre, lo que significa que pueden mentir impunemente en el juicio oral y no pueden ser perseguidos por delito de falso testimonio.


También sostuvo que a los comuneros Mapuche se los condena por quiénes son y no por lo que han hecho.

No sólo se hace una distinción en cuanto a la calidad de Mapuche de las personas perseguidas sino a la relevancia que esas personas tienen dentro de la sociedad mapuche. Los lonkos [autoridades políticas de las comunidades] son objeto de persecución especial por el liderazgo tradicional que tienen dentro de sus comunidades. También lo es su familia, como ocurre con los hijos del lonko Pascual Pichun Paillaleo: Pascual [quien en diciembre del 2005 solicitó refugio político en Argentin] y Rafael [encarcelado por incendio de un camión forestal].

En cuanto ocurre un delito no se realiza ninguna investigación seria por parte de los órganos del Estado sino que directamente se dirigen en contra de esas familias. Esto significa la aplicación de un derecho penal de autor [que procesa a un individuo por quién es, no por sus actos]; significa que la Doctrina de la Seguridad Nacional y de Control Social en Chile —herencias de la dictadura— sigue aplicándose.

Creo que se ha impuesto una doctrina del derecho penal del enemigo. Se ve al pueblo mapuche que exige el respeto de sus derechos como enemigo del orden social chileno y al verlo como un enemigo no se le respetan los derechos fundamentales.


Incialmente a los comuneros Mapuche se les imputaron delitos comunes a consecuencia de sus movilizaciones, más tarde sus acciones fueron juzgadas en el marco de la Ley de Seguridad del Estado y luego en el de la Ley Antiterrorista. ¿Qué diferencia hay entre la Ley de Seguridad del Estado y la Ley Antiterrorista?

La Ley Antiterrorista supone la aplicación de penas mucho mayores; por cualquier hecho se puede llegar a la prisión perpetua y no se atienden los aspectos políticos de los hechos [se los considera como meros delitos]. La Ley de Seguridad del Estado sí tiene un componente más político, las penas son más bajas y no supone la existencia de testigos sin rostro.

La presidenta Michelle Bachelet prometió no aplicar la Ley Antiterrorista en contra de comuneros Mapuche. Es una promesa que rompió; poco tiempo después que asumió la presidencia [en abril] se inició un juicio contra comuneros mapuche por incendio terrorista y el Ministerio del Interior solicitó la aplicación de la Ley Antiterrorista. Tal vez [en adelante] vaya a cumplir la promesa, dudo sí que deje de criminalizarse la protesta social mapuche. [Nota de Edición: El 5 de setiembre el Senado rechazó un proyecto de ley que buscaba conceder la libertad a los Mapuche que se encuentran condenados por delitos calificados como terroristas].


Actualmente el Parlamento está revisando dos proyectos para modificar la Ley Antiterrorista. ¿Qué posibilidades hay de que se anule o modifique esa ley?

Que se anule, ninguna, y que se modifique, no muy altas. No existe interés real de la derecha y tal vez de la mayoría del partido oficialista [Concertación Democrática] en que los mapuche recuperen la libertad. Los lonkos Pichun y [Aniceto] Norin [detenidos desde el 2003], podrían estar gozando de la libertad por una cuestión netamente administrativa; la legislación nacional lo permite, no se requiere ninguna modificación, pero tratándose de Presos Políticos no se lo ha querido hacer.

Pueblo Mapuche