Tiempos de justicia para Gaza

Tiempos de justicia para Gaza

Escribe MARTÍN LOZADA . Juez penal. Catedrático UNESCO en Derechos Humanos,
Paz y Democracia por la Universidad de Utrecht, Países Bajos.

Tiempos de justicia para Gaza

Tras la ofensiva militar en la Franja de
Gaza, luego de dejar un saldo de más de
1.200 personas muertas y una cifra
superior a los 6.000 heridos, casi todos
ellos civiles, la ONU solicitó una
investigación urgente para determinar si
Israel cometió crímenes de guerra durante
su operación militar sobre ese territorio
palestino.

No podía ser de otro modo, frente a las
manifiestas violaciones del derecho
internacional por parte del agresor, quien
arremetió contra niños, ancianos y
mujeres, destruyó más de 4.000 viviendas y
dejó inhabitables otras 20.000. Incluso
algunos edificios de las Naciones Unidas
fueron atacados, como la sede del
organismo en la ciudad de Gaza y una
escuela en el centro de refugiados de
Jabalia.

La indignación general suscitada por esos
bárbaros actos de Israel no se ha hecho
esperar. Incluso el relator especial de la
ONU sobre los derechos humanos en Gaza, el
prestigioso profesor de Derecho
Internacional, Richard Falk, afirmó que el
ocupante cometió allí crímenes de guerra.
Entre otras afirmaciones indicó que "La
evidencia de la violación de la ley
humanitaria es tan clara que no tengo
ninguna duda de la necesidad de una
investigación independiente que demuestre
que Israel ha cometido crímenes de guerra.
El mismo bloqueo de la Franja de Gaza ya
es un crimen contra la humanidad".

Por su parte, el secretario general de la
ONU, Ban Ki-moon, quien estuvo
recientemente de visita en los territorios
atacados, se mostró sorprendido del
ensañamiento de Israel con la población
palestina de la Franja. Amnistía
Internacional y otras organizaciones de
defensa de los derechos humanos también se
han pronunciado categóricamente sobre los
crímenes de guerra cometidos por las
fuerzas israelíes.

La gravedad de los hechos hacen soplar
vientos de justicia. Tanto es así que son
muchas las querellas iniciadas en muy
diferentes sedes judiciales con el objeto
de llevar ante tribunales a los
responsables de la operación en suelo
palestino.

Carlos Slepoy, a quien se le debe parte de
la iniciativa de los juicios desarrollados
en España contra diversos miembros de la
última dictadura militar argentina, señaló
recientemente que debe apelarse a los
recursos que ofrece el principio de
justicia universal. Vía jurisdiccional que
habilitaría a los tribunales de los 192
Estados que integran las Naciones Unidas a
iniciar actuaciones judiciales destinadas
a enjuiciar a los responsables de la
masacre.

Como nunca antes, según Slepoy, están
dadas las condiciones para que en
distintos países se interpongan acciones
ante los tribunales nacionales en
ejercicio del principio de jurisdicción o
justicia universal. Es decir, aquella que
se ejerce en representación de la
comunidad internacional ante los más
graves crímenes que puedan cometerse
contra los seres humanos.

De ese modo, no habría uno, sino decenas
de procedimientos judiciales en distintos
países del mundo. Lo cual implicaría un
nuevo y enorme avance en la persecución
universal de los responsables de crímenes
de lesa humanidad, acorralaría a los
asesinos y repararía y estimularía a las
víctimas. Todo ello, sin perjuicio de
colaborar con los israelíes que no se
resignan a la barbarie, al crimen y a la
impunidad histórica de sus dirigentes.

La jurisdicción universal y su ejercicio
constituyen una norma imperativa del
derecho penal internacional, lo que hace
innecesario que esté incluido en forma
explícita en las leyes internas de cada
nación. Sin perjuicio de ello, en la
legislación de muchos Estados está
expresamente contemplado.

En el caso argentino, desde 1853 la
Constitución Nacional establece que cuando
se cometan delitos contra el derecho
internacional público, fuera de los
límites de la Nación, será el Congreso el
que determine por una ley especial el
lugar en que ha de seguirse el juicio.

Al igual que las agresiones llevadas
adelante por parte de los Estados Unidos
en Irak, las autoridades israelíes alegan
haber actuado en ejercicio del derecho a
la legítima defensa, con el fin de evitar
un daño mayor al producido por el delito o
de salvar a su nación de un peligro
inminente.

Pues bien. Esos argumentos, sopesados con
las pruebas recabadas en el terreno, y a
la luz de los 100 muertos palestinos por
cada uno de los atacantes, deben ser
analizados por tribunales imparciales e
independientes que determinen su
veracidad. Es tiempo de justicia en Gaza y
en toda Palestina.

MARTÍN LOZADA

Especial para "Río Negro"

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

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