Colectivo Al Margen

Tierra y Libertad

El gobierno en todos los niveles (nacional, provincial y municipal) no demuestra estar enterado de las declaraciones de derechos que ha respaldado y tomado como propios. Los funcionarios tampoco parecen reconocer los deberes intrínsecos a su función, relacionados con los derechos humanos básicos.

El 24 de abril se realizó en Bariloche el Encuentro Inmobiliario Patagonia 2009, en donde cientos de influyentes y poderosos operadores inmobiliarios se reunieron en el hotel Llao Llao. El lema que resumió el espíritu del encuentro -del que también participó el gobernador de Río Negro Miguel Saiz- es “La Patagonia se vende sola”.
Hubo una manifestación de repudio a los objetivos que persiguen estos operarios (la tierra para unos pocos) y se levantaron muchas voces en contra desde distintas organizaciones y grupos de la región.
El hotel elegido para hacer este encuentro y el paisaje aportan la sofisticación que buscaban los organizadores, pero es ofensivo que se realice una actividad como esta en una ciudad que está declarada en emergencia habitacional.

Según un informe del Concejo Deliberante, en Bariloche hay unas 12.000 familias que sufren déficit habitacional, o sea que no tienen dónde vivir o viven en condiciones precarias. En las listas municipales de interesados en adquirir terrenos fiscales, se inscribieron 8.000 personas.

Quienes se opusieron a este encuentro están en contra de la especulación inmobiliaria (pensar la tierra como un bien que en el proceso de ser adquirida y vendida da a quien hace la transacción ganancias en general muy desmedidas respecto al valor real, y que tiene como consecuencia un aumento excesivo del precio de la tierra, volviéndola inaccesible para la mayoría de las personas.)

En este contexto resulta al menos paradójico que el gobernador de Río Negro, Miguel Saiz, haya participado del Encuentro Inmobiliario, porque conoce perfectamente la puesta en vigencia de la ordenanza 156/08, que declara la emergencia habitacional para Bariloche.

La situación de emergencia habitacional en la región se ha generado por la suma de factores, tales como la especulación inmobiliaria, la inacción por parte de funcionarios respecto a la planificación habitacional, la ausencia de control real y la administración de tierras fiscales o con dueños ausentes.

No tener lugar donde vivir ha llevado a muchas personas a ocupar (en general bajo la figura legal de usucapión) tierras, para allí construir viviendas precarias, viéndose obligadas a vivir con una sensación permanente de peligro e inestabilidad.
También hay personas que ha aprovechado la ausencia estatal para ocupar un terreno aunque en realidad cuentan con medios para vivir dignamente, o han ocupado más tierra de la necesaria para levantar la vivienda propia.

Sin embargo, la especulación inmobiliaria de la que hablamos aquí se refiere a quienes adquieren y negocian grandes extensiones de tierra, que muchas veces incluyen lagos o cursos de agua. La especulación inmobiliaria de la que hablamos se aprovecha de quienes no conocen la ley, es la que generan los que recurren a sus “contactos” oficiales, a amiguismos, a presiones políticas y a la información mal habida.

La especulación inmobiliaria se basa en realizar negocios a cualquier precio y amenaza el derecho de todos. Quienes la ejercen parecen no entender lo que significa una “emergencia habitacional”.

Recuadro:

Hecha la ley...

Fragmentos de la Ordenanza 156, de diciembre de ‘08 (que declara la emergencia habitacional):
Se habilita al Departamento Ejecutivo Municipal de la ciudad de Bariloche a ejercer las siguientes facultades:
- “Producir la información necesaria que dé cuenta de la calidad y cantidad de tierra existente en el ámbito público, tanto dentro las jurisdicciones municipal, como provincial y nacional, así como de la tierra privada posible de recuperar para fines sociales dentro del ejido de San Carlos de Bariloche”.
- “Diseñar medidas especiales de intervención estatal al mercado de los alquileres locales a fin de habilitar nuevos espacios para el alquiler social y permanente”.

Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 25:
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”