Cómo se designó al hijo de la procuradora

 La Resolución 560, que invocó el secretario general del Sindicato de los Trabajadores Judiciales de Río Negro, Pablo Barreno, para fundamentar la denuncia contra la Procuradora General del Poder Judicial de la provincia, Silvia Baquero Lazcano, se originó a partir de un pedido del Fiscal de Cámara Martín Lozada, en virtud del otorgamiento de diversas subrogancias para agentes del Ministerio Público Fiscal de Bariloche.

Barreno denunció a Baquero Lazcano ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por la presunta infracción de la Ley de Ética de la Función Pública de la provincia. Sostuvo en la denuncia que mediante la Resolución 560 del 6 de septiembre pasado, la Procuradora designó interinamente en el cargo de Jefe de División a su hijo Manuel López Baquero, entre otros trabajadores.

“Obviando todo tipo de compulsa, la máxima autoridad del Ministerio Público rionegrino, designa a su propio hijo en un cargo de mayor jerarquía de la que contaba, con evidente incompatibilidad ética en el citado nombramiento, disponiendo de fondos públicos en beneficio de un pariente directo –hijo- sin merituación de antecedente alguno”, denunció Barreno.

La Resolución 560, a la que accedió “DeBariloche”, consigna que Lozada, en su carácter de Fiscal de Cámara Coordinador, propone nombrar en subrogancia de Jefatura de División a los agentes María Fernanda Orticelli, María Valeria Fernández y López Baquero y en subrogancias para jefe de despacho a los agentes Gustavo Pantucci, Cristian Barría Aguilar, María Paola Bravo, María José Tordella, Nahuel Alejandro Caba y María Belén Billinger Mancioli.

“El requerimiento encuentra fundamento en pos del fortalecimiento de los organismos y jerarquización en sus funciones y responsabilidades a los agentes mencionados”, indica la resolución.

La remuneración aproximada de bolsillo de un jefe de despacho ronda los 30 mil pesos y la de un jefe de división 33 mil pesos, aunque esos montos pueden ser mayores por la antigüedad.

“Que el Sr. Fiscal General (Marcelo Álvarez) ha tomado debida intervención y eleva la solicitud sin reparos que formular al respecto”, indica la resolución.

Señala que los agentes involucrados “se encuentran participando del concurso (interno cerrado) para el cargo que pretenden subrogar” y todos ellos “han aprobado la primera etapa del concurso, acreditando los conocimientos requeridos para los cargos”. Orticelli y López Baquero sacaron los puntajes más altos del grupo, según las actas a las que accedió este diario. López Baquero se excusó ayer de dar declaraciones sobre el tema.

La Procuradora firmó la resolución con las designaciones de los agentes y requirió a la administración general que certifique la existencia de las partidas presupuestarias.

Barreno recordó en la denuncia que el artículo 4º de la Ley de Ética de la Función Pública dispone que “los funcionarios comprendidos en la presente ley deberán garantizar en la actuación los principios de probidad, rectitud, desinterés personal, dignidad, independencia, respeto por las leyes de la Nación y de la Provincia de Río Negro, teniendo el deber especial de velar por el ordenamiento jurídico, la calidad institucional y la preservación de los valores democráticos”.