El Concejo aprobó el permiso a un privado para explotar el estacionamiento del puerto

 El Concejo Municipal aprobó por mayoría la cesión de un espacio público a una empresa privada para explotar comercialmente el estacionamiento del puerto San Carlos.
El bloque oficialista de Juntos somos Bariloche junto al concejal del Pro Daniel González lograron los ocho votos necesarios para aprobar la ordenza que otorga un permiso a la empresa Powerlink, inquilina del puerto San Carlos.
Por el contrario, los concejales del FpV, emitieron duras críticas la propuesta y votaron negativamente el proyecto creado por el Ejecutivo Municipal, proponiendo evaluar una posible explotación estatal del espacio.
La discusión se llevó a cabo horas posteriores a la denuncia presentada contra la asesora letrada de la Municipalidad Natacha Vázquez, a quien la oposición señala como abogada de la firma, según indican en la presentación.
Una vez recibida la denuncia contra la funcionaria, el Tribunal de Contralor dirigió una nota al presidente del Concejo Diego Benítez, advirtiéndole la gravedad "patrimonial y jurídica" que podría generar la aprobación del proyecto. Sin embargo, el cuerpo legislativo avanzó en el tratamiento.
Obtenido el aval del Concejo, ahora el gobierno municipal le otorgará a la empresa un permiso durante 30 meses para explotar comercialmente 273 boxes en el playón ubicado a orillas del lago Nahuel Huapi, y al oeste del puerto; a cambio de obras de mejoramiento. Según la ordenanza, el estacionamiento tendrá valores equivalentes al Sistema de Estacionamiento Medido y Solidario fijado por el Municipio.
El presidente del bloque JSB, Andrés Martínez Infante especificó que el privado deberá hacer obras asfalto, barreras, señalización, servicio de combi y entre otros por un valor estimado de 1,8 millones de pesos. El concejal defendió la “razonabilidad y oportunidad del convenio, que puede rescindirse en caso de licitación”.
Además de las modificaciones realizadas durante el debate en comisión (que el vehículo exigido ingrese al finalizar o interrumpirse el acuerdo al patrimonio municipal, además de excluir el costo de su habilitación al monto a descontar del canon), JSB incorporó un artículo para que la comuna exija una certificación mensual de ingresos y egresos, con el fin de que, en caso de que la ganancia supere en forma abultada las previsiones, el Estado pueda analizar su continuidad.