Denuncian “desmantelamiento” en el sistema de estacionamiento medido

 La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) denunció que el Ejecutivo impulsa un “desmantelamiento del Sistema de Estacionamiento Medido y Solidario” por tener “negocios espurios con empresas para privatizar el estacionamiento”.

La polémica se levantó luego de que el municipio despidiera a trabajadores de una de las cooperativa de las cinco que trabajaban en el programa de inserción laboral.

La rescisión del contrato se basa en supuestos incumplimientos por parte de la entidad. La normativa vigente creó una Mesa de Gestión y Seguimiento (MGS), donde participan las cinco cooperativas y el ejecutivo municipal, encargada entre otras cosas de la evaluación de las cooperativas en su desempeño.

Según manifestaron desde la CTEP, “el Ejecutivo desconoció esta instancia de diálogo y consenso que vienen funcionando hace años y tomó una decisión unilateral que genera mucho malestar y miedo en las cooperativas restantes, porque sienta un precedente muy complicado de precariedad laboral”.

Asimismo, señalaron que al menos 26 cooperativistas pierden su fuente laboral, en un contexto de recesión económica. “Recordemos que el objetivo explícito de creación del SEMS fue promover la inserción sociolaboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad que veían dificultada su inserción plena en el mercado laboral”, indicaron.

Según denunciaron a través de un comunicado, en una reunión desarrollada hoy con la Asesoría Letrada de la Municipalidad, recibieron una “amenaza” cuando Natacha Vázquez manifestó que “es facultad del intendente y lo puede hacer con cualquier cooperativa”.

“Esta decisión se da en el contexto del intento del Ejecutivo Municipal de otorgar un negocio millonario a la empresa Power Link vinculado al estacionamiento en un espacio público” indicaron y añadieron que esto expresa “la orientación del gobierno municipal, en contra de los sectores más vulnerables y a favor de los negocios de unos pocos, como se puede evidenciar por el elenco de funcionarios implicados en conflictos de intereses con el sector privado”. (ANB)