Ediles piden consulta para la elección del STJ

Ediles piden consulta para la elección del STJ

Aquí la noticia del Proyecto de Comunicación elaborado por el Consejo Deliberante de San Carlos de Bariloche en torno a la necesidad de dar participación a la ciudadanía en la elección de los jueces del STJ provincial.
http://www.bariloche2000.com/la-ciudad/ultimas-noticias/57785-el-concejo-pedira-consulta-en-la-eleccion-de-jueces-para-el-stj.html  
El mismo tiene como artífices fundamentales a los concejales Arabela Carreras y Darío Rodriguez Duch.

El Concejo Municipal aprobó por mayoría una comunicación destinada al gobierno provincial en la que informan "la voluntad" del cuerpo de que se consulte a la ciudadanía de Bariloche respecto de "la capacidad técnica, moral y compromiso con el sistema democrático y el respeto de los derechos humanos" de los candidatos a integrar el STJ de Río Negro.
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Luego de una extensa argumentación de los concejales Darío Rodríguez Duch (ARI) y Arabela Carreras (Sur), el Concejo aprobó por mayoría, con los votos negativos de los ediles de la Concertación Claudio Otano y Laura Alves, el proyecto de comunicación que solicita al gobierno provincial que se consulte a la ciudadanía "respecto de la capacidad técnica, moral y compromiso con el sistema democrático y el respeto de los derechos humanos, de los candidatos propuestos para integrar el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro" en vistas a la vacante a cubrir por la renuncia del juez Luis Lutz.

La Constitución de la Provincia de Río Negro establece en su artículo 204 que los miembros del Superior Tribunal de Justicia son designados por un Consejo integrado por el gobernador de la Provincia, tres representantes de los abogados por cada circunscripción judicial, electos de igual forma y por igual período que los representantes del Consejo de la Magistratura e igual número total de legisladores, con representación minoritaria, conforme lo determina la Legislatura. Los candidatos son propuestos tanto por el gobernador como por un veinticinco por ciento, por lo menos, del total de los miembros del Consejo.

"Con el objeto de contribuir a la profundización del sistema democrático es necesario propender a la credibilidad, capacidad y legitimidad de los jueces. En este sentido, consideramos que los mecanismos adoptados a nivel nacional para el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir del decreto 222/03 podrían aplicarse en la Provincia de Río Negro para la designación de los jueces del Superior Tribunal de Justicia", señala la comunicación.

En ese marco proponen el establecimiento de un procedimiento de consulta a la ciudadanía respecto de la capacidad técnica, moral y compromiso de los candidatos propuestos con el sistema democrático y el respeto de los derechos humanos.

"De este modo, los ciudadanos, individual o colectivamente, los colegios y las asociaciones profesionales, académicas o científicas, las organizaciones no gubernamentales con interés y acciones en el tema, podrían expresar en forma oportuna sus razones, puntos de vista y objeciones que pudieran tener respecto de los nombramientos a producir", expresan y agregan que "este cambio fundamental en el proceso de designación puede lograrse mediante la voluntad política y el compromiso del Gobernador de la provincia de autolimitarse en la propuesta de jueces afines y restringirse a la búsqueda de personas que gocen de un apoyo plural e intachable. Por su parte, el Poder Legislativo Provincial podría sancionar una ley que estableciera la publicidad y el mecanismo de audiencia pública para el debate previo a la designación de los miembros del Superior Tribunal de Justicia".

"El objetivo central es que los nuevos nombramientos contribuyan a un efectivo mejoramiento del servicio de justicia, cuya garantía debe el Estado proveer a los ciudadanos, al fortalecimiento del sistema republicano y al incremento de la calidad institucional. Así como el Gobierno tiene la responsabilidad de llevar adelante los asuntos públicos con honestidad, la ciudadanía tiene la responsabilidad ineludible de controlar la gestión y funcionamiento de los órganos del Estado. Para ello es necesario que se provean los mecanismos y canales legales e institucionales que permitan este control", concluye.

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

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